Si hay algo bueno que tiene Unidas Podemos es que se le ve venir porque nunca ha escondido sus planes. Ya antes de que llegara al poder era conocida la intención de Pablo Iglesias de acabar con la monarquía e intervenir en el poder judicial. En materia económica, también eran conocidas sus ideas bolivarianas.

Pero fue en pleno confinamiento, cuando Irene Montero dijo públicamente que su modelo para sacar a España de la crisis sería el peronismo argentino, el mismo que llevó al default (impago) a ese país. Y quieren empezar a importarlo en materia de vivienda.

El Gobierno de Alberto Fernández -el mandatario argentino con el que cenó Iglesias en noviembre- ha sido el único del mundo que ha prohibido los desahucios y las subidas de alquiler por la llegada de la Covid-19. Se trata de una medida con unas consecuencias dramáticas en dos frentes. 

El primero el de la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, con la consecuente estampida de inversión que esto acarrea y la ansiedad que genera a los pequeños propietarios que han optado por la vivienda como fórmula de ahorro. El segundo, el del abandono de los más vulnerables, el de esos a los que dicen proteger, por las consecuencias que una medida de este calado tendría en el medio plazo en el parque de vivienda español.

Es por esto que en Fomento -donde Sánchez despositó las competencias de vivienda para evitar este tipo de sobresaltos-, están abrumados con las exigencias de Iglesias. Se trata de un decreto que va en la línea contraria de la política de vivienda social y de precio asequible que el Departamento de José Luis Ábalos tiene en estudio con los fondos internacionales, los operadores de alquiler privados y los promotores.

Pero si algo ha quedado claro con la aprobación de los Presupuestos la pasada semana, es que la política manda y no siempre se acuerda del bien económico.

El sector inmobiliario tiene puesta su esperanza en Nadia Calviño. La vicepresidenta ha movido ficha en uno de los ámbitos que mejor conoce: el de los organismos internacionales. No es casualidad que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicara hace pocas semanas un informe en el que alertaba a España del peligro que entraña no proteger a los propietarios.

Un argumento más para llevar al Consejo de Ministros y hacer entrar en razón a Pedro Sánchez.

El problema de la vivienda en España está muy relacionado con el drama de las rentas de un país de bajos salarios, economía sumergida y elevadísimo paro. Requiere una solución. Pero es una enorme negligencia por parte del sector público cargar al sector privado el coste económico de ese fracaso.

El problema de la vivienda requiere una solución. Pero es una enorme negligencia por parte del sector público cargar al sector privado el coste de ese fracaso

En especial, en un momento en el que gobiernos de países vecinos, como el de Antonio Costa, están abriendo las puertas a la inversión internacional, que es la que en última instancia puede bajar los precios del alquiler.

Iglesias quiere prohibir los desahucios, primero hasta mayo, luego quién sabe si hasta diciembre o hasta 2023. Pero el Gobierno no quiere poner un euro sobre la mesa para dar una solución social a esas familias. Es más, quiere que los propietarios sigan pagando impuestos por mantener la casa okupada -IBI o tasa de basuras-, que asuman ellos los costes de reparación posterior del inmueble y la burocracia de las paralelas que les hará Hacienda por no declarar ingresos por el alquiler.

En un momento de extrema necesidad para muchas familias, los operadores privados son los primeros que quieren evitar ejecutar un desahucio a colectivos vulnerables, aunque sea solo por la losa reputacional. De hecho, fue del sector privado del que partió la idea de aplicar moratorias antes de que llegara el primer decreto en el confinamiento.

Desde Asval, el exministro socialista Joan Clos y Beatriz Toribio dieron la idea al Gobierno de crear un fondo público para complementar el dinero de las familias que no pueden hacer frente a los alquileres. Pero el Gobierno no se ha pronunciado sobre esta propuesta. 

A la prohibición de los desahucios (a personas con contrato y a personas que han okupado viviendas por la fuerza sin llegar a firmarlo) se suma la idea del control de precios sobre el alquiler sobre la que numerosos estudios alertan de sus consecuencias nefastas.

No hace falta mirar la evolución de la inversión en Argentina con la Covid para ver los efectos que tienen este tipo de experimentos. Tenemos muy cerca a Cataluña, el laboratorio de pruebas de Podemos y ERC en materia de vivienda.

La reciente legislación para el control de precios en Cataluña -inconstitucional, según el Consejo Estatutuario de Garantías catalán- ya está frenando el mercado del alquiler, según los primeros datos. 

Conocedor del problema, el responsable de Agenda Urbana, David Lucas, quiere promover otra fórmula con incentivos fiscales para los propietarios que bajen el precio de su alquiler a un determinado umbral. Veremos si Podemos lo aprueba.

Desde la puesta en marcha del Plan de vivienda social del Ayuntamiento de Barcelona en 2018, "es palpable la caída de la inversión residencial", según APCEspaña. Ada Colau incluyó en ese plan una reserva obligatoria del 30% de la edificabilidad para construir viviendas protegidas y desde entonces, no consta que ninguna promoción haya pedido licencia bajo esta modalidad.

Y es que esa exigencia convierte en inviable las promociones. La consecuencia es menos oferta y precios más altos, es decir, acceso más difícil a la vivienda para todos los ciudadanos, en especial, para los más vulnerables.

España necesita un parque de vivienda pública en alquiler. Pero tenerlo llevará años y necesitará implicar la inversión del sector privado. Las recetas están claras. Pero algunos buscan empobrecernos a todos para mantenerse en el poder.

ATENTOS A...

La pandemia ha permitido poner aún más en valor los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) en las grandes y pequeñas empresas. Pero esa tendencia irá a más, ya que la victoria de Joe Biden en Estados Unidos hará que las corporaciones pisen el acelerador en esta materia a partir de 2021.

El número de personas dedicadas en la RSC en empresas españolas ha crecido un 44%, según datos de Deloitte y la Fundación Seres. Y se espera que ese incremento continúe. Las empresas ya no solo valoran el trabajo de sus empleados, sino que también miran sus acciones de voluntariado.