Los riesgos de no realizar una reforma urgente y estructural de las pensiones

La actual crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo a consecuencia de la Covid-19 está suponiendo una contracción sin precedentes de la actividad económica. En consecuencia, en términos de ahorro en los hogares, se vislumbra un comportamiento más cauto y centrado en lo precautorio y previsional, por lo que cuestiones como el futuro de las pensiones y el debate de si estas son o no suficientes y si el sistema es o no sostenible han vuelto con fuerza  al imaginario colectivo.

Y en medio de este debate, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, nos da una, a priori, muy buena noticia, y es que parece que, por fin, “en el Pacto de Toledo se llegará muy pronto a un acuerdo sobre pensiones”. Pero también nos anticipa que este acuerdo "incluirá, sin duda, una revalorización 'sine die' de la cuantía de la pensión conforme al IPC".

Todos estaremos de acuerdo en que tan importante es garantizar la sostenibilidad del sistema como garantizar una pensión digna, pero en la medida en que no está garantizada su financiación, parece cuanto menos discutible su idoneidad en estas condiciones. Teniendo en cuenta que ahora la inflación es baja y resulta fácil decirlo y ejecutarlo, el día que tengamos una inflación más elevada, los gastos de la Seguridad Social se dispararán.

Tan importante es garantizar la sostenibilidad del sistema como garantizar una pensión digna, pero parece cuanto menos discutible la revalorización

Por tanto, parece razonable pensar que esta medida debería ir acompañada de otras complementarias y más estructurales, pues hasta ahora la financiación del déficit de las pensiones sólo pasa por aumentar el endeudamiento.

Pero mucho cuidado con esta deriva pues, tras la pandemia, la deuda podría elevarse por encima del 120% sobre el PIB, convirtiéndose en un pesado legado para nuestros hijos.

Además, nos enfrentaríamos al riesgo adicional de una posible ruptura del pacto intergeneracional, más aun teniendo en cuenta que, tal como evidencia un reciente estudio del Instituto de Actuarios Españoles, la equidad actuarial del sistema también está en entredicho pues, de media, el pensionista de jubilación recibe un 51% más de lo que aportó al sistema durante su vida laboral.

Entre las diferentes alternativas nos referimos ahora a dos de ellas, no necesariamente por ser las más relevantes, pero sí por estar más de actualidad en el debate público. En primer lugar, la propuesta de considerar las pensiones de viudedad y orfandad como "gastos impropios".

Esta opción no debería ser considerada como solución estructural pues si bien es cierto que estaremos aliviando las arcas de la Seguridad Social, también lo es que estas pensiones pasarían a financiarse vía presupuestos, por lo que el problema no desaparece, sólo se transforma.

En segundo lugar, se debate si el ahorro privado individual y de empresa es el complemento ideal a la prestación pública. La respuesta es evidente, sí debería serlo, pero ahora no parece que tengamos el marco ideal para tal fin.

Por un lado, las empresas aún no han encontrado incentivos suficientes para apostar decididamente por esta forma de remuneración hacia sus empleados y, por otro lado, se vuelve a insinuar la intención de eliminar las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales, un claro error que nos puede incluso llevar a una doble imposición de las rentas del trabajo, algo que, además de ser inconstitucional, puede perjudicar a más de siete millones de personas, no todos ellos ricos, y de los que cerca de tres millones son autónomos cuyo único plan que se pueden permitir es un plan individual.

Por todas estas cuestiones, debemos instar a los poderes públicos a tomar decisiones estratégicas y valientes lo antes posible, de tal forma que no tengamos que elegir entre sostenibilidad, suficiencia y equidad. Este reto necesitará de un abordaje global, multidisciplinar e intergeneracional, que si bien antes de la pandemia era necesario ahora se antoja urgente. De lo contario, el futuro ya complicado que se vislumbraba en la era pre-Covid19, ahora puede ser catastrófico.

*** Fernando Ariza Rodríguez es director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía.