El próximo jueves 7 de enero, con la digestión del roscón de Reyes, se cumplirá un año de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del primer Gobierno de coalición de izquierdas de nuestra democracia.
Fue un 5 de enero cuando el candidato a la presidencia acudió al Congreso para pedir la confianza ante el estupor del mundo de la empresa. Los empresarios habían pedido, primero, un Gobierno entre el PSOE y Ciudadanos para frenar a Unidas Podemos, y después, un gran acuerdo de los socialistas con el Partido Popular para evitar el abrazo que Sánchez dio a Pablo Iglesias en el Pacto del Comedor.
Han pasado 12 meses desde entonces. Diez de ellos marcados por la pandemia. Pero la prima de riesgo española permanece hoy en los niveles de hace un año, pese a que acaban de entrar los Presupuestos más expansivos en gasto público de la historia. No por mérito de los morados, ni del presidente, sino del coronavirus.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias.
La pandemia ha forzado a Christine Lagarde a sacar la munición que los analistas decían que el BCE no tenía y a Ursula von der Leyen a impulsar un acuerdo para la reconstrucción, un pacto que hace un año no hubiéramos creído posible en la Unión Europea de las palomas y los halcones.
Pese al duro golpe de la Covid y a la debilidad parlamentaria de su Gobierno, Sánchez ha sobrevivido al primer año de legislatura y ha conseguido hacerlo con el respaldo de los empresarios en muchos más temas de los que hubiese sido posible pensar hace tan solo un año. Estos meses dejan también imágenes como la de Ana Botín charlando de manera distendida con Irene Montero en la Casa de América o fotos, casi habituales, de Antonio Garamendi con la ministra Yolanda Díaz.
¿Han normalizado los empresarios la relación con un Gobierno en el que hay un vicepresidente que quiere 'argentinizar' España? No nos engañemos. "Lo que hay es un control de daños", reconoce en privado una persona que representa bien el pensar del Ibex 35 y las empresas españolas.
Sánchez ha conseguido el respaldo de los empresarios en más temas de lo que hubiese sido posible pensar hace un año. El motivo es el 'control de daños'
Sin embargo, añade, eso no significa que no exista preocupación. Primero, porque en el mundo de la empresa se considera que los Presupuestos para 2021 no son buenos para sus intereses a pesar de que incorporan los famosos fondos europeos.
Segundo, porque aseguran que el ruido que se ha generado en los últimos meses con la reforma laboral, el SMI o la prohibición de los desahucios ha lastrado la inversión extranjera de los fondos en España en un momento en el que el país depende de la financiación exterior.
Y tercero, porque temen que una vez pase la emergencia sanitaria, España caiga en una "parálisis" regulatoria fruto de un Gobierno con el Consejo de Ministros dividido y sin una mayoría fuerte en el Parlamento para acometer reformas.
La estrategia empresarial pasa, así, por 'esperar a que pase el chaparrón' y a que desde la Unión Europea se refuerce al ala del Gobierno que representan, en el ámbito económico, Nadia Calviño, José Luis Escrivá, Reyes Maroto o Teresa Ribera.
Antonio Garamendi con Yolanda Díaz, Ana Botín con Irene Montero y Christine Lagarde con Ursula Von der Leyen
Una 'calma-tensa' que mantienen porque cualquiera que sepa de números sabe que la barra libre fiscal que Bruselas ha abierto para los Presupuestos de 2021 no seguirá abierta más allá de 2022 y será necesario forjar otra mayoría.
Pronto, España tendrá que acometer reformas y seguir con la consolidación fiscal que abandonó ya antes de la pandemia en un año preelectoral. Lo hará con la supervisión de Bruselas y hay quien considera que incluso con su intervención en las decisiones a cambio de que se libren los fondos. Un dinero, cuya ejecución, que determinará el balance de lo que dure esta legislatura.
El coronavirus ha hundido el PIB español y mundial, lo que complica cualquier comparación que se quiera hacer para evaluar este primer año de Gobierno de Sánchez e Iglesias.
La deuda y el déficit se han disparado y han convertido a España en un país más dependiente de los inversores internacionales. Esto significa que, sin su dinero, no será posible sostener el discurso de la 'política social'.
Así que el 'damage control' en 2021 tendrá dos caras. La de los empresarios, que hemos conocido bien en el año que acabamos de despedir. Y la de los 'ministros ortodoxos' de Sánchez, los imprescindibles para que sea posible ejecutar los fondos europeos y no perder inversión extranjera más allá de lo que sea necesario para sostener la coalición el tiempo que necesite el presidente.
ATENTOS A...
El Ministerio de Industria tendrá un papel menos importante de lo esperado en el reparto de los fondos europeos, mientras que el Ministerio de Hacienda ha salido reforzado en las negociaciones que todos los ministros han tenido en los últimos meses con La Moncloa para tener más peso en el reparto de fondos. Todo esto según los mecanismos establecidos en los dos Real Decreto Ley que entraron en vigor el pasado viernes para modernizar la Administración y gestionar las ayudas europeas.
María Jesús Montero, Mercedes Caballero y Reyes Maroto.
Si en el borrador con esta normativa que se filtró en noviembre, Reyes Maroto iba a tener una gran importancia en la canalización de estas ayudas, ahora es María Jesús Montero la que tiene los 'grandes poderes'.
Prueba de ello ha sido el nombramiento de Mercedes Caballero como responsable de la Dirección General de Fondos Europeos que dependerá del Ministerio de Hacienda.
La pérdida de peso de un Ministerio inversor por otro fiscalizador ha causado perplejidad en algunas empresas que confiaban en que el Gobierno reforzara a Industria y a Economía para hacer más ágil el reparto de las ayudas y conseguir que tuvieran un mayor impacto en la economía.
