El tristemente adelantado retorno de la pandemia, que ya pretendíamos controlada, está provocando en muchas autoridades autonómicas y locales la adopción de nuevas medidas de contención social con impacto evidente en la economía y en las empresas.

No hay ningún sector, ni antes ni ahora, que de alguna u otra forma no se haya visto afectado por esta crisis sanitaria que como se vaticinaba por muchas voces, ha devenido en una crisis económica histórica en nuestro país. Son muchos los meses que nos quedan por delante de penuria que nos han hecho olvidar de golpe el inicio de una pequeña senda de crecimiento que ya nos parece muy lejana, allá por el comienzo de este 2020.

La incertidumbre empresarial es máxima y, desde el plano estrictamente laboral, comienza un otoño donde las empresas van a tener que adoptar planes estratégicos para acomodar la gestión de las personas a la realidad sanitaria, social y económica que se antoja va a ser tremendamente cambiante en función de multitud de elementos.

Ante esta tesitura, las empresas van a tener que hacer uso de muy variados instrumentos que la legislación laboral pone a su disposición para situaciones de extremas crisis, útiles para contener la destrucción de empleo de forma masiva como los ERTEs, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y en ultimo termino los ERES como medida ultima para salvar el resto de puestos de trabajo.

La legislación en este aspecto ha sido frenéticamente mutante durante estos últimos seis meses, y muy probablemente lo sigue siendo hasta bien entrado el 2021. No queda más remedio. No sólo España sino mucho de nuestros países vecinos han adoptado medidas de apoyo empresarial extraordinario hasta finales del año que viene como Alemania, Francia o Inglaterra.

En este sentido, los Gobiernos han comprendido con claridad y prontitud que a la crisis de sanidad no le podemos sumar una crisis de empleo que acabaría de forma dramática con consecuencias sociales nefastas.

Los Gobiernos han comprendido con claridad y prontitud que a la crisis de sanidad no le podemos sumar una crisis de empleo

Esta no es una crisis de corta duración, ni tampoco es fácil ni rápida la reconstrucción tan necesaria. Partiendo de esta premisa, ahora más que nunca y en espera de los ansiados remedios sanitarios, para evitar que lleguemos a más de cinco millones de parados como vaticinan algunos estudios reputados, tenemos que actuar en tres frentes paralelos, con una hoja de ruta.

La Comisión para la Reconstrucción ha sido una oportunidad única para ello, pero todavía no conocemos con exactitud sus conclusiones.

Por ello, una primera actuación corresponde al Gobierno y a las fuerzas políticas aunando posturas para acordar un Plan por el empleo, con acuerdo con los agentes sociales, que establezca unas líneas claras y ciertas de apoyo empresarial prolongado en el tiempo, mas allá de finales de septiembre de 2020 y de forma más contundente, con mayor facilidad y menor burocracia o coste para implantar medidas de flexibilidad laboral referidas a suspensiones de empleo, reducciones de jornada y de salario como alternativa a los despidos. O con incentivos directos a las contrataciones para los afectados en el pasado por estas medidas.

Esta no es una crisis de corta duración, ni tampoco es fácil ni rápida la reconstrucción tan necesaria

Una segunda línea de actuación debería centrarse en el aspecto más sanitario con unas guías y campañas contundentes de seguridad en el centro de trabajo frente al coronavirus.

Las empresas pueden implementar estas guías por si solas, pero necesitan de indicaciones y sobre todo uniformidad, para evitar propagar los contagios y volver a tiempos por olvidar del confinamiento total que se ha puesto en duda recientemente.

Y, finalmente, las empresas van a tener que estar en permanente diseño de medidas de adaptación, de forma negociada con los representantes de los trabajadores o sus propios empleados que requerirán de su compromiso y flexibilidad. Planes abiertos que deberán concretarse según vayan ocurriendo los acontecimientos.

Van a ser inevitables muchos ERTES y lamentablemente muchos ERES, sin duda alguna.  Pero en todo caso se precisa, como señalaba anteriormente, leyes claras y seguras porque lo que menos se necesita ahora es inseguridad, vaivenes e incertidumbre.

En fin, esperemos que entre todos salgamos de este bache lamentable y próximamente volvamos, esta vez si, a la normalidad que todos los españoles añoramos.

*** Íñigo Sagardoy de Simón es presidente de Sagardoy Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria.