El pasado viernes, 14 de agosto, se reunió el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que engloba al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Salud de todas las CCAA. Lo primero que llama la atención es que dicho órgano de coordinación no se había reunido desde marzo de 2019, pese a que ya han trascurrido casi seis meses desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 en nuestro país.
La reunión es, sin duda, bienvenida, dada la preocupación, por no decir alarma social, por los rebrotes en el número de casos detectados. El propio acta de la reunión recoge que la incidencia nacional de la segunda semana de agosto es casi seis veces la observada en el mes de junio, cuando terminó el estado de alarma en todo el territorio. También se recoge que hasta el 12 de agosto se habían registrado 1.155 brotes, de los cuales 822 continúan activos.
Las CCAA han consensuado 11 medidas de obligado cumplimiento, sin fecha de caducidad, para tratar de frenar el crecimiento exponencial de casos. Medidas que se refieren al ocio nocturno -con el cierre de discotecas y bares de copas-, a la hostelería y la restauración -en distancia mínima y horario de cierre-, al consumo de alcohol en la vía pública o a la prohibición de fumar en espacios abiertos cuando no se pueda respetar la distancia de 1,5 metros. También hay medidas de control en centros sanitarios tanto para los residentes como visitantes y empleados, se acordó la exigencia de una evaluación de riesgos previa a conseguir la autorización para celebrar eventos multitudinarios, así como recomendaciones sobre reuniones sociales.
Quizás lo más interesante sean las medidas de cribado con test PCR de residentes en centros socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas y colectivos vulnerables, en caso de brote epidémico.
Esta medida está en consonancia con lo que algunos venimos proponiendo hace semanas. Quizás la diferencia más notable sea que sólo se aplicará "cuando haya brote epidémico", es decir, de nuevo un enfoque reactivo y no proactivo ante la pandemia. Reaccionamos cuando el virus ya se ha manifestado, en vez de ir en su búsqueda. Aunque todas esas medidas son correctas y han sido, en general, bien acogidas, para muchos se quedan cortas y/o llegan tarde. El clásico too little, too late anglosajón.
En mi caso, lo que más echo de menos es la ausencia de ninguna mención a dos de las herramientas disponibles, que además son de tecnología española, que considero vitales para establecer una estrategia de cribado de test PCR proactiva que vaya en búsqueda del virus antes de que éste dé la cara en forma de un brote epidémico.
Una de ellas es el test de aguas residuales y la otra, la aplicación de rastreo online entre usuarios conectados. A continuación, describiré en qué consisten estas aplicaciones, que no son ciencia ficción, sino una realidad contrastada con éxito, y mi sorpresa y extrañeza porque en el mencionado CISNS no se haya decidido su aplicación inmediata en todas las CCAA.
1. Análisis de las aguas fecales
Mediante la toma de muestras en puntos de control de la red de saneamientos de varias ciudades (colectores, acometidas, depuradoras) se analizan unidades genómicas (UG) de la Covid-19 de forma continuada, en laboratorios contrastados y validados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ello equivale a hacer un análisis PCR a cientos o miles de personas simultáneamente, estableciéndose un sistema de alerta temprana de detección del virus, dado que los datos de concentración (UG/litro) adelantan con una o dos semanas los datos posteriormente detectados mediante los análisis PCR.
Uno de los ejemplos más claros es el realizado por la empresa Global Ómnium, propietaria de Aguas de Valencia, para la ciudad de Valencia desde mediados de mayo. A partir del muestreo en las aguas residuales y el posterior análisis mediante PCR en los laboratorios cuyos resultados se conocían al día siguiente de la recogida de muestras, se establecieron 24 distritos de seguimiento en la ciudad de Valencia, otorgándoles un color en función del nivel de concentración de las UG: blanco (nulo), verde (mínimo), naranja, rojo y morado (máximo). Ello ha permitido cuantificar la evolución del RNA del virus en los diferentes distritos de la capital del Turia, posibilitando que se anticipen los rebrotes no sólo con una dimensión temporal, sino también geográfica. Los mapas han sido publicados en los diarios Las Provincias y Levante.
A mediados de junio la situación era la que se recogía en el gráfico 1 en la ciudad de Valencia.
Gráfico 1: semana 8-14 de junio
En buena parte de los distritos, la concentración de UG en las aguas residuales era nula o mínima. La excepción era la zona cercana al puerto. En el gráfico 2 se presenta el mapa de la misma ciudad en la semana del 20 al 26 de julio. La situación había cambiado significativamente, con buena parte de la ciudad en territorio naranja o incluso rojo.
Gráfico 2: semana 20-26 de julio
La situación ha empeorado significativamente en la primera semana de agosto, tal como recoge el gráfico 3, donde predomina el color morado en toda la ciudad.
Gráfico 3: semana 3-9 de agosto
La tecnología desarrollada por Global Ómnium, se extendió a otras localidades de la Comunidad Valenciana, y recientemente se ha puesto en marcha en Madrid y Sevilla.
Varios países, tanto europeos como de otros continentes, se han interesado en la misma. Lo extraño es que no se haya generalizado en el conjunto de la geografía nacional, golpeada recientemente por un sinfín de rebrotes.
Son muchas las ventajas de esta tecnología. La primera es la eficiencia. Al detectar con un solo PCR multitud de casos potenciales, se convierte en una herramienta clave para llevar a cabo los cribados de test PCR, para que no se hagan a ciegas o cuando la trasmisión comunitaria sea evidente, lo que supone ir por detrás de los acontecimientos.
