Ya lo advirtió Luis de Guindos poco antes de que Nadia Calviño perdiera la presidencia del Eurogrupo: el dinero que viene de Europa, "no cae del cielo". Lo pagan los contribuyentes y los fondos que España reciba no podrán destinarse a hacer la política social que Pedro Sánchez necesita para sostener un Ejecutivo que tiene un socio -Pablo Iglesias- envenenado por el 'caso Dina' y su discurso hipócrita contra las cloacas del Estado.

Sin dinero para 'política social', España puede convertirse en un polvorín social este otoño, cuando la tasa de paro llegue al 20% y se multiplique la mortandad de las empresas que han anunciado Pablo Hernández de Cos, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. 

Tras el bofetón de los llamados países frugales de este fin de semana, todo apunta a que habrá fondos, pero monitorizados por la Comisión Europea, con condiciones y a cambio de reformas.

España tendrá que abrir un serio debate sobre cómo repartirá las ayudas que reciba de Europa y para ello, tendrá que utilizar un prisma con dos lentes: una que mire a la disciplina del gasto y otra que no olvide a los colectivos más vulnerables para evitar que la recesión del covid-19 se convierta en un problema social.

De las múltiples peticiones que se han trasladado al Gobierno por los distintos sectores empresariales en las últimas semanas, hay una sobre la mesa de José Luis Ábalos que puede ser un salvavidas para el discurso social de Sánchez en un asunto tan vital como el de la vivienda.

Joan Clos y Beatriz Toribio han entregado una propuesta elaborada por la asociación Asval (que preside el primero y dirige la segunda) al Departamento de Ábalos para que utilice 750 millones de euros de esa ayuda europea para crear un fondo de ayuda al pago del alquiler a colectivos vulnerables.

Según sus estimaciones, en España hay 350.000 familias que destinan más de un 30% al pago del alquiler y por tanto, están en una situación muy vulnerable en este momento. La idea sería entregar a esos hogares 2.038 euros al año para ayudarles a pagar la renta del arrendamiento.

La vivienda siempre ha sido una parte medular del discurso del líder de Unidas Podemos. Tanto es así que a esa cartera se le quitó el nombre para integrarla en el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana de José Luis Ábalos, un ministro con un secretario de Estado, Pedro Saura, capaz de hacer de interlocutor con el sector privado, aunque siempre habla con la boca pequeña por la influencia que trata de ejercer Iglesias en esta materia.

Sin embargo, en esta ocasión, la idea de la asociación que representa a pequeños y grandes tenedores de vivienda podría encajar en su discurso.

Preocupados por la situación de los inquilinos de sectores vulnerables, el Gobierno aprobó una moratoria para el pago del alquiler que ha sido prorrogada este mes. Ese acuerdo se logró tras una negociación entre Iglesias y Calviño, en la que la vicepresidenta puso cordura en la letra pequeña.

La medida no fue suficiente y se recurrió a aprobar una línea del ICO para financiar el pago de los alquileres a personas que lo necesiten. Pero esta propuesta ha sido un fracaso. Primero, por la complejidad que tiene para los colectivos vulnerables solicitar esos créditos y segundo, porque una persona con apuros económicos lo último que quiere en este momento es asumir nuevas deudas.

El interés de los bancos por conceder estos préstamos tampoco ha sido excesivo. Se han ido sumando a la iniciativa a cuenta gotas y algunas entidades han decidido no incorporar estas líneas (es el caso de Bankinter, Ibercaja e ING) por el coste que tiene para ellas gestionar ese riesgo para créditos de dudoso cobro y que además, suponen cuantías pequeñas para las entidades.

Hay que recordar que el tope eran seis mensualidades de 900 euros, lo que supone un tope de 5.400 euros para un inquilino de Madrid o Barcelona, pero puede suponer 800 euros para uno que viva en una ciudad pequeña y solo solicite dos meses de ayuda.

La morosidad del pago del alquiler se ha disparado en los últimos tres meses. Si antes del Covid-19, los grandes tenedores de Asval (Albirana Properties, Tectum, Testa, Ares, Aedas Homes, La llave de oro...) registraban una morosidad del 5% en las 30.000 viviendas que tienen en el mercado, tras la pandemia se ha disparado al 15%. Este dato no incluye, evidentemente, a las personas que han solicitado las moratorias.

Pero si los grandes fondos ponen cifras al desastre, los particulares -que son los que tienen en sus manos la mayor parte del parque de vivienda en alquiler en España- viven con preocupación esta situación.

En un momento complicado para la economía de muchos pequeños propietarios que utilizan su renta del alquiler para gastos cotidianos, la morosidad que se acentuará en otoño puede ser un polvorín. Este colectivo que no es "vulnerable" y buena parte de quienes lo componen, representan al votante medio del PSOE.

El problema de la vivienda se convierte en drama cuando llega el desahucio, que además, tiene un coste para el Estado por el colapso de los juzgados. En ese contexto, sin posibilidad de recurrir a los Presupuestos de María Jesús Montero para financiar ningún proyecto, emplear una parte del fondo europeo para este cometido tendría sentido.

Merkel y el resto de socios europeos podrían entender el sentido de un subsidio de este tipo, ya que al ser esa morosidad un efecto del Covid-19, encaja dentro del sentido del fondo. Y además, Alemania y algunos de los llamados frugales cuentan con este tipo de ayudas. Para el Gobierno sería como un flotador para nadar en un mar revuelto, pero por algo se empieza.

ATENTOS A...

La inversión que van a mover las infraestructuras relacionadas con la tecnología 5G van a alcanzar los 500.000 millones de euros en los próximos años, según las estimaciones de BNP Paribas. Se trata de una inversión que será recuperada entre los años 2030 y 2035 en forma de ganancias de productividad.

Sin embargo, activar ese volumen de dinero no será posible sin una consolidación europea en la que España está jugando un papel protagonista. Se ha visto con la operación liderada por José María Álvarez-Pallete para fusionar O2 y Virgin Media en Reino Unido o con la OPA sobre Más Móvil. La entrada de fondos en la empresa de Meinrad Spenger permite augurar alguna operación corporativa a nivel europeo en los próximos meses.

España parte en esta batalla como un país maduro en infraestructuras al lado de otros rivales europeos que están siendo analizados por grandes fondos para dar un impulso a la digitalización en los próximos meses.