Mientras muchos niños empiezan a pensar en sus cartas de Navidad, el Gobierno está preparando otra bastante distinta en contenido, pero con un potencial similar. Esta semana, ha presentado un borrador para la futura Carta de Derechos Digitales, cuyo objetivo principal consiste en "actualizar y modernizar la formulación de los derechos y obligaciones de la ciudadanía, las empresas y las Administraciones Públicas" en la era digital.

Aunque ha sido elaborada por casi 20 expertos en ética, derecho y entorno digital, las críticas no han tardado. "Es puro márketing", lamentó en su Twitter el abogado especializado en tecnologías de la información Javier de la Cueva. La "falta de fuerza normativa" que señala De la Cueva hace que la Carta de Derechos Digitales tenga el mismo impacto que las misivas de los niños a sus majestades de Oriente: una simple lista de deseos que nadie tiene obligación de cumplir.

En otro tuit, el miembro del Centro de Política Cibernética de la Universidad de Stanford (EEUU), Joan Barata, advierte que la carta "reitera lo ya establecido por la legislación vigente […] y protege derechos […] por debajo de estándares internacionales". Eso sí, antes de echarse las manos a la cabeza, tenga en cuenta que el texto actual es un borrador abierto a consulta pública hasta el próximo 4 de diciembre. Así que, puede que los comentarios de Barata sirvan para que la versión final resulte más contundente.

Pero la consulta pública no solucionará el problema que menciona De la Cueva. Diga lo que diga finalmente, la carta seguirá siendo una simple guía de buenas prácticas sin carácter legal. Sin embargo, dado que cualquier deseo puede acabar haciéndose realidad, sí podría convertirse en un buen primer paso hacia una regulación más amplia de los derechos y obligaciones digitales.

A mí lo que me preocupa no es la Carta de Derechos Digitales en sí misma. Cualquier iniciativa que nos ayude a gestionar los retos que plantea el novísimo y cambiante entorno digital será bien recibida. Para mí, el problema más apremiante, y que la pandemia ha dejado en flagrante evidencia, es el de la brecha digital.

El problema más apremiante, y que la pandemia ha dejado en flagrante evidencia, es el de la brecha digital

Durante el confinamiento, los niños del 4,6% de los hogares españoles que carece de conexión a internet no pudieron recibir educación en remoto y sus padres no tuvieron capacidad alguna de teletrabajar.

Las videollamadas con amigos y los conciertos por streaming no eran más que lujos secundarios en un momento en el que internet fue prácticamente el único medio para trabajar, formarse y acceder a servicios públicos.

Y la brecha digital no afecta solo a aquellos hogares que carecen de infraestructura para de conexión. Las familias de bajos recursos, cuya supervivencia está especialmente amenazada por la incipiente crisis económica, tendrán dificultades para pagar las facturas de internet y los dispositivos necesarios para acceder.

La pandemia no ha hecho más que elevar la urgencia de convertir internet en un derecho fundamental, a la altura de la libertad, la vivienda y la vida. Pero esta demanda ya peina canas. En 2011, la nueva versión de la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la ONU ya establecía que "los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet".

La pandemia no ha hecho más que elevar la urgencia de convertir internet en un derecho fundamental, a la altura de la libertad, la vivienda y la vida

Aunque el organismo incluyó esta disposición dentro del apartado de la libertad de expresión, el texto añade que "el acceso a internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres". Vamos, las necesidades básicas que la mayoría de nosotros pudimos disfrutar en el confinamiento gracias a nuestra conectividad.

Por eso, resulta triste, hipócrita e injusto que, aunque la LOPD de 2018 afirme que el Gobierno "garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población", el Plan España Digital 2025 fije para dentro de cinco años el límite máximo para que el 100% de los españoles disponga de una conexión mínima de 100Mbps.

He leído una lista de consejos para escribir una carta a los Reyes Magos que dice que, además de ser sincero, hay que pensar en los demás. Así que, puede que esta Navidad les mande la Carta de Derechos Digitales, acompañada de una petición para que concedan internet a toda la población. En este momento, me parece la forma más rápida y efectiva de conseguirlo y, además, este año me he portado muy bien.