En las últimas semanas hemos conocido dos magníficas noticias que, sin duda, relanzarán la lucha internacional contra el cambio climático, un tanto adormecida en los últimos años, en gran parte, por la retrógrada e irresponsable postura al respecto del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Por un lado, el pasado 16 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea para el año 2030 será de "al menos el 55%" en relación a los niveles de 1990, en lugar del 40% que se fijó en 2015.

Este incremento de 15 puntos en la ambición climática de la UE para la próxima década, basada en una evaluación de completa de los impactos sociales, económicos y ambientales, colocará a la UE en una mejor posición para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Días después, el 22 de septiembre, en la 75ª Asamblea General de la ONU, el presidente Xi Jinping, anunció que China, el primer emisor de gases invernadero del mundo, llevará a cabo "una revolución verde" y se comprometía a ser "neutro en carbono" antes de 2060 y a alcanzar el pico de emisiones antes de 2030.

El compromiso del presidente chino ante Naciones Unidas elimina de un plumazo la lamentable excusa del presidente Trump y de otros gobernantes y/o responsables políticos para no hacer nada en la lucha contra la emergencia climática mientras China no se comprometiera al respecto.

El incremento de 15 puntos en la ambición climática de la UE para la próxima década colocará a la UE en una mejor posición para alcanzar la neutralidad climática

Este último argumento también ha sido utilizado en España. Así, en un reciente artículo de opinión en el que se plasmaba la posición del partido político Ciudadanos ante el Proyecto de Ley de Cambio Climático (que ha iniciado ya su tramitación parlamentaria), su autor se preguntaba qué sentido tenía que España, cuyas emisiones de GEI suponen un 0,7% del total mundial, pretenda hacer un importante esfuerzo en la reducción de las mismas (mitigación), cuando China es responsable de un 27% de las emisiones totales del planeta o Estados Unidos de un 14,5% de éstas.

Acto seguido se respondía diciendo que el esfuerzo de mitigación que hiciera España, por ambicioso que fuera, no iba a cambiar decisivamente el curso de los acontecimientos.

El autor cuestionaba así el planteamiento en materia de lucha contra el cambio climático del Ministerio para la Transición Ecológica, al que calificaba, de forma negativa, de enormemente ambicioso en materia de mitigación para 2030.

Resulta sorprendente esa connotación negativa del calificativo, pues precisamente eso sería lo necesario y positivo, que fuera enormemente ambicioso, tanto en objetivos de mitigación como en medidas de adaptación, pues España, como demuestran todos los informes, es uno de los países donde el impacto del cambio climático será mayor, debido a su peculiar ubicación geográfica y características medioambientales, su extenso litoral marítimo, entre otras razones que confieren a su territorio un especial vulnerabilidad ante este problema.

A nivel mundial, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, en sus siglas inglesas), el organismo científico de referencia y autoridad internacionalmente aceptada sobre esta materia, lleva años advirtiendo de la catástrofe que nos espera si no tomamos de forma decida y con urgencia medidas al respecto.

Ya en 2018, presentó un informe, y no ha sido el último, donde se concluía que para limitar el calentamiento global a 1,5ºC se requerirían "cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad", en nuestros sistemas energéticos, modelos industriales, agrícola-ganaderos y de transporte, planificación de las ciudades, etc.

No acotar el calentamiento por debajo del límite de 1,5 grados (tal y como se fijó el Acuerdo de París como objetivo deseable más ambicioso) intensificaría los impactos climáticos: olas de calor, deshielos, subida del nivel del mar y otros fenómenos climáticos extremos. Al ritmo actual, si no se actúa drásticamente, ese límite podría llegar a alcanzarse incluso en el 2030. El planeta ya sufre un calentamiento de 1,1 °C, y ello ya ha provocado efectos devastadores en diferentes regiones del mismo.

No acotar el calentamiento por debajo del límite de 1,5 grados (tal y como se fijó el Acuerdo de París) intensificaría los impactos climáticos

Es verdad que la acción contra la emergencia climática debe ser global y coordinada pero cualquier gobernante responsable entiende que necesariamente esa labor debe empezar en su país. No es aceptable hacer oídos sordos a las advertencias de los científicos climáticos y excusarse en la inacción de otros para no hacer sus propios deberes.

En ese sentido, el Gobierno de España ha sido responsable ante la emergencia climática y ha elaborado un Marco Estratégico de Energía y Clima del que forma parte el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Este último es un texto legal que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, que fue firmado por España en Naciones Unidas el 22 de abril de 2016. 

Hace ya más de cuatro años de ese importante momento, por lo que resulta ya urgente que España disponga de una ley que permita poner en marcha las medidas necesarias para hacer frente de forma eficaz a la emergencia climática, avanzando decididamente hacia un modelo económico descarbonizado y por lo tanto libre de la enfermiza dependencia de los combustibles fósiles que sufrimos actualmente.

Como he citado anteriormente, este proyecto de ley ya está siendo tramitado por el Congreso de los Diputados, actualmente en el último tramo de la fase de presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios.

En una fase previa se presentó, por parte de Vox, una única enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, enmienda que fue debatida el 14 de julio y rechazada por amplia mayoría (53 votos a favor, 294 en contra, 0 abstenciones).

La inmensa mayoría de los grupos que votaron en contra de la enmienda de totalidad expresaron su opinión de que era necesario disponer en España de una ley de cambio climático y que si bien el texto del Gobierno era mejorable (evidentemente cada uno según sus particulares criterios) ello se podía conseguir enmendando su articulado a través del debate parlamentario.

Esa percepción de una gran mayoría parlamentaria a favor de una ley de cambio climático es coherente con la opinión de la sociedad española en esta materia. Así, según el Eurobarómetro publicado el pasado mes de marzo, la ciudadanía española es la más preocupada de toda la UE (la encuesta incluye al Reino Unido) por el cambio climático, dado que el 90% de los encuestados manifestaron que éste es “un problema muy serio” (entre 7 y 10 en una escala de 10) para España y también lo es para el conjunto de la Unión Europea (86% de los entrevistados).

Esa percepción de una gran mayoría parlamentaria a favor de una ley de cambio climático es coherente con la opinión de la sociedad española en esta materia

Estos datos son ciertamente coincidentes con los del estudio “Los españoles ante el cambio climático”, del Real Instituto Elcano, de julio de 2019.

La encuesta en la que se basaba el estudio demostraba, según refleja dicho informe, que “la inmensa mayoría de los españoles ha oído hablar del cambio climático y lo consideran como la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo”; que "la gran mayoría de los entrevistados opina que los compromisos actuales son insuficientes para limitar los peores impactos del cambio climático y que España no hace lo suficiente para luchar contra el mismo”; y que "la práctica totalidad de los entrevistados apoya que España tenga una Ley de Cambio Climático y Transición Energética”.

Todos estos datos, y en particular el último, nos demuestran que los partidos políticos representados en el Parlamento tienen ante sí una importante responsabilidad, y al tiempo una gran oportunidad, de satisfacer las demandas de la ciudadanía y sacar adelante cuanto antes una Ley de Cambio Climático y Transición Energética alineada con los objetivos más ambiciosos que acaba de plantearse la Unión Europea en reducción de emisiones de GEI.

El trámite parlamentario debe aprovecharse para introducir mejoras en determinados ámbitos de gran importancia donde el actual proyecto de ley tiene significativas carencias, como el del transporte o la gobernanza, incluida la coordinación entre Administraciones, así como para asegurar que la futura ley recoja, de forma transversal en su articulado, que la descarbonización debe hacerse de acuerdo con las indicaciones científicas del IPCC, antes mencionado.

*** Carlos Bravo es consultor en energía en Transport & Environment y en Salvia - Energía, Derecho y Medio Ambiente.