Es muy probable que mientras lea esta columna, las grandes empresas tecnológicas, representadas por los CEO de Amazon, Apple, Facebook y Google, estén compareciendo ante el Congreso de los Estados Unidos. Allí tendrán que responder a las preguntas de una comisión de investigación que durante un año ha intentado entender sus prácticas empresariales. 

Para lograrlo ha estudiado cientos de horas de entrevistas, más de 1,4 millones de documentos. ¿Objetivo? Comprender hasta qué punto resultan peligrosas para la competencia, para los usuarios, o para la sociedad en su conjunto. 

Las cuatro empresas que comparecen no son en absoluto parecidas las unas a las otras: mientras Facebook se dedica a conectar personas entre sí, Amazon nos permite acceder a productos físicos y a servicios en la nube, Google facilita nuestro acceso a la información, y Apple fabrica hardware y, cada vez más, provee servicios.

Dos de ellas, Facebook y Google, viven de vender publicidad, mientras Amazon vende todo tipo de productos y servicios de computación en la nube. Apple, por su parte, vende electrónica de consumo y servicios. De los comparecientes, dos de ellos, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, son los fundadores de sus compañías, mientras otros dos, Tim Cook y Sundar Pichai, son los CEOs que sucedieron a sus fundadores. 

Los presuntos problemas que generan el enorme éxito de estas compañías son también muy diferentes y van desde limitar o dificultar el desarrollo de posibles competidores, hasta imponer condiciones abusivas a los que pretenden utilizar sus plataformas, o incluso poner en peligro a la mismísima democracia.

Entre las cuatro tienen una capitalización bursátil de casi cinco billones de dólares, ingresos anuales de casi 800.000 millones, y una caja de casi 500.000 millones.

En términos de usuarios hablamos de compañías que operan a una escala que nunca antes ninguna industria había conseguido, que se mide también en miles de millones de personas, y que condiciona a qué información pueden acceder, qué noticias leen o qué productos pueden comprar. Se puede decir que nunca antes una industria tuvo un efecto tan relevante sobre la vida cotidiana de más personas. 

Para los cuatro comparecientes ante el Congreso y sus compañías, hablamos de un auténtico momento de la verdad: muchos comparan el evento con lo que experimentaron, por ejemplo, industrias como las aerolíneas, las tabaqueras o los bancos.

Sus empresas se han vuelto enormemente influyentes y poderosas y el Congreso de los Estados Unidos pretende dirimir si es necesario ponerlas bajo control. Algunos, como el fundador de Facebook, pretenden utilizar en su defensa el argumento patriótico: que su historia es la del éxito norteamericano y que tratar de regularlos supondría una ventaja sobrevenida para algunos de sus competidores, fundamentalmente compañías chinas, que reciben un apoyo inequívoco de su Gobierno.

Otros pretenden contraponer los posibles efectos negativos que algunos afirman que provocan con los beneficios que aseguran haber aportado a la sociedad, en una especie de ficción histórica que buscaría plantear cómo viviríamos hoy si no tuviésemos acceso a sus productos y servicios. 

En cualquier caso, lo que ocurra hoy en el Congreso de los Estados Unidos afectará en gran medida no solo a lo que estas compañías puedan plantearse en sus estrategias de futuro, sino también a los derechos de sus usuarios, tanto dentro como fuera de su país.

En realidad, hablamos del mismo Congreso de los Estados Unidos que hace no mucho tiempo, en abril de 2018, llevó a medio mundo a pensar en manos de quién diablos estaban, dado el ínfimo nivel expuesto por algunos de los representantes que lanzaban preguntas a Mark Zuckerberg evidenciando no tener ni la más ligera idea de a qué se dedicaba su compañía.

En esta ocasión, presumiblemente, los representantes de la democracia norteamericana habrán hecho mejor sus deberes, se habrán asesorado bien y tendrán preguntas relevantes que hacer. Sobre todo porque ahora la cita no responde a una emergencia coyuntural, sino a una genuina inquietud y demanda de toda la sociedad. 

Pensar que la solución a todos los problemas está en plantear la escisión de los gigantes tecnológicos en compañías más pequeñas o en obligarlas a desprenderse de determinadas partes de su negocio es tener una concepción bastante anticuada de la legislación antimonopolio.

Seguramente, la respuesta al poder omnímodo de estas compañías no deba ser simplemente “no hacer nada”, como plantean algunos de los think tanks financiados - oh, sorpresa - por ellas mismas, pero es muy posible que tampoco esté en obligarlas a romperse.

Lo que se plantea es cómo reinterpretar lo que las leyes antimonopolio debían proteger, evitar que esas empresas puedan asfixiar la innovación adquiriendo o copiando a todo aquello que tenga la posibilidad, aunque sea lejana, de hacerles sombra, y cómo adecuar esa legislación a los tiempos que vivimos. 

En una comparecencia de cuatro personas ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington, nos jugamos todos mucho más de lo que la mayoría del mundo seguramente piensa. Recomiendo encarecidamente estar pendiente de lo que pueda pasar allí.