Parece que por fin el Gobierno va a sacar adelante sus primeros Presupuestos Generales del Estado después de prorrogar hasta ahora los de 2017. Las dos primeras noticias al respecto no puede ser mas preocupantes: comenzando con la primicia del apoyo con que cuentan de un partido que no solo no ha pedido perdón por sus antecedentes terroristas sino que el mismo día que lo hacía público anunciaba su objetivo de "cargarse el sistema constitucional vigente"; y siguiendo con que ni una sola institución española o internacional independientes les otorga credibilidad. ¿En cuantos países a imitar suceden estas cosas?: en ninguno.
En el proceso de negociación parlamentaria tendremos ocasión de asistir a una almoneda de votos, dádivas y obscenas concesiones cada vez más alejados de los problemas y el buen gobierno, que más que nunca, necesita España. En ningún caso cabe esperar enunciados estratégicos de altura que marquen el rumbo económico de la nación.
Un Gobierno responsable debería utilizar los Presupuestos para lanzar mensajes solventes a los ciudadanos relacionados con:
El crecimiento económico y sobre todo el objetivo de converger e incluso superar la renta per cápita media de la UE. La creación de empleo con un objetivo central: aumentar la población activa real y con ella los contribuyentes fiscales frente a las clases pasivas. El equilibrio fiscal y el sostenimiento del Estado de Bienestar sin abusar –obviamente sin su permiso- de las nuevas generaciones. La conservación y la atracción de nuevas inversiones extranjeras directas, creadoras de empleos de elevada productividad y valor añadido.
Ni que decir tiene que una ciudadanía seria y responsable debería juzgar la labor del Gobierno en función de sus logros en los cuatro ámbitos descritos.
Veamos que da de sí un análisis de estos frentes.
El crecimiento económico –fuente de todo bienestar– debería ser el primer objetivo de cualquier Gobierno responsable, y debe evaluarse en función de su evolución comparada con los países de su entorno, en nuestro caso, la UE.
Si miramos hacia atrás, en tiempos de la Transición decayó nuestra convergencia con Europa; con los gobiernos de Felipe González se volvieron a ganar posiciones, aunque pocas; con los de Aznar se dio un gran salto adelante; con Zapatero se perdieron todos los avances logrados por González y Aznar juntos; con Rajoy se regresó a la convergencia perdida con Zapatero y ahora con Sánchez hemos vuelto a las andadas: los españoles volvemos a perder renta per cápita y posiciones en el ranking de la UE.
Con Sánchez hemos vuelto a las andadas: los españoles volvemos a perder renta per cápita y posiciones en el ranking de la UE
La penosa situación relativa actual –vuelta a la divergencia con la UE– no puede atribuirse a la Covid, pues está afectando a todos los países por igual; solo que aquí el Gobierno lo ha hecho tan mal que ha batido un doble y simultáneo récord: no sólo de víctimas de la pandemia sino de caída de la riqueza.
Hasta el punto de que cuando volvamos a recuperar la renta per cápita de 2019 –con Zapatero se tardaron seis años en la crisis anterior, un récord mundial– España habrá regresado, muy probablemente, en términos de convergencia relativa con la UE a los años 70 del pasado siglo.
En materia de creación de empleo las circunstancias no pueden ser peores: somos el país que mas perdemos y el que menos esperanzas tiene de recuperarlo y menos aún de alcanzar un nivel de inclusión social –que tanto gusta y tan mal practican los progresistas– a nivel europeo.
Mientras que en los países de referencia la población activa real –% población activa menos % desempleo- supera con creces el 60%, en España es del 43%, la más baja junto con Italia entre los países ricos. España se está acercando a toda prisa a la estructura laboral dual de los países menos desarrollados, sin que nadie en el Gobierno le preste la menor atención. A lo sumo se felicitan de las elevadas cifras de damnificados.
España se está acercando a toda prisa a la estructura laboral dual de los países menos desarrollados, sin que nadie en el Gobierno le preste la menor atención
El equilibrio fiscal y la contención de la deuda pública, que definen a los mejores países, se perdieron con la crisis del 2008-2014 y lejos de recuperarse no han hecho sino desbocarse aún más. Anestesiados por el dinero abundante y barato de los bancos centrales y las medidas coyunturales anticrisis de la Covid, España ha emprendido una huida hacia delante de descontrol presupuestario y de deuda que solo puede terminar muy mal.
La inversión extranjera directa es poco amiga de los gobiernos social-comunistas y menos aún si todas las medidas que adoptan se alejan de la ortodoxia económica como está sucediendo ahora; hasta el punto de que todas –sin excepción- las instituciones que juzgan las políticas económicas e institucionales son críticos con ellas.
Después de lo dicho, resulta que nadie habla en España de lo que de verdad importa, mientras se enmascara la dramática situación económica que estamos viviendo con otras barbaridades: la abolición de la lengua oficial en una parte de la nación, la homologación política de los confesos herederos del terrorismo y declarados enemigos de la Constitución y la exterminación de la buena educación pública
Mientras que nadie se enfrenta a los citados temas centrales que debieran abordar unos Presupuestos, todas –sin excepción- las medidas que ya ha tomado o prevé tomar el Gobierno son necesariamente perjudiciales para la creación de riqueza, empleo, saneamiento de las cuentas públicas y la confianza de los inversores internacionales: irresponsables subidas de gasto público permanente –para siempre-, trabas a la creación de empleo con amenazas a las reformas que lo mejoraron, subidas de impuestos impropias para una situación de crisis y menosprecio de la inversión extranjera.
Llegados a este punto, cabe preguntarse: Presupuestos Generales del Estado: ¿para qué?. La respuesta no ofrece dudas: para cualquier cosa menos para el bien de los españoles y de la nación ; eso sí, en medio de una miríada de favores, empleos, subvenciones y trapicheos entre quienes los votarán.
*** Jesús Banegas es presidente de Foro de la Sociedad Civil.