El Plan Presupuestario 2021 enviado por el Gobierno a la Comisión Europea se resume con facilidad: la brutal inyección de gasto público proyectada por el Gobierno se traducirá en un crecimiento del PIB del 7,2%. El impulso la actividad proporcionado por la política presupuestaria generará mayores ingresos para las arcas públicas y, además, creará puestos de trabajo, lo que reducirá los desembolsos del Estado en prestaciones por desempleo.

El resultado de esa poción mágica es crecer y así rebajar el déficit público hasta el 7,7% del PIB el año próximo Con ese sencillo razonamiento, típico del keynesianismo hidráulico se justifica la recuperación de la maltrecha economía española, se anuncia la elevación de su PIB potencial y se pronostica para 2022 el retorno triunfal al ciclo expansivo interrumpido por la pandemia.

El círculo virtuoso dibujado por el Gobierno se sustenta en una estimación del multiplicador del gasto de 1,2. ¿Qué quiere decir esto? Que un aumento de aquel de 1 punto del PIB induce un incremento de este de 1,2 en general y de 2 en el caso de las inversiones públicas realizadas en digitalización e I+D+i.

En esa premisa se asienta la promesa gubernamental de crear 880.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Con esta visión es comprensible la voluntad gubernamental de gastar más. Sin embargo, este enfoque es erróneo en términos teóricos y empíricos y, pese a la sabiduría convencional imperante, la estrategia fiscal-presupuestaria diseñada por el Ejecutivo es inefectiva e ineficiente.

De acuerdo con estudios realizados por el Banco de España, el multiplicador del gasto público ha perdido vigor de manera significativa durante las últimas tres décadas. Su valor se habría reducido en un 35% entre 1985 y 2015 (del 1,2 al 0,78) para, de ahí en adelante, caer un 21% adicional hasta 2050 (del 0,78 al 0,62).

Este enfoque es erróneo, la estrategia fiscal-presupuestaria diseñada por el Ejecutivo es inefectiva e ineficiente

Esto debilita hasta anular su impacto positivo sobre el consumo y sobre la inversión, es decir, sobre la demanda interna. En consecuencia, su potencia estimulante y estabilizadora presenta rendimientos decrecientes o, para decirlo de otra forma, el coste del gasto es superior a los beneficios que reporta. Este análisis coincide con los disponibles para el conjunto de los países desarrollados (Ramey V, Ten Years After the Financial Crisis: What Have We Learned from the Renaissance in Fiscal Research?, J.E.P, Spring, 2019).

En este contexto, elevar el gasto público en un 53,7% para 2021 no tendrá efectividad alguna para estimular el crecimiento. Sólo contribuirá a agravar el deterioro del binomio déficit-deuda y a incrementar las dudas sobre su sostenibilidad. Sin crecimiento no existirán recursos para corregir esos desequilibrios.

Esto tiene dos consecuencias: primera, los agentes económicos anticiparán subidas fiscales para financiar aquellos desequilibrios y, por tanto, consumirán e invertirán menos. Segunda, los inversores tendrán cada vez más dudas sobre la solvencia de España. Esto conducirá antes o después a una subida sustancial de la prima de riesgo o al cierre del mercado para la deuda española.

El Ejecutivo no para de hablar de reformas a lo largo de su Plan Presupuestario 2021 pero no concreta ninguna. Se limita a proclamar la necesidad de “modernizar” el sistema fiscal, lo que equivale a subir impuestos. Habla de digitalización y de mayor inversión en innovación, pero olvida que es preciso un entorno institucional que incentive a las empresas a hacer eso. Por ejemplo, introduciendo mayor competencia en los mercados; el instrumento más poderoso para incorporar las nuevas tecnologías y elevar la productividad.

Hoy como ayer se equivocan y se verán forzados a revisar a la baja sus previsiones

Finalmente, el otro gran pilar para crecer, el plan energético nacional tendrá un efecto contrario al deseado si se aplica en su diseño actual: liquidar lo que queda de industria en España.

Con unas finanzas públicas al borde del colapso, el Gobierno fía el presente y el futuro de la economía española a aumentar el gasto público, a finales de este año alcanzará el 53% del PIB, que es y será incapaz de financiar. Como sucedió en los albores de la pandemia, el consenso y la mayoría de los organismos nacionales e internacionales prevén una fuerte recuperación de la economía en 2021.

Hoy como ayer se equivocan y se verán forzados a revisar a la baja sus previsiones. No hay motivo alguno para confiar en el futuro económico de España a medio plazo y es irresponsable crear expectativas destinadas a frustrarse.