Lunes, 21 de septiembre. Faltan nueve días para el fin de la última prórroga de los ERTE y 15 días más para que España presente a Bruselas el Plan Presupuestario del que depende su recuperación económica. Pero la reunión convocada hoy para el diálogo social abordará la Ley del Teletrabajo que a la ministra Yolanda Díaz le gustaría llevar mañana al Consejo de Ministros que sigue sin tener noticias de los Presupuestos.

El equipo de la vicepresidenta Nadia Calviño ya tiene lista la revisión a la baja del cuadro macroeconómico para elaborar esas cuentas. Dicen que para 2020, no se alejará mucho de las previsiones que presentó la pasada semana el Banco de España con un desplome del PIB de entre el 10,5% (escenario 1) y 12,6% (escenario 2).

Sin embargo, para el que viene, Carlos Cuerpo (responsable de la dirección general de análisis macroeconómico del Ministerio de Economía) es mucho más optimista que Óscar Arce (director general de estadística del Banco de España). 

El motivo es que Economía va a incorporar a sus previsiones de ingresos, las transferencias directas de 43.000 millones de euros que la Unión Europea ya ha confirmado para los ejercicios 2021 y 2022 a falta de que la Eurocámara respalde la cuantía. 

Esa inyección -con la que no contó el Banco de España- puede ser determinante para que el PIB crezca por encima del 7,3% (escenario 1) o el 4,1% (escenario 2), lo que en palabras de Pablo Hernández de Cos sería una recuperación "parcial, incompleta, frágil e incierta".

Dos puntos más de crecimiento pueden sostener sobre el papel la 'V asimétrica' que prometió Calviño en sus últimas proyecciones.

Sin embargo, con la Comunidad de Madrid pendiente de la reunión que hoy mantendrán Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para definir los confinamientos selectivos parece obligado extremar la cautela en cualquier previsión por el impacto que este descontrol de la pandemia está teniendo sobre el estado de ánimo de la sociedad y la economía.

El miedo de los españoles a los rebrotes ya está impactando en el consumo interno y por tanto, también en la recaudación que la ministra María Jesús Montero necesita para que sus cuentas no se descuadren más de lo ya esperado este año.

Hacienda tiene hecho el 80% de los Presupuestos y le queda por cuadrar otro 20%. Un porcentaje que se juega en el tablero político de unas negociaciones con fuerzas populistas, minoritarias, nacionalistas e independentistas en un momento crítico para España porque el país se está quedando atrás en la recuperación económica de la eurozona.

Todo indica que entraremos en 2021 con las cuentas de Cristóbal Montoro (2018) prorrogadas un año más. La emergencia sanitaria y económica no ha sido suficiente motivo para conseguir cumplir con el calendario de tener un borrador de Presupuestos Generales del Estado antes del 30 de septiembre.

Sí parece que hay tiempo, sin embargo, para que antes de esa fecha haya un acuerdo sobre otro tema crucial para una parte importante del tejido productivo que sostiene la economía: la prolongación de los ERTE. Un tema que debería haber sido resuelto ya antes de verano, pero que sigue enquistado en varios ministerios.

La lógica dice que, aunque llegue tarde, habrá pacto porque de no haberlo el desastre sería mayúsculo. Sin embargo, a falta de semana y media para esa fecha, las posiciones entre la patronal y el Gobierno están todavía muy alejadas. Y lo más llamativo es que la distancia es con el ala socialista del Ejecutivo, que hasta ahora ha sido clave para impulsar los acuerdos con los empresarios.

El malestar es tal que hasta el 'cordial' Antonio Garamendi se quejó en público la pasada semana de que el Gobierno no le enseña el desglose del coste que están teniendo los ERTE en salarios y cuotas a la Seguridad Social.

Conocer este dato es clave para decidir sobre el futuro de esta herramienta de flexibilidad empresarial. El motivo: si se acaba con los ERTE, muchos de esos empleados que trabajan en empresas cerradas tendrán que ir al paro, con el consiguiente gasto para el Estado. Pero las empresas dejarán de ser exoneradas de las cuotas a la Seguridad Social.

Según el presidente del Gobierno, el coste global de sostener a los trabajadores que están bajo ERTE supera los 4.000 millones de euros. Según Lorenzo Amor (ATA), es de 1.200 millones de euros. Está claro que algo no encaja.

Esta vez es el ministro José Luis Escrivá el que está teniendo las mayores discrepancias con la patronal sobre cómo ir reduciendo el número de trabajadores sujetos a ERTE en un contexto en el que se sabe que muchas empresas no van a abrir y otras -como las de las áreas de Madrid afectadas por confinamientos- tendrán que cerrar.

Garamendi quiere que la reincorporación de esos trabajadores la dicte el mercado, es decir, la vuelta de la demanda a los negocios afectados. Escrivá quiere incentivarla con las exoneraciones.

Y Calviño, que sigue muy de cerca estas negociaciones, quiere empezar a reducir el gasto -que no tenemos claro- en ERTE. Lleva razón la vicepresidenta en que esta medida prolongada en el tiempo supone sostener a trabajadores anestesiados que en otras circunstancias se estarían preparando para reciclarse hacia otros sectores. 

El problema es que para eso, además de ser necesaria la consistencia del crecimiento del PIB, las políticas activas de empleo tendrían que funcionar y estar bien coordinadas con las comunidades autónomas. ¿Les suena este contratiempo?

Mientras se acercan posturas, miles de empresas y las familias que dependen de los ERTE esperan en vilo el acuerdo para conocer su futuro a partir del 30 de septiembre. Tendrán antes el documento con la normativa con la que podrán teletrabajar el día que vuelvan a tener un empleo.

ATENTOS A...

La presencia del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) en la nueva CaixaBank preocupa al mercado, como dejaron claro los analistas que participaron con Gonzalo Gortázar y José Ignacio Goirigolzarri en la conference call en la que explicaron la fusión el pasado viernes.

El organismo que lidera Jaime Ponce tendrá que evaluar esta operación y darle el visto bueno definitivo antes de definir el nombre del consejero o la consejera que se sentará en el sillón de CaixaBank para representar los intereses del contribuyente. Será una figura con perfil más profesional y financiero que político, alguien con el prestigio necesario para que la Bolsa no penalice el valor por el temor a injerencias políticas.