Si el objetivo de la operación alentada desde La Moncloa para que el rey emérito saliera de España era desviar el debate para que no habláramos ni de la gestión de la pandemia, ni de las 'cloacas' de Unidas Podemos, a sus artífices les ha salido 'el tiro por la culata'.

Más allá de la imputación del partido con el que Pedro Sánchez gobierna en coalición, los rebrotes ya en verano -protagonizados por asintomáticos, todo hay que decirlo- mantienen en vilo a los españoles. Como reclamó Pablo Casado este domingo es urgente activar un plan de choque sanitario y económico.

En este último terreno, cada vez parece más claro que habrá que esperar al menos a 2023 para que España recupere el nivel de actividad previo a la Covid-19. No hay panacea para las discotecas, ni para los restaurantes que ofrecían un menú diario a quienes ahora teletrabajan y seguirán haciéndolo. Pero sí para las personas a las que dan empleo esos sectores, aunque la medicina va a tardar en hacer efecto.

Los fondos que España recibirá de la Unión Europea son una oportunidad única para que dentro de 10 años la composición de nuestro PIB sea más resiliente. No es novedoso decir que la clave estará en cómo se repartan y para ello, es vital que las empresas -que son las que generan la actividad y el empleo- tengan algo que decir dentro de esa maraña administrativa y burocrática que es la España autonómica.

En el Ibex 35 se vio claro hace meses. Para modular el debate político sobre qué hacer con las ayudas las grandes empresas impulsaron a través de la CEOE una Cumbre Empresarial que elaboró el documento de conclusiones que presentó Pablo Isla en la Asamblea de la patronal de junio. Después, se entregó al Gobierno.

Pero la cosa no quedó ahí. En julio, Antonio Garamendi (CEOE) y Gonzálo Sánchez (presidente de PWC) firmaron un convenio para crear la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos. Y antes de la llegada de agosto, el personal para ponerla en marcha estaba ya seleccionado y contratado.

La Oficina estará operativa en septiembre con un objetivo concreto: ayudar a las empresas a beneficiarse de esas ayudas pero con el fin de que su uso tenga un efecto multiplicador en términos de empleo y de PIB.

Es precisamente esto lo que busca la Unión Europea y lo que necesita España para apuntalar una recuperación que tendrá que generar los recursos suficientes para ir pagando la factura de esta crisis económica y de lo que quedó sin devolver de la anterior. Esto sin perder de vista otros imperativos como el de mejorar la atención sanitaria y el sistema educativo.

Las ayudas europeas -cuya letra pequeña tendrá que definirse en este semestre en el que Alemania preside la UE- llegarán a España a través de la Administración estatal y autonómica, lo que obliga a los empresarios a lidiar con los políticos.

A esto se suma el hecho de que buena parte de ese dinero debería destinarse a financiar proyectos de colaboración público-privada, lo que a su vez fuerza al Ejecutivo a entenderse con los empresarios.

Desde el Gobierno será en La Moncloa donde se centralice este reparto que implica a muchos ministerios, si bien la vicepresidenta Nadia Calviño tendrá mucho que decir. Desde las comunidades autónomas, todavía no se sabe cómo se articulará la operativa, pero se cuenta con que también canalizarán las ayudas a través de sus consejerías.

Por su parte, las empresas tienen mucho que decir en ese reparto, al ser las mejor conocedoras de las necesidades del tejido productivo español. Por tanto, deberían ser escuchadas.

Para tener información 'fresca' de Bruselas, la Oficina de Madrid de la patronal estará muy conectada con los equipos que tanto CEOE, como la multinacional PWC tienen en la capital comunitaria.

A su vez, esa Oficina trabajará a nivel territorial y sectorial con todas las asociaciones que forman parte de la CEOE.

En este momento, ya está en marcha la creación de una gran plataforma digital para que las empresas tengan información actualizada a su disposición en tiempo real sobre los proyectos.

Sin embargo, la ambición va más allá de la mera transmisión de información. La patronal y la consultora quieren proponer también proyectos tractores para que las ayudas se canalicen allí donde existan oportunidades de negocio.

Unos hipotéticos ejemplos podrían ser la creación de una nueva red de recarga para coches eléctricos o de un consorcio de farmacéuticos para fabricar en España los principios activos del paracetamol -que vienen de China o India-.

En la Oficina estará presente la plana mayor de CEOE: Antonio Garamendi, Íñigo Fernández de Mesa y José Alberto González-Ruiz (secretario general de CEOE). Así como equipos de PWC con importante presencia del socio responsable de mercados, Manuel Martín Espada. El secreto mejor guardado es el hombre que se ha fichado para poner rostro a la coordinación.

Dada la complejidad y dimensión del proyecto, su estructura contará con comités específicos o un consejo asesor para recibir inputs con los que articular una estrategia que, falta nos hace, sea adecuada, escuchada y ejecutada.

ATENTOS A...

Fernando Simón ya ha confirmado que es posible que en septiembre haya que cerrar los colegios para contener el SARS-CoV-2 tras las vacaciones. El hecho de que no se aproveche el periodo estival para detener el virus y haya que esperar al inicio del curso escolar para ello dice mucho de los problemas que padece este país.

Como alertó Luis Garicano en el Congreso el pasado julio, la brecha educativa se está agrandando en España a un ritmo vertiginoso.

Pero, además, el cierre de los colegios por la incapacidad de gestionar la pandemia supone un problema evidente para los trabajadores con hijos que teletrabajan -en el mejor de los casos- o que no pueden permanecer en el hogar al cuidado de sus hijos por ser sanitarios, empleados de supermercados o de otros servicios básicos.

Es ilustrativo en este sentido un informe que difundió la pasada semana el Banco de España con el compendio de medidas adoptadas por los distintos países europeos para responder a la crisis del coronavirus.

Mientras Emmanuel Macron o Giuseppe Conte han destinado parte de su gasto 'extra' al "apoyo de la conciliación familiar y al cuidado de los hijos", España sigue atrás en este ámbito. Se trata de países que también han adoptado medidas para paliar los efectos de la Covid-19 sobre los colectivos más vulnerables, pero sin perder de vista al resto de las familias.