Dicen en su entorno que el ministro José Luis Escrivá es un tipo duro, de los que aguantan, que él no es político y que no está pensando en dimitir, como algunos tratan de conseguir lanzando bolas de fuego enemigo y amigo.

El expresidente de AIReF llevará mañana, martes, al Consejo de Ministros el decreto para prorrogar los ERTE y las ayudas a los autónomos hasta el 31 de mayo que ha redactado su equipo con el de su compañera Yolanda Díaz.

En febrero, quiere aprobar la modificación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para extenderlo a personas sin hogar y, antes de que llegue la primavera, espera tener aprobado el complemento de maternidad en las pensiones. Esto último dentro de un paquete de medidas en que también se aprobará acercar la edad legal de jubilación a la real y una nueva fórmula de revalorización que garantice el poder adquisitivo a los pensionistas al compensar los años en los que el IPC sea negativo.

Hasta aquí, todo medidas más o menos populares. El retraso efectivo de la edad de jubilación entrará en vigor de forma gradual y no supondrá un gran desgaste para el Ejecutivo.

Pero, después, habrá que afrontar una segunda fase de la reforma de las pensiones que apenas se ha esbozado en el plan de reformas enviado a Bruselas y que es imprescindible para que la Comisión Europea libere los fondos que, por cierto, todo apunta a que van a venir ya con algún mes de retraso (como la vacuna de AstraZéneca).

Antes de seguir avanzando, una pausa para refrescar la memoria. Para que todos hablemos el mismo lenguaje y sea fácil aventurar cómo acabará el año.

En mayo de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que dar un giro radical a su política económica con un recorte histórico del gasto social que incluyó la suspensión de la revalorización de las pensiones por exigencia de Van Rompuy y Durão Barroso (Bruselas) y Jean Claude Trichet (Fráncfort). Después, llegó la reforma de 2011.

Mariano Rajoy tuvo que seguir caminando por esa senda, pero le tocó un tramo más pedregoso. Cuenta un exministro de su Gobierno cómo el expresidente reunió un día a sus ministros para trasladarles que, a cambio de ayudar a España, Bruselas le había planteado dos opciones: recortar las pensiones un 10% o reducir el tiempo de la prestación de paro de 24 a 12 meses.

Cuenta un exministro que Bruselas planteó a Rajoy dos opciones: recortar las pensiones un 10% o reducir la prestación de paro de 24 a 12 meses

Para ofrecer una alternativa a Bruselas que fuera más aceptable para los españoles, el área económica aprobó una serie de recortes. Entre otros, la reducción de la prestación por desempleo desde el sexto mes para nuevos parados, la supresión de la mayoría de bonificaciones a la contratación y aceleró lo que acabó siendo la reforma de las pensiones de 2013. 

Aquello fue en el verano de 2012. Nueve años después, España tendrá que someterse de nuevo a las exigencias de Bruselas para recibir unos fondos que cada vez son más necesarios, no ya para transformar el país, sino para evitar un hundimiento económico más brutal del que hoy estamos viviendo y del que se avecina con las quiebras empresariales de los próximos meses anunciadas por el gobernador Pablo Hernández de Cos.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha arrancado 2021 rebajando expectativas, no ya de su previsión de recuperación más optimista -la que se incluyó en los Presupuestos de un 9,8% y ningún economista se cree-, sino la más conservadora -creceríamