Se acaba el año y el Gobierno va a cumplir con su compromiso de aprobar el Real Decreto Ley que ha sido bautizado en el mundo empresarial como el de los 'cuellos de botella' porque busca agilizar la burocracia y los tiempos para poder exprimir las ayudas europeas.

Antonio Garamendi cree que "España se juega su recuperación" en esta normativa y se lo ha hecho saber al Gobierno en un documento de 32 páginas, elaborado por juristas de Garrigues, Uría Menéndez y Cuatrecasas, que envió a la Oficina Económica del Gobierno hace unas semanas.

Haciendo lobby, los empresarios redactaron un borrador de Real Decreto en el que proponían a Manuel de la Rocha la normativa que consideran necesaria para que se pueda cumplir la promesa hecha desde la CEOE por Íñigo Fernández de Mesa de que por cada euro de inversión pública, el sector privado pondrá cuatro.

Sin que esté muy claro cómo se ha hecho ese cálculo, todo el mundo compartirá que cuando el dinero público arrastra la inversión privada, el efecto multiplicador para la generación de riqueza es mucho mayor.

Pedro Sánchez lo sabe y quiere dar peso a las empresas, pero siempre y cuando sea Iván Redondo el que tenga la sartén por el mango. Por si alguien tiene duda, hasta lo ha incorporado al borrador de Real Decreto-Ley de Medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Para el desarrollo de estos planes será necesaria la colaboración de todos los actores, públicos y también privados, por lo que la participación y la gobernanza multinivel será necesaria. No obstante lo anterior, será evidente el papel protagonista de las Administraciones públicas para el impulso, seguimiento y control de los proyectos del Plan".

Pedro Sánchez lo sabe y quiere dar peso a las empresas, pero siempre y cuando sea Iván Redondo el que tenga la sartén por el mango

Todo es susceptible de cambiar en unas horas, pero el último documento que maneja el Gobierno no incorpora muchas de las peticiones que la CEOE ha planteado en su borrador de proyecto de ley redactado por abogados de varios bufetes privados.

Los empresarios habían pedido al Ejecutivo que contara con la banca para el reparto de ayudas. Y en su propuesta de Real Decreto incorporaron este punto. Es más, probablemente conscientes de que la propuesta iba a levantar suspicacias, proponían que el Banco de España actuara como fiscalizador de las ayudas europeas que anticiparan los bancos.

A falta de una agencia independiente para el reparto de fondos, la idea de incorporar a una figura independiente como Pablo Hernández de Cos para permitir que los bancos adelanten el dinero de los fondos puede ser interesante.

Pero en Moncloa no acaba de convencer; no se sabe si porque nombrar a este gobernador fue la última decisión que tomó Mariano Rajoy antes de la moción de censura o por los 'tirones de orejas' que el economista ha dado al Ejecutivo a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán de forma definitiva la próxima semana.

Los empresarios también han pedido al Ejecutivo que extienda a la iniciativa privada la capacidad de proponer ideas para las subvenciones que se vayan a entregar a cuenta  de estas ayudas europeas.

Sin embargo, parece que el Gobierno se decanta más por acotar a "grupos de trabajo" esa capacidad de hacer propuestas.

En este sentido, los empresarios ya se pusieron la venda antes de la herida y la Oficina de Proyectos Europeos de la patronal en la que trabaja el consultor Luis Socías envió a De la Rocha un documento con 21 proyectos tractores para modernizar España. Y seguro que no les importa perder el copyright.

La relación entre Moncloa y la empresa nunca ha sido un idilio. Con la llegada de Pablo Iglesias a la vicepresidencia del Ejecutivo todo apuntaba a la ruptura total. Sin embargo, Nadia Calviño y sus ministros afines han sido un puente para conectar a los empresarios con Sánchez. 

Si hay algo que el presidente comparte con ellos, es el pragmatismo. De ahí que no sea casual el entendimiento que mantiene una parte de este Gobierno con Ignacio Galán, José Bogas o José María Álvarez-Pallete y que ya se está plasmando en hechos.

La pasada semana tuvimos dos ejemplos. Teresa Ribera logró aprobar el pasado martes el anteproyecto de Ley para modificar el sistema de financiación del sistema eléctrico e introducir una penalización al gas y la gasolina a cambio de abaratar el futuro recibo de la luz.

Y el viernes se materializó una operación apoyada desde Moncloa y que contó con el apoyo de Telefónica para convertir al armenio Joseph Oughourlian en presidente en funciones de Prisa.

La pandemia y los bancos centrales han empoderado al sector público, pero el Estado sigue necesitando involucrar a las empresas para sostener la economía. 2021 será el año de transición hacia el modelo de cooperación público-privada que quiere establecer Bruselas con los fondos. Veremos cómo funciona. Lo bueno es que podremos compararlo con otros países que van a optar por modelos distintos.

ATENTOS A...

Ana Botín ha perdido una batalla en Prisa con el cese de Javier Monzón. Se comenta que en los días previos al golpe del fondo Amber, el Santander había intentado buscar apoyos en el sector de los medios de comunicación para intentar evitar que Oughourlian se hiciera con la presidencia del grupo de medios.

El banco habría contactado, entre otros, con Grupo Vocento, al que ha concedido financiación en los últimos años, para intentar que se involucrara en una operación. Todo ello, después de que el consejo de administración de Prisa descartó la oferta de Blas Herrero.