Antes del estallido de la reciente crisis del Covid-19 y de los efectos del confinamiento (que aún no es posible cuantificar en su totalidad), las entidades bancarias españolas se enfrentaban a un entorno en el que era algo asumido que la rentabilidad del sistema iba a ser, en el mejor de los casos, reducida.

Ahora podemos decir que los bancos se enfrentan a una “tormenta perfecta” en cuanto a su capacidad de generación de rentabilidad, ya que -al menos en el corto plazo- los efectos de la pandemia se suman al entorno de tipos de interés negativos y a las exigencias regulatorias que, si bien se han relajado durante la crisis, estaban ya en niveles muy altos.

Respecto a los tipos de interés negativos, es claro que reducen la rentabilidad de los créditos y ponen un límite inferior al coste de los depósitos, especialmente en un país en el que un porcentaje muy elevado (superior al 90%) de las hipotecas tienen un tipo de interés variable y los depósitos son la principal fuente de financiación. Además, los programas de compra de activos del BCE reducen la rentabilidad de los títulos de renta fija y demás activos financieros.

Por otro lado, desde 2009 la regulación bancaria ha optado por reforzar los fondos propios de los bancos como primera línea de defensa ante posibles pérdidas, de forma que la época de operaciones de salvamento de entidades bancarias con dinero público sea cosa del pasado.

Independientemente de la innegable racionalidad y justicia de estas decisiones, no es menos cierto que el resultado es un incremento de la cifra de capital como porcentaje del volumen de balance de las entidades. En el sistema bancario español, el patrimonio neto (capital desembolsado más reservas acumuladas) ha pasado de un 5,6% en 2008 al 12% en marzo de 2020. 

Lógicamente, estas medidas han incrementado sustancialmente la solvencia de los bancos españoles que afrontan la crisis actual en una posición mucho más fuerte que en la de 2009.

No obstante, la otra cara de la moneda es que los fondos propios son el denominador de la ratio de rentabilidad más habitualmente empleada (ROE, Return on Equity, por sus siglas en inglés), lo que provoca que a igualdad de beneficio la rentabilidad bancaria ahora es estructuralmente más baja, ya que los fondos propios de los bancos son estructuralmente mayores.

Desde 2009 la regulación bancaria ha optado por reforzar los fondos propios de los bancos como primera línea de defensa ante posibles pérdidas

Esta menor rentabilidad se puede entender como el precio que hay que pagar por la mejora de la solvencia de los bancos españoles en comparación con los niveles previos a la crisis de 2009, pero su impacto en la rentabilidad bancaria no es desdeñable.

Más recientemente, la crisis del Covid-19 ha introducido un elemento de incertidumbre con el que no contábamos. El descenso en la actividad económica provocado por las medidas de confinamiento impuestas por los gobiernos (perfectamente justificables y comprensibles) han supuesto la mayor caída del PIB de nuestra historia (BBVA Research estima una contracción del PIB del 11,5% en 2020 en España), lo que añade más presión a los indicadores de rentabilidad bancaria. 

Ya hemos visto que en el primer trimestre de 2020 las entidades bancarias españolas han triplicado sus provisiones ante el previsible crecimiento exponencial de sus créditos dudosos por el efecto de la crisis. Este aumento ha provocado que el sistema en su conjunto haya generado pérdidas netas en el primer trimestre del año.

Ante esta situación, tanto el BCE como los gobiernos han puesto en marcha varias medidas para luchar contra la crisis, muchas de las cuales afectan directamente al sector bancario, que a diferencia de la anterior crisis ahora no es el culpable, sino parte de la solución a los problemas derivados del confinamiento. 

En cuanto a las medidas tomadas por el BCE desde el inicio de la crisis del coronavirus podemos destacar los nuevos programas de recompra de activos, los cambios en los requisitos para aceptar colateral a cambio de liquidez y, sobre todo, la tercera ronda de financiación a largo plazo (TLTRO III) en unas condiciones excepcionalmente favorables para las entidades.

Muchas de estas medidas no sólo proporcionan liquidez al sistema bancario, sino que mejoran su rentabilidad. La actuación del BCE ha sido contundente y acertada, y sus decisiones han aportado liquidez y han dotado al sistema de una gran capacidad para proporcionar financiación a las empresas en dificultades por la pandemia.

En paralelo, en España el Gobierno ha anunciado dos programas de avales públicos por un importe total de 140.000 millones de euros para facilitar que empresas y autónomos puedan conseguir financiación para sus necesidades de liquidez de corto plazo y sus requerimientos de inversiones en capital circulante y fijo.

De este total, a 30 de junio de 2020 se han concedido avales por importe de 64.594 millones de euros que soportan un volumen de nuevas operaciones de crédito y refinanciaciones de créditos existentes de 84.974 millones de euros.

La actuación del BCE ha sido contundente y ha dotado al sistema de una gran capacidad para proporcionar financiación a las empresas en dificultades

Además, el Gobierno ha aprobado medidas para que los bancos concedan moratorias en el pago de las cuotas mensuales de determinados créditos hipotecarios y créditos al consumo si se cumplen determinadas condiciones.

Incluso, el sector bancario español ha ido más allá al aprobar voluntariamente la concesión de moratorias sobre créditos hipotecarios y al consumo que no reúnen los requisitos exigidos por el Gobierno. A 30 de junio de 2020 se han concedido moratorias sobre un volumen total de crédito de 41.160 millones de euros.

Todas estas medidas aumentan el nuevo crédito a empresas, limitan las pérdidas esperadas de la cartera de crédito avalada, y reducen las entradas en mora en un momento de crisis como el actual, pero en paralelo incrementan el perfil de riesgo de las entidades y reducen los ingresos (por las moratorias).

La situación actual del sector bancario no solo refleja todo lo anterior, sino que recientemente debe acomodarse a las exigencias de los supervisores de no repartir dividendos en 2020, lo que reduce adicionalmente el atractivo del sector para los inversores, lo que ya se está viendo en unas valoraciones históricamente bajas en muchas entidades.

A futuro, estimamos que después de las exigencias de este año y del próximo por el entorno de crisis provocado por el Covid-19, el sector recupere unos niveles de rentabilidad razonablemente altos, en línea con su coste de capital promedio, aunque no esperamos que la rentabilidad aumente con fuerza hasta que los tipos de interés inicien su escalada hasta niveles que podríamos llamar 'normalizados', lo que no ocurrirá hasta mediados de 2023.

*** Jaime Zurita es investigador principal para España de BBVA Research.