Hacer balance de todo lo vivido este año es doloroso pero necesario. Un ejercicio imprescindible para afrontar 2021 con un propósito de mejora honesto. Se lo debemos a los más de 65.000 conciudadanos que, según cifras del INE, se ha llevado por delante hasta el momento el coronavirus en España. Frente al silencio, nuestra obligación es aportar voz y memoria.

El objeto social del sector de la sanidad privada es procurar al paciente que deposita su confianza en nuestra atención médica el mejor servicio en las condiciones de excelencia posible ante las circunstancias volubles y dinámicas, inmensamente complejas en estos meses. Esa ha sido nuestra principal preocupación durante la pandemia.

De igual forma, como parte del Sistema Nacional de Salud, hemos ejercido ante la crisis un papel de colaborador estratégico e imprescindible para atender a miles de españoles que han padecido esta enfermedad derivados desde el sistema público sanitario, ofreciendo nuestra capacidad implantada incluso antes del confinamiento y ejerciendo como reserva flexible ante las necesidades del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas.

Para nosotros, nunca la palabra “juntos” había adquirido la relevancia de lo vivido en este tiempo. Juntos con nuestros pacientes. Juntos entre los profesionales sanitarios. Juntos entre nuestros 460 hospitales con internamiento repartidos por todo el país. Juntos con las administraciones públicas, como un todo, demostrando que no existen diferencias. Y juntos como país, como colectivo social notablemente golpeado, que ha debido realizar sacrificios de todo orden.

Por eso, hemos decidido en todo momento mantener alzada nuestra voz. El sector ha redoblado esfuerzos para ser transparente durante el día a día de esta crisis sanitaria, trasladando en todo momento cómo se estaba afrontando la emergencia de la Covid-19 en nuestros centros. La misma política hemos aplicado estrechando la comunicación con nuestros asociados y los casi 270.000 profesionales sanitarios a los que representamos. El objetivo: canalizar sus preocupaciones a través de nuestra interlocución con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En esta línea, hemos tratado de mantener siempre la actitud constructiva que entendemos como un deber, transmitiendo nuestras propuestas a los responsables políticos con el único fin de responder lo mejor posible, y de forma conjunta y colaborativa, a las múltiples situaciones críticas sobrevenidas en el contexto de la pandemia que aún nos golpea.

Frente a la escasez de material de las primeras semanas de marzo respondimos a la petición del Ministerio para localizar y movilizar respiradores con la máxima urgencia a aquellos territorios donde eran más necesarios; compartimos contactos de proveedores de material de protección para el personal sanitario y mantuvimos en todo momento la mano tendida para el resto de obstáculos logísticos surgidos esos primeros días.

Con la presión asistencial de la primera ola, comenzamos a recabar datos a diario de ocupación y disponibilidad de camas UCI y demás medios asistenciales en nuestros centros con el fin de ser ese recurso estratégico y altamente cualificado del Sistema Nacional de Salud que todo responsable político debe valorar, más si cabe en este contexto.

Ante esto, hemos observado con incredulidad y cierta impotencia cómo en algunas regiones se construían o habilitaban infraestructuras temporales mientras nuestros hospitales permanecían a disposición de las autoridades sanitarias, tal como ordenaba el estado de alarma, muchos de ellos vacíos de pacientes y llenos de personal sanitario, tras la desprogramación de toda actividad no urgente.

Una desprogramación sin precedentes que a la sanidad privada le ha supuesto una factura económica que ha provocado quiebras y destrucción de empleo. El propio ministro Salvador Illa prometió compensaciones, al menos por los recursos utilizados, pero emplazó a que se negociaran con cada comunidad autónoma.

La verdad, a día de hoy, es que ha habido una escasa voluntad de ayudar al sector sanitario privado, sin tener presente que somos un recurso que asiste a 12 millones de españoles y que, si no sobrevivimos, España entrará un fallo sistémico sanitario.

Después asistimos consternados a la situación dramática vivida en muchas residencias de mayores de nuestro país durante los peores momentos de la curva de contagios. ASPE, junto a CEAPs y AESTE, organizaciones empresariales sanitarias, sociosanitarias y de la dependencia, propuso la creación de un órgano de coordinación y gestión que, liderado por la Administración, contara con la activa participación de expertos del sector sanitario privado.

Pero la política del silencio se interpuso en la búsqueda de soluciones y ante la propuesta de crear este organismo para coordinar la lucha contra el Covid-19 en las residencias, no se obtuvo si quiera respuesta.

A las puertas de la segunda ola de la pandemia, en el mes de septiembre, insistimos al Gobierno en que era el momento de establecer un marco de trabajo conjunto. Poner todos los medios a disposición de nuestro Sistema Nacional de Salud pero bajo un acuerdo público-privado claro y coordinado. En definitiva, sumar fuerzas en modo eficiente para evitar que el nuevo repunte de la pandemia volviera a desestabilizar nuestro sistema sanitario y a sus profesionales. De nuevo se impuso la política del silencio.

Como lo ha hecho también frente a la alarmante escasez de personal sanitario que en repetidas ocasiones venimos advirtiendo, junto al Consejo General de Enfermería y otras asociaciones profesionales. Consideramos que es necesario adoptar un régimen de compatibilidad absoluta para el libre ejercicio de la asistencia sanitaria entre el ámbito privado, concertado y público de estos profesionales al menos mientras dure la pandemia.

La interpelación más reciente se ha producido con motivo de la ‘Estrategia de Vacunación Covid-19’ anunciada por el Ejecutivo central. Una estrategia de vacunación para la que, por el momento, tampoco se ha contemplado el apoyo de la sanidad privada, a pesar de llevar años participando en otras campañas de vacunación de relevancia como la de la gripe y a diferencia de otros países vecinos como Alemania.

Tampoco el hecho de contar con la confianza de una cuarta parte de la sociedad española que acude de forma regular a nuestros centros para cuidar su salud, ha servido para convocarnos si quiera a participar en el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación Covid-19.

Nuestra reflexión, es que en muchos aspectos, se ha reproducido una política sanitaria basada en la ausencia de respuesta ante problemas y propuestas concretas de nuestro sector frente a una crisis sanitaria sin precedentes. O directamente, se nos ha ignorado. No es precisamente la mejor receta para encarar el nuevo año y la pandemia que sigue entre nosotros. La política del silencio preocupa al sector sanitario, sociosanitario y profesional e impide mirar al futuro con optimismo. Que pongan remedio.

Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española)