La crisis financiera de 2007 fue también una crisis política. No solo porque fueron las cajas de ahorro gestionadas por políticos, con ayuda de los sindicatos, las que llevaron a España hasta la situación límite de tener que pedir un rescate financiero en 2012. También por el tardío diagnóstico de una crisis que el Gobierno no supo ver llegar.

En las hemerotecas quedaron plasmadas las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero presumiendo en Nueva York en el año 2008 de que España contaba con el sector financiero "más sólido de la comunidad internacional". 

Una frase que fue el preludio de los SIP (Sistemas Institucionales de Protección) de Elena Salgado para tratar de salvar los muebles en las cajas de ahorro, siete de las cuales dieron origen a Bankia.

El colofón de aquello fue la imagen de Rodrigo Rato, un todopoderoso expolítico, dando el toque de campana para una salida a Bolsa que no contó con el respaldo inversor internacional para colocar las acciones que sí se vendieron en las sucursales.

Para ser justos, no debemos olvidar que precisamente el hecho de que la figura de Rato avalara aquella salida a Bolsa fue determinante para que muchos de esos ahorradores compraran unas acciones que después el contribuyente ha tenido que pagar en forma de indemnizaciones.

Más allá del dinero inyectado en Bankia, aquella operación política en el mundo de la banca ha tenido un coste social en España que todavía hoy tiene su reflejo en la fractura del Parlamento.

Nueve años después de aquella campanada, es difícil no pensar que las instituciones fallaron al autorizar una operación con más ingredientes políticos que financieros, pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional afirme que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera.

Entre otros motivos, porque el rescate financiero español fue uno de los grandes motores de la Unión Bancaria, que todavía está tomando forma en Europa. Alguien en Bruselas decidió dejar de confiar en los supervisores nacionales para evitar una crisis financiera futura. Por algo sería.

Ocho años después de la intervención de Bankia, España afronta una crisis que será aún más dura que la que tocó fondo en 2012. Lo hace con la banca tocada en términos de reputación y sometida a una 'pena del telediario', pero tratando de presentarse como parte de la solución al problema. Y con las instituciones más dañadas que nunca.

Es importante no perder esto de vista para entender el malestar que ha generado en muchos sectores de la sociedad que la absolución general en el 'caso Bankia' se fundamente en el apoyo de los supervisores a aquella operación.

Más allá del dinero inyectado en Bankia, aquella operación política ha tenido un coste social que hoy tiene su reflejo en la fractura del Parlamento

Como ha venido denunciando en los últimos años Andrés Herzog, abogado de la acusación popular CIC, el Banco de España y la CNMV fueron los grandes olvidados por la acusación del fiscal de Bankia.

Las instituciones fallaron, pero no fueron juzgadas. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Julio Segura y Elena Salgado tuvieron un papel fundamental en aquella salida a Bolsa y su aval ha sido determinante en la sentencia que absuelve a los 34 acusados por el toque de campana.

Esta sentencia, que va a ser recurrida, será determinante para otras causas pendientes en el sector financiero. La más importante es la del 'caso Popular', en el que precisamente este miércoles declara Luis de Guindos y en el que los sucesores de MAFO y Segura, Luis María Linde y Sebastián Albella, ya han pasado a declarar. En los tres casos, como testigos.

Pronto la marca Bankia desaparecerá de los rótulos de las sucursales si CaixaBank logra sacar adelante su compra del banco. Así se archivará en la memoria colectiva la imagen de los preferentistas con sus pancartas o de las tarjetas Black. 

Sin embargo, nada indica que España vaya a superar su crisis institucional y poco ayuda el atasco en la renovación de cargos pendiente. Ese descrédito sigue formando parte de nuestro presente y pesará como losa para afrontar una crisis social y económica mucho más letal que la de 2012.