La determinación del Gobierno de Pedro Sánchez de "meter la mano" en la cartera de los ayuntamientos que durante años hicieron bien sus deberes, administraron prudentemente sus fondos y manejaron de forma ortodoxa sus recursos generando excedentes, cual cigarras de cara al invierno, supone un atentado más contra el sentido común y la legislación vigente.

Una tremenda iniquidad, si llega a perpetrarse, que supone hacer pagar a las administraciones que se han conducido con mayor responsabilidad los platos rotos de una improvisada gestión gubernamental del vigente aprieto económico, que no es más que el avance del que nos puede dejar tiritando a partir de septiembre.

La discutida ocurrencia, materializada en forma de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha sido calificada por el principal partido de la oposición de "tropelía confiscatoria" y de "saqueo" en toda regla a las arcas de las administraciones locales más boyantes.

Tal unanimidad ha cosechado en su contra que ha sido cuestionada por todos los partidos -incluidos los que soportan con su apoyo al Gabinete de Sánchez- desde un extremo al otro del arco parlamentario. El clamor fue tal desde el mismo día de su visto bueno por parte de la FEMP que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vio obligada a aclarar –excusatio non petita…- que la Agencia Tributaria "ni roba ni expropia".

Especialmente controvertido fue el papel del alcalde socialista de Vigo. Abel Caballero tuvo que hacer uso de su voto de calidad para deshacer un empate anudado por 12 votos favorables a la medida (todos los ediles socialistas del Consejo de Gobierno de la Institución) frente a otros tantos, 10 del PP, uno de Ciudadanos y otro… ¡de Junts per Catalunya! Hubo que forzar la abstención de otro representante más, el de Podemos, al que tal vez el cuerpo pidiera votar en contra, a la luz de declaraciones como las de Ada Colau que ha arremetido contra el acuerdo casi con mayor saña que los alcaldes del PP.

¿Por qué se vulnera la legalidad?

Porque hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece que los ayuntamientos que sean superavitarios deben destinar esos excedentes a la amortización de su deuda.

Nada habría que objetar si no fuera porque el ejecutivo de Sánchez y Montero pretende poner todo ese dinero, unos 5.000 millones de euros de entrada y para ir abriendo boca, en una caja común y establecer con qué criterios se gasta, mientras que los alcaldes pretenden, como es natural, ser los que tengan la responsabilidad de elegir cuáles son las necesidades más acuciantes en sus respectivos ámbitos.

Hay una Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece que los ayuntamientos que sean superavitarios deben destinar esos excedentes a la amortización de su deuda

El mecanismo diseñado por el Ministerio de Hacienda establece transferencias que irían siendo reembolsadas a los 'paganos' a partir de 2022 en un plazo máximo de 10 años, tal cual si fueran créditos con sus correspondientes intereses. Al final, para los consistorios serían ingresos no financieros y para el Estado gasto, es decir, déficit.

Un pan como unas tortas. Vulneraciones de la ortodoxia contable como permitir que este año no se exija a los entes locales que cumplan la famosa regla de gasto completan un cuadro con una paleta de colores inquietante: la ley sirve… hasta que llegan tiempos de emergencia o quién sabe si de caos.

¿Las leyes están para saltárselas?

Será para la Administración, porque para el pequeño y mediano empresario, autónomo y sufrido ciudadano que se ha visto expulsado en los últimos meses del mercado laboral no ha habido piedad.

Con el empresario, autónomo y sufrido ciudadano que se ha visto expulsado en los últimos meses del mercado laboral no ha habido piedad

Hacienda no ha perdonado ni un céntimo de euro de los fraccionamientos y aplazamientos pendientes antes del primer Decreto de Estado de Alarma -en el caso de liquidaciones como la del IVA- ni establecerá ningún tipo de bonificaciones o deducciones, ya lo verán, en los impuestos que se devengan de forma directa, el más clásico el IRPF.

Al contrario, se anuncian subidas impositivas en sus tramos más altos e incluso medios. Ya saben que quien gana más de sesenta mil euros al año "es rico" y por tanto una peligrosa y a la vez cotizada pieza de caza fiscal, sobre todo para el segmento gubernamental más escorado a la izquierda.

¿El superávit para quien se lo trabaja?

Esa es la cuestión que en los próximos días deberá decidir el Congreso de los Diputados y no está nada claro que el grupo mayoritario de la Cámara vaya a llevarse el gato al agua sin un apoyo más rotundo de Podemos y con la oposición frontal de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos.

Si la iniciativa triunfa no quedará más remedio que tocar el texto legal al que me he referido puesto que además se ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, impulsado por el PP, por "invasión de la autonomía local".

Las próximas semanas se anuncian calientes en materia económica, no solo por esta cuestión, sino por los difíciles equilibrios que habrá que delinear a varias bandas en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas de la Nación prorrogadas desde 2018, con las costuras reventadas por la pandemia y teñidas de una intensa bronca política en torno a ese nuevo "sartenazo" fiscal al que también se oponen los populares. Sánchez tendrá que hacer gala de su más fina "geometría variable" si quiere evitar el naufragio de los Presupuestos para el próximo ejercicio.

*** Eurico Campano es periodista experto en economía y finanzas.