La configuración final del Fondo Europeo de Recuperación es buena para España porque no lo es para el Gobierno. La bondad no estriba en el montante de las ayudas, que es insuficiente para abordar las necesidades del sector público en los próximos años, porque el BCE seguirá siendo la pieza básica para financiarlo, sino en las restricciones que impone a la política económica gubernamental.

En este contexto, la recepción a modo de Triunfo romano proporcionada a su presidente por el Consejo de Ministros y las proclamas de victoria ante los bárbaros del norte lanzadas a lo largo y ancho de Hispania recuerdan más al miles gloriosus (soldado fanfarrón) de Plauto que a una composición épica.

La meta gubernamental de crear un instrumento financiado con deuda mutualizada o perpetua no se ha materializado como tampoco lo ha hecho la composición de aquel; se ha reducido de manera significativa el montante de transferencias y aumentado el de préstamos.

Al mismo tiempo, la ausencia de condicionalidad para la obtención de las ayudas, principal objetivo del Ejecutivo español ha sido rechazada. Se ha introducido un mecanismo de control y supervisión que dificulta de manera extraordinaria la puesta en marcha de gran parte de las medidas acordadas por el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo programático, plasmado en la gloriosa Coalición Progresista.

La obtención y el uso de los recursos disponibles para España está sujeto a una triple condicionalidad: primera, el envío a la Comisión de un programa de reformas ajustado a las recomendaciones específicas de ésta que dejan de ser una declaración de principios para ser imperativas; segunda, la aprobación por mayoría cualificada del susodicho plan por el Consejo Europeo y tercera, cualquier Estado miembro puede paralizar los pagos al Estado demandante de ellos si considera que no cumple lo comprometido. Para liberar aquellos, el CE deberá examinar y decidir si la petición del país disconforme está justificada y decidirlo en un plazo máximo de tres meses.

Es razonable ser escéptico sobre la efectividad de esos sistemas de control, pero no cabe minusvalorar su potencialidad. Sus parlamentos nacionales van a exigir a los gobiernos frugales un control exhaustivo de la finalidad y el uso de las ayudas; la Comisión tiene un soporte del que antes carecía para que sus recomendaciones se cumplan; la propia UE sufriría una severa pérdida reputacional ante los mercados de capitales si permitiese un empleo laxo de los 750 mil millones de euros que les va a demandar para cubrir el Fondo de Recuperación.

Los hombres de negro no han reaparecido en la escena, pero se ha producido de hecho una intervención tácita de los Estados que recibirán mayores recursos a causa de su indisciplina presupuestaria y de no haber acometido las reformas estructurales precisas. Esta afirmación se ve fortalecida por un hecho adicional: las ayudas no se desembolsan de una sola vez, sino con “cuenta gotas” durante cuatro años. No será pues fácil o tan fácil como antes eludir la disciplina.

Dicho eso, la asistencia proporcionada por la UE no sirve para aminorar el gravísimo deterioro de las cuentas públicas españolas en el corto-medio plazo ni siquiera con la asistencia del BCE. Tanto si el Gabinete se ve forzado a aplicar reformas contrarias a su ideario como si recorta algo el gasto público, extremo dudoso, subirá los impuestos a los sospechosos habituales: los ricos, segmento de geometría variable según la conveniencia del Gobierno, y las empresas. Europa puede hacer mucho pero no convertir a la fe de la ortodoxia y de las reformas a quien no cree en ellas. Este siempre intentará burlarlas o reducir su alcance.

El marco institucional del Fondo de Recuperación tiene claras implicaciones para España. Los Planes de Estabilidad y de Reformas enviados por el Gobierno a Bruselas fueron cuestionados en el plano macro y microeconómico. La eliminación de los índices correctores en las pensiones, la pretensión de derogar la reforma laboral, la ineficacia de las ayudas sociales etc. recibieron una severa crítica. Ante este panorama, la coalición social-podemita se enfrenta a un dilema: perder su alma o perder el dinero de la UE. La misma situación de ZP en 2010.

En última instancia, la principal virtualidad de los criterios establecidos por la UE para suministrar las ayudas es negativa; esto es, disminuye la dimensión del daño que puede hacer este Gobierno.