En el Ibex 35 hay quién ha reprochado en privado a Antonio Garamendi que la CEOE no fuera más dura con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). No porque no se deba ayudar a las familias a salir de la pobreza, sino porque tras muchos solicitantes se esconden casos de economía sumergida. La economía en B que representa el 22% del PIB en España, según el FMI, frente al 13% de la media europea y que hace compatibles las verdades del discurso de la patronal con el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Como dice la ministra portavoz, la presión fiscal en España es inferior a la de la media Europea. Pero como dicen los empresarios, si se mide la presión fiscal entre los españoles que pagan, esta es similar a la media de la UE: 44,5%, frente al 45%.

El discurso maniqueo de "los ricos y los pobres" ha calado en España. Y ya lo decía Unamuno, la envidia es la "íntima gangrena del alma española".

El empresario "rico" contrata al trabajador "pobre", pero este segundo solo recibe el 60,5% del dinero que cuesta su contratación, según recordó Íñigo Fernández de Mesa en la presentación del informe de Competitividad Fiscal 2020. El otro 40% se evapora en forma de impuestos, frente a la media de la OCDE del 36%.

Daría para otra columna analizar lo que se hace con esos impuestos. Tiempo habrá porque la consolidación fiscal está a la vuelta de la esquina y habrá que revisar todo el gasto público. De momento, bien está que haya un Ingreso Mínimo Vital para quien no tiene nada en los tiempos de la Covid-19, pero siempre que este se utilice para incorporar a esas personas al mercado laboral y que se plantee como un dinero para la supervivencia coyuntural y no estructural. 

El pasado martes, mientras el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Francisco J. Riberas, lamentaba en el Congreso de la Empresa Familiar los errores cometidos por los empresarios españoles.

No se refería en este caso a los gestores que están en los sillones del Ibex 35, sino a los que tienen empresas de tamaño mediano (en Europa, porque aquí, en el país de la micropyme, son grandes) y no han sabido explicar bien lo que hacen a la sociedad.

"Tenemos que conseguir que los medios de comunicación dejen de preocuparse solo por lo que ganan los propietarios de las empresas y el ránking que ocupa su fortuna para que hablen del negocio de la empresa familiar", advertía. 

Empresarios en la lista de Forbes frente a la gente que hace cola en las calles por una bolsa de comida cuando viene una pandemia. Es el caldo de cultivo perfecto para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llamen a un grupo de expertos que ponga en marcha una reforma de "justicia fiscal". 

"Parece que está prohibido ser rico", contestaba Garamendi a Riberas. "Si una empresa lo hace bien, el empresario tiene que ganar dinero", añadía.

El presidente de la CEOE incluía una advertencia al Gobierno al recordar que esa idea de que "esto lo arreglamos cobrando a los ricos" solo funciona "si hay ricos, porque si se marchan no es rentable ese impuesto". No sé si quien dice ricos, dice inversores. Pero en el mundo de la banca de inversión ya hay quien advierte de que la preocupación por la seguridad jurídica en España va en aumento.

Empresarios en la lista 'Forbes' frente a la gente que hace cola en las calles por una bolsa de comida cuando viene una pandemia. Es el caldo de cultivo para la 'justicia fiscal'.

El concepto de seguridad jurídica va más allá de la fiscalidad -donde, por cierto, en esta crisis hemos bajado cuatro puestos en competitividad hasta la posición 27 de 36 países, según el IEE-.

España se ha convertido en un país en el que cada vez que hay un evento con empresarios, éstos alzan la voz para defender la figura de Felipe VI porque temen un cambio en el orden constitucional. Un país en el que en 2012, cuando se pidió el rescate financiero, los inversores foráneos preguntaban en las presentaciones si Cataluña se iba a independizar.

Ahora, en la crisis sanitaria y económica más abrupta desde la Guerra Civil, preguntan si está en juego la propiedad privada o si se van a anunciar nuevos impuestos que afecten a sus dividendos, como ha ocurrido, por ejemplo, con las Socimis.

Preocupada por esta deriva, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se ha alejado de los focos de las ruedas de prensa de los Presupuestos esta semana para hacerse fotografías con el mundo de la empresa. 

El martes, mientras Montero explicaba las líneas básicas de los Presupuestos, Calviño se marchó al Congreso de la Empresa Familiar. El miércoles, mientras la ministra de Hacienda entregaba al Parlamento el Libro Amarillo de las cuentas de 2021, la vicepresidenta estuvo en otro foro empresarial organizado por Expansión.

Y lanzó este mensaje: "la recuperación dependerá de garantizar la confianza a los inversores". Lean entre líneas.

ATENTOS A...

Las moratorias en los préstamos de empresas y particulares han sido una de las medidas más acertadas para paliar los efectos de la Covid-19 entre ciudadanos y bancos. Los primeros han tenido una ayuda fundamental para capear los peores meses que estuvieron marcados por el confinamiento y los segundos han logrado frenar la morosidad.

Además de las moratorias que aprobó el Gobierno, el sector financiero aprobó otras más ambiciosas y han sido los bancos de Ana Botín y Carlos Torres los que han concedido a más clientes moratorias.

Según el Banco de España, la tasa de aceptación de las entidades a estas peticiones rondó el 90% y en este momento, representan el 4,6% del crédito al sector privado no financiero.

En el caso del Santander, el 66% de las moratorias que concedió ya han expirado y solo el 2% está ahora en fase de "crédito dudoso". En el de BBVA, las moratorias llegaron a representar el 8,9% del crédito, pero el 79% de los clientes que las pidieron ya han reanudado los pagos.

Lo que ocurra en 2021 será clave para hacer el análisis final de esta medida. Pero de momento, indica que fue muy acertada.