Despedimos el año 2020 con la aprobación de un anteproyecto de Ley que se tramitará este año en el Congreso para abaratar el precio de la electricidad y recibimos 2021 con una borrasca que ha disparado el precio de la luz en el mercado mayorista hasta niveles inéditos.

A la espera de que Madrid se congele a temperaturas inferiores a 10 grados bajo cero, el precio mayorista de la electricidad se disparó en España la pasada semana y lideró las tarifas de Europa durante varios días. Ese coste tiene un peso cercano al 35% en la factura que paga el consumidor final, que subirá "unos cuantos euros", según se aclaró desde el Gobierno para pedir que no se genere alarmismo con un asunto especialmente sensible para la sociedad en plena ola de frío.

En todo caso, es una subida que pagarán las familias, los autónomos y las empresas en un momento económico de extrema vulnerabilidad a las puertas de la tercera ola del coronavirus y después de tres trimestres de hundimiento de las ventas para buena parte de nuestro tejido empresarial.

Como siempre ocurre, son los más pobres quienes más sufren los estragos de fenómenos inesperados, como la Covid-19 o Filomena. Dos tormentas que ponen a prueba el enfoque social de un Gobierno que llegó al poder prometiendo reducir la desigualdad y proteger a los más vulnerables también con su política energética.

Un discurso del que Sánchez e Iglesias quieren apropiarse a pesar de que en materia energética el Gobierno de coalición ha encontrado inspiración en diversas acciones de otros gobiernos e incluso de grandes empresas. Entre otras, en un plan que promovió la Fundación Naturgy en Madrid. Primero con Manuela Carmena y después, con José Luis Martínez Almeida.

Y es que en un país en el que llevamos años buscando un modelo energético consistente, parece que la mejor receta contra la subida del precio de la luz pasa por la rehabilitación de las viviendas para que consuman menos y pierdan el menor calor posible.

El Gobierno dice que la luz subirá unos cuantos euros, pero los pagarán familias, autónomos y empresas en un momento económico de extrema vulnerabilidad

Dos de cada tres familias vulnerables viven en edificios que fueron construidos hace al menos 25 años, cuando todavía no existían normativas de eficiencia para la construcción.

La pobreza energética también suele estar ligada a la falta de recursos para renovar electrodomésticos viejos por otros más eficientes y que consumen menos. Esto implica que los hogares de los que menos tienen acaben teniendo que asumir una factura de la luz muy superior a la de familias que tienen recursos para poder calentar su casa y ver la televisión o poner una lavadora.

Para reducir esa brecha, Francisco Reynés impulsó en la ciudad de Madrid de la mano de la Fundación Naturgy que preside Rafael Villaseca un proyecto para rehabilitar y acondicionar viviendas de familias vulnerables.

En los últimos dos años, la empresa ha invertido en este proyecto 4,3 millones de euros que han servido para acondicionar los hogares de 1.750 familias vulnerables y que estos días mantendrán la temperatura de su vivienda con un coste mucho más asequible para sus bolsillos y contaminando menos.

Se trata de un plan contra la pobreza energética que atañe también al sector inmobiliario, puesto que para conseguir un mejor aislamiento la Fundación financia el cambio de carpinterías y vidrios o el aislamiento de paredes y techos. Y lo hace dando empleo a parados de larga duración en colaboración con varias ONG.

Son medidas que pueden suponer un ahorro de entre 300 y 650 euros en climatización al año y que permiten que casi desaparezcan los días en los que esas viviendas bajan hasta temperaturas -atención- de menos de 10 grados centígrados, según datos de la Fundación Naturgy.

La idea ha despertado el interés del Ministerio de Teresa Ribera, impulsor de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Y además, su filosofía encaja bien dentro de los proyectos que España impulsará con los fondos europeos en los próximos meses.

Sin embargo, rehabilitar llevará tiempo. Y mientras, cualquier subida del precio de la luz con un Gobierno en el que hay un partido con voces que reclaman la nacionalización de las eléctricas será un caldo de cultivo peligroso.

Algo que se podría paliar de manera temporal con la medida que ha propuesto Inés Arrimadas de reducir el IVA en las facturas de luz y gas natural mientras dure la pandemia. Se daría así menos pábulo a los argumentos de Echenique y lo más importante, se daría oxígeno a familias y empresas para afrontar la cuesta de enero y febrero con mayor pendiente de la historia reciente.

ATENTOS A... 

Este gráfico de Freemarket Corporate Intelligence con datos del Ministerio de Hacienda que agrega la aportación de la Comunidad de Madrid y Cataluña al Fondo estatal de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

Madrid ha aportado en la última década a ese fondo más de 31.732 millones de euros, frente a los más de 11.193 millones de euros de Cataluña. Esto significa que la aportación de los madrileños ha sido más de tres veces superior a la de los catalanes. En términos per cápita, la diferencia entre las dos regiones es de 4.747 euros por ciudadano (Madrid) frente a 1.471 euros (Cataluña) en 10 años.

Son datos que desmontan muchos falsos mitos sobre la solidaridad de Madrid ahora que muchos acusan a la capital de dumping fiscal.