La segunda es su versatilidad. Dependiendo de dónde se recojan las muestras, aguas arriba o aguas abajo, se puede modular el rango de población que puede verse amenazada por el virus. Es decir, tiene un elevado nivel de precisión que puede llegar a detectar el virus en un edificio (piénsese en una residencia de ancianos, un colegio, un centro de trabajo, un hospital, un hotel o incluso un bloque de viviendas) si necesidad de hacer el PCR a todos y cada uno de sus habitantes. Ello permite una granularidad en la asignación de test PCR, que son un recurso escaso.
En tercer lugar, su coste. Se ha estimado que establecer un sistema de recogida de muestras y análisis de laboratorio de aguas residuales de 5.000 puntos (todos los municipios de España, los más pequeños agrupados, y en diferentes distritos de las grandes ciudades, como el caso de Valencia) costaría unos 700.000 euros semanales. Estamos hablando de 2,8 millones de euros al mes por tener un mapa de seguimiento general, aguas abajo, a partir del cual se pueden establecer actuaciones específicas aguas arriba en edificios o conjuntos de edificios determinados.
En cuarto lugar, su nivel de anticipación. Como ya se ha comentado, los resultados de los análisis de concentración de UG/litro adelantan en una o dos semanas los casos detectados a través de PCR. Ello permite ganar un tiempo de oro para evitar los contagios entre asintomáticos, que son los más difíciles de detectar.
En quinto lugar, la autorregulación. En otro artículo ya comenté el poder que tiene la información en manos de los ciudadanos libres para regular su comportamiento óptimo incluso sin necesidad de medidas coactivas. Si la población conoce los barrios en los que la concentración vírica es más alta, los ciudadanos serán más proclives a auto confinarse, si viven en ellos, o a no visitarlos, si vienen de fuera.
Los negocios también aceptarán de mayor agrado las medidas restrictivas a su funcionamiento, porque no se tomarán en función del tipo de actividad que desarrollan, sino de su ubicación geográfica en un distrito o barrio complicado. Es decir, prevalecerá el enfoque territorial y no el sectorial, a la hora de restringir temporalmente la actividad.
Pero para que esta función de autorregulación tenga sentido, es fundamental la transparencia. Es decir, evitar el secretismo con los datos, los mapas y los resultados que vaya obteniendo la herramienta. Justo lo contrario a lo que se ha estado haciendo hasta ahora.
2. Aplicación de rastreo 'on line'
Otra empresa española, Indra, que tiene una importante participación pública y un enorme prestigio internacional en actividades de seguridad, control de tráfico aéreo, recuento de elecciones, sistemas de defensa, apoyo tecnológico a empresas y CCAA, ciberseguridad, etc… ha desarrollado una app de rastreo de casos, Radar Covid, para el Ministerio de Asuntos Económicos y Actividad Digital.
La app desarrolló en julio una experiencia piloto en La Gomera que ha sido un éxito tanto en la participación de la población, que es un requisito indispensable, pues la gente se la tiene que descargar en su teléfono móvil, como en su funcionamiento. La app ahorra más de un 50% de recursos humanos de rastreadores, una figura que, para sorpresa de todos, ha resultado ser un bien escaso, dado que tenemos unas ratios de rastreadores en términos de población muy bajos, en comparación a otros países.
Además, ha demostrado ser más rápida a la hora de informar a los posibles infectados que el sistema llevado a cabo por los rastreadores humanos. Es decir, se convierte en otra herramienta proactiva, de las que estamos tan necesitados en la lucha contra el virus.
Hay dos dificultades en su implantación: la primera, que la población la conozca y se la descargue. Ello requiere una campaña institucional de información a los ciudadanos, explicando las ventajas de tener la aplicación, su coste nulo para el usuario, y todas las garantías sobre su anonimato. Hasta ahora ha funcionado el boca a boca, a través de un whatsapp que ha ido corriendo de móvil en móvil. Aun así, cerca de un millón de personas se la ha descargado. Pero esto no es suficiente.
La segunda dificultad es que cada una de las CCAA se deben implicar en la misma, pues requiere que envíen el código de activación de los positivos PCR que desate la cadena de avisos de las personas que hayan estado en contacto reciente con el afectado. Sorprende que no se haya aplicado todavía en ninguna comunidad autónoma, pese a estar previsto en Baleares y Canarias para primeros de agosto.
El problema no puede ser el coste. Al contrario del análisis de las aguas residuales, que requiere un coste recurrente cada vez que se hace el test, en este caso se trata de un coste de una sola vez, que probablemente no sea muy superior al millón de euros para el conjunto del país. Es incomprensible que esta aplicación no esté ya adoptada en todo el territorio.
En este artículo he repasado dos herramientas tecnológicas potentes, desarrolladas por empresas españolas, con capacidad para exportarse a otros países, y que pueden ser enormemente efectivas para combatir de forma proactiva la extensión del virus en España, evitando un mayor deterioro de nuestro sistema sanitario y de nuestra economía.
Aunque el pasado CISNS fue una oportunidad perdida, aún estamos a tiempo de ponerlas en marcha en una nueva convocatoria o en una conferencia de presidentes autonómicos. Pero el tiempo vuela, y estas herramientas deben convertirse instrumentos clave dentro de una nueva estrategia integral para hacer frente a la Covid-19 en nuestro país.
