La Comisión de Reconstrucción Social y Económica (CRSE) del Congreso de los Diputados se ha convertido en el epicentro de numerosas propuestas que representantes políticos, institucionales, agentes económicos, sociales y académicos han presentado con su visión para la recuperación tras la crisis del Covid-19. Un esfuerzo colectivo realizado en momentos complejos y cuyos resultados se han llevado al Pleno para su votación.

Al enfrentarnos a una crisis sin precedentes, acaecida en plena emergencia climática y cuando en el plano de la Unión Europea (UE) estábamos siguiendo la hoja de ruta del Pacto Verde, el proceso no puede mas que impulsar una reconstrucción que sea sostenible. 

Un período de recuperación que facilite la adopción de políticas que permitan un desarrollo económico armonioso con la sociedad y el medio ambiente. De hecho, esto es algo que lleva intentándose desde los años 90 en la UE pero, ahora, no hay excusa. Máxime cuando la propia UE está preparando el paquete de recuperación que precisamente exige ese tipo de políticas para poder ser receptor de las subvenciones y créditos que se prevén. 

Para contribuir a los trabajos de la CRSE, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Smith School of Enterprise and the Environment de la Universidad de Oxford prepararon el informe Breve guía para contribuir a la reconstrucción y recuperación verde tras la crisis del Covid-19 en España. En este trabajo se hace un diagnóstico y se plantean una serie de recomendaciones sobre el desarrollo de una política industrial ‘verde’ inteligente, inversiones directas, medidas de innovación financiera y de gobernanza.

La actual crisis es diferente a la de 2008, pero tiene en común muchos aspectos de recuperación económica que deben atenderse, de ahí la importancia de hacer hincapié en las políticas fiscales del Gobierno y que van a ser financiadas en parte con fondos de la Unión Europea. Se recuerda que la carga de la deuda pública es una preocupación importante, lo que hace que sea aún más primordial impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo, ya que muchos préstamos se realizarán con plazos de vencimientos de más de diez años.

En la guía entregada a los diputados de la CRSE, se recomienda abordar la desigualdad así como apoyar inversiones urgentes relacionadas con la transformación digital y la transición ecológica, respetando al mismo tiempo el estado de derecho. 

Se plantea a los diputados desarrollar una política industrial verde e inteligente, que destaque la renovación del sector automovilístico, la rehabilitación de los edificios,  la infraestructura física necesaria para la transición energética y el impulso a la I+D+I en energías renovables y otros sectores verdes.

La carga de la deuda pública es una preocupación importante, lo que hace que sea aún más primordial impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo

También se recomienda invertir en formación de capacidad laboral para facilitar la transición justa en las industrias en declive y con ello acelerar las políticas que creen empleo y aseguren un crecimiento sostenible de largo plazo. 

Las dos instituciones hemos recomendado continuar el impulso de la digitalización, algo que se ha visto fortalecido durante la crisis sanitaria tanto por el comercio online, como el teletrabajo y el uso masivo de las redes sociales. Esta debe conjugarse con proyectos ´verdes´ en áreas despobladas, lo que al mismo tiempo puede ayudar a afrontar el problema de la ‘España vaciada’.

Se propone la introducción sistemática de impuestos medioambientales, y que cualquier reforma fiscal aplique el principio de “quien contamina, paga” sobre todo para promover la eficiencia económica y financiar la inversión necesaria para la reconstrucción del país, además de internalizar los costes en el medio ambiente y la salud que se generan por la contaminación.

Sobre innovación financiera se recomienda la creación de un Banco Nacional de Inversiones Verdes, con el objetivo de identificar y desarrollar demanda para el financiamiento de los proyectos neutros en emisiones.

Entre las propuestas de gobernanza, se destaca la elaborada por IIDMA para reforzar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la creación del Comité de Cambio Climático y Transición Energética, como órgano científico asesor independiente en esta materia y aprovechar las técnicas de cooperación entre los tres diferentes niveles de administración, dado que muchas de las competencias para hacer frente a la emergencia climática están distribuidas en estos tres niveles.

La guía también hace hincapié en la necesidad de que el proceso de adopción de medidas sea con la participación de la sociedad civil. La participación del público crea un sentido de pertenencia y facilita la aplicación de las medidas adoptadas. 

Se identifican además otras medidas tradicionales, como la inversión en el sistema sanitario, que tienen un impacto medioambiental neutro pero un multiplicador económico alto a largo plazo. Además, subraya que un sistema sanitario preparado puede ayudar a mitigar los efectos económicos de una futura crisis sanitaria.

El dictamen elaborado por la CRSE se ha limitado a recoger un listado de acciones y medidas a llevar cabo, sin establecer prioridades ni un calendario de trabajo. Estas conclusiones han sido remitidas al Pleno del Congreso para su adopción. Sin embargo, si no se adoptan prioridades y un calendario de trabajo, no será fácil impulsar una reconstrucción social y económica “verde”. 

*** Ana Barreira es directora y abogada senior, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.