La pretensión gubernamental de gravar con un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 21% la educación y la sanidad privadas constituye una medida injusta e ineficiente con un impacto negativo sobre las depauperadas finanzas públicas, sobre la calidad de la oferta de esos servicios, sobre la movilidad social y, con ella, sobre la igualdad de oportunidades. Es un paso más en el programa de estatización y reducción de la libertad de elección de las familias y de los individuos al servicio del objetivo ideológico perseguido con celo por la coalición podemita desde su llegada al poder: aumentar el control estatal sobre la economía y sobre la sociedad, reducir la libertad de elección de las familias y de los individuos.

Alrededor de diez millones de españoles tienen seguros médicos privados y el gasto por este concepto supone el 2,6% del PIB. Por su parte, unos tres millones de niños son escolarizados en primaria y secundaria por colegios privados y concertados y su desembolso en este campo supone alrededor del 1% del PIB. El grueso del volumen de niños escolarizados en esos centros no son obviamente los ricos, como pregona la demagogia estatista, sino las clases medias. Por eso, la UE permite eximir de IVA a esas actividades y la respuesta positiva de la demanda refleja el valor que las personas conceden a la posibilidad de ejercer esa acción. De ahí, la existencia de esa exención en la casi totalidad de los Estados europeos.

Acentúa la desigualdad entre las personas de ingresos altos y aquellos con remuneraciones medias y bajas

La introducción de un IVA del 21%, que no deducible por los ciudadanos, constituye una elevación del precio de la sanidad y de la educación privada por ese mismo importe. Para muchas familias, esto supondrá la imposibilidad de adquirir esos bienes en el mercado y, por tanto, se verán forzados a acudir al sector público para obtenerlos. Esto implica despojarles de la libertad de elección que han podido ejercer hasta la fecha aun cuando tuviesen que financiar dos veces los servicios sanitarios y educativos: una, con sus impuestos; otra al comprarlos en el mercado. La absorción de ese doble coste por muchos hogares muestra la importancia que conceden a esos bienes de mérito para mejorar la salud de sus familias y la formación de sus hijos.

Un encarecimiento de la educación y de la sanidad privadas en los niveles anunciados por el Gobierno es regresivo porque impide acceder de manera absolutamente arbitraria a quienes no son ricos a prestaciones que consideran fundamentales y por las que han estado dispuestos a sacrificar un porcentaje significativo de sus ingresos todos los meses. El gabinete quiere imponer una medida anti-igualitaria, curiosa ironía para un ejecutivo autodenominado progresista, que acentúa la desigualdad entre las personas de ingresos altos y aquellos con remuneraciones medias y bajas. Se trata de una propuesta reaccionaria en el sentido estricto del término.

Por añadidura, la iniciativa gubernamental es irresponsable. Si tiene éxito y se produce un trasvase masivo de lo privado a lo público, el gasto del Estado y de las autonomías se disparará. En el supuesto de que ese movimiento se materializase en su totalidad, supondría un incremento del gasto equivalente al 3,6% del PIB; en el caso de ser la mitad, el 1,8% del PIB, y así sucesivamente. Con unas finanzas estatales en estado comatoso, el impacto de esta brillante idea sobre el binomio déficit-deuda sería considerable. Al mismo tiempo, en el caso de la sanidad, la desaparición de casi el 30% de la oferta, la representada por el sector privado, no solo tendría un efecto alcista sobre el gasto público, sino que se traduciría en el colapso del sistema sanitario. En medio de una pandemia, esto es sencillamente una barbaridad.

El Estado ha de proporcionar a todos los individuos el acceso a la educación y a la sanidad, pero eso no implica que haya de monopolizar su prestación. Lo importante es que la oferta de esos servicios sea lo mejor posible y eso exige dos cosas: competencia y, su lógico acompañamiento, la libertad de elección de las familias entre opciones alternativas. Resulta obvio que el gabinete social-podemita no quiere esto, empeñado en construir una economía y una sociedad controladas desde el poder.