Felipe VI y Antonio Garamendi se llevan 10 años, pero les ha tocado protagonizar juntos los tiempos de una catarsis. El líder de los empresarios se ha convertido en el principal defensor de la Monarquía por parte de la sociedad civil, aunque ello le obligue a evitar hacer en público algunas reflexiones sobre las investigaciones que afectan al Rey emérito e incluso caer en la contradicción en algunos puntos de su discurso.

Para la patronal, como para muchos españoles, la Monarquía es símbolo de la estabilidad institucional que necesita este país en un momento crítico como el actual. Además, para los empresarios, como para muchos inversores, la Casa Real simboliza la seguridad jurídica de una España con demasiados frentes abiertos para calibrar antes de invertir. El listado sería largo: la 'contrarreforma' laboral, los desahucios y la propiedad privada, el marco tributario...

La investigación sobre la regularización fiscal del emérito choca con este último punto en un momento en el que los empresarios están tratando de hacer ver al Gobierno que ellos no pagan pocos impuestos.

Ante la ofensiva propagandística de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para implementar en España un modelo que han bautizado como el de la 'justicia fiscal', la CEOE ha centrado su estrategia en desmontar ese discurso recordando que el problema de España no es que paguemos pocos impuestos, sino que se pagan entre muy pocos.

El vicepresidente de la patronal, Íñigo Fernández de Mesa, y el director general de su think tank, el IEE, Gregorio Izquierdo, explicaron en octubre que teniendo en cuenta que la economía sumergida en España alcanza el 22%, frente al 13% de la UE, la presión fiscal en nuestro país es muy similar a la de la media europea (44,5% frente al 45%).

España es un país el que uno de cada cuatro euros esquiva a Hacienda. La red de dinero negro se extiende por todas las capas de la sociedad.

Por un lado, están los trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social. por otro, quienes viven de esos negocios en los que cuando el cliente va a pagar se le pregunta: "¿con o sin factura?". Y en otro lugar están los 'ricos' que utilizan fórmulas para no pagar impuestos en España. Unas lícitas -ideas como la de cambiar la residencia a Portugal, no es ilegal, todo hay que decirlo- y otras no.

Sobre los españoles que figuran en el primer grupo, es decir, el de los que no cotizan, Funcas encargó un estudio a los economistas José de Hevia, María Arrazola, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez en el año 2011. Y estimó que alrededor de 2,5 millones de ocupados españoles formaban parte de la economía sumergida.

En el caso de los autónomos que no declaran IVA, los cálculos de Gestha dicen que representan el 8% del total de la evasión fiscal. En su mayoría, es dinero que está relacionado con operaciones inmobiliarias. Pero desde el máximo que alcanzó esta cifra en el año 2007, estos 'pagos' han ido disminuyendo ante las actuaciones indagatorias que se han ido realizando desde la Agencia Tributaria.

Queda el último grupo, el de las fortunas anónimas y el de las que sí conocemos por las informaciones que se han ido publicando sobre la Lista Falciani en el HSBC, los Papeles de Panamá, el caso del Football Leaks, los Papeles del Paraíso o la red de Gao Pin. 

Un listado de operaciones que han provocado el escándalo de la opinión pública, pero no han llegado a provocar el estupor que ha generado la regularización fiscal de Don Juan Carlos por la ejemplaridad que se le presupone a un Rey, aunque sea emérito.

En un momento en el que los empresarios quieren presentarse ante los españoles como los actores independientes y capaces de controlar al Gobierno para evitar posibles corruptelas en el reparto de los fondos europeos, Garamendi debe extremar la cautela con la ejemplaridad.

En ese sentido, el pasado de la patronal no ayuda con un expresidente, Gerardo Díaz Ferrán, que entre otros delitos fue condenado por uno fiscal y que fue compañero de cacerías del Rey emérito en compañía de otras figuras del empresariado español, como Arturo Fernández, condenado por las black.

El fraude fiscal provoca al año unas pérdidas para las arcas públicas de 91.600 millones de euros. Según explica Gestha, de esta cuantía 60.600 millones de euros son por impuestos evadidos y 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social. Esa cifra total habría permitido pagar casi de golpe el déficit de los últimos tres años previos a la pandemia.

Los empresarios deben defender la seguridad jurídica, pero la catarsis en España es necesaria porque de ella depende que podamos pagar la factura de esta nueva crisis sin que se genere aún más fractura social.

ATENTOS A...

Las horas trabajadas en España se han convertido en el mejor indicador de la situación real del mercado laboral en la pandemia. Dado que los trabajadores que están bajo la figura de ERTE no están incluidos en los datos de paro, la evolución de ese tiempo de trabajo está siendo monitorizada por el Banco de España para ver si se recupera el empleo perdido durante la crisis.

Los datos no son alentadores. De hecho, como advirtió Pablo Hernández de Cos en el Senado el pasado viernes el Gobierno debería permitir a las empresas ir ajustando sus plantillas porque habrá empleo que no se pueda recuperar. Al gobernador le preocupan los datos que maneja su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, que ha calculado que la cifra de horas trabajadas no volverá a alcanzar el nivel previo a la pandemia al menos hasta finales de 2022.