Cuando el Congreso apruebe el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), los españoles habremos puesto en manos del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la gestión de 416.498 millones de euros en 2021.

En un momento de crisis sanitaria y económica, controlar y debatir el destino de cada euro hubiera sido lo deseable. Sin embargo, la política española nos ha distraído estos días con los pactos (o no pactos) con Bildu, los acuerdos con ERC para subir la fiscalidad en Madrid o una reforma educativa, la Ley Celaá, que no aborda los retos en la formación que España tenía pendientes y que la pandemia ha hecho que sea acuciante solucionar.

Con este telón de fondo, Ciudadanos se bajó este jueves del carro de las negociaciones de los PGE y su líder, Inés Arrimadas, confirmó que votará 'no' a estas cuentas públicas que colocan a España en una senda de "radicalismo".

Una deriva que no será gratuita porque impactará en la recuperación económica -para la que es necesaria generar confianza- y mitigará el crecimiento futuro -al alejarnos del camino que nos permitiría aprovechar oportunidades como, por ejemplo, la captación de los fondos que salgan de Reino Unido por el 'brexit'-.

Tras el experimento de Sánchez de llegar a La Moncloa con una moción de censura y permanecer en el poder con unos Presupuestos elaborados por el Gobierno al que desalojó, es fácil pensar que con la aprobación de estas cuentas, el presidente podrá agotar la legislatura si los sondeos así lo aconsejan.

Sin embargo, es posible que la política española tenga que ponerse una vacuna para centrarse en caso de que Pfizer, Moderna y AstraZeneca consigan -como todo indica- poner en circulación la del coronavirus en 2021.

La recuperación económica depende en buena medida de esa vacunación y en cuanto las economías europeas comiencen a despertar la Comisión Europea obligará a España -y al resto de países- ponerse a trabajar en la consolidación fiscal.

Lo hará, además, con el poder añadido que le va a conferir el reparto de los fondos europeos sujetos a la consecución de lo que algunos llaman "hitos", pero que en realidad son reformas.

La recuperación depende de la vacuna y en cuanto las economías europeas comiencen a despertar Bruselas obligará a España a trabajar en la consolidación fiscal

El director del departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, participó este jueves en el Simposio Observatorio de la Movilidad que está celebrando esta semana este periódico.

Y de la intervención del responsable en La Moncloa de coordinar ese reparto de fondos se desprende que Sánchez es muy consciente de que no le va a quedar otra que volver al centro en los próximos meses.

De la Rocha confirmó que habrá reformas y comentó las que tenemos pendientes en el ámbito laboral, entre otros. Aseguró que se harán con el consenso de los agentes sociales, lo que implica conseguir un acuerdo que incorpore a los empresarios a través de CEOE y Cepyme. Es decir, un pacto en el centro.

También habló de cogobernanza con las comunidades autónomas y ayuntamientos para abordar el reparto de los fondos europeos, lo que solo será posible si hay entendimiento entre gobiernos de distinto color político. Además, dejó claro que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tendrá un papel fundamental en el reparto de las ayudas.

Aunque los independentistas sean capaces de llegar a pedir más intervención del Estado en la gestión autonómica como se ha visto con ERC a cuenta de los impuestos en Madrid, cuando llegue el momento de ajustar el déficit y la deuda con recortes estos socios de Gobierno no querrán estar en la foto.

La recuperación obligará a que la política se centre para abordar reformas y elaborar unos nuevos Presupuestos que encajen mejor en Bruselas. Con la deuda rondando ya el 120% del PIB esta vez no se podrá confiar a la suerte la resiliencia de España ante otro ciclón económico que, como hemos visto este año, puede azotarnos en el momento menos esperado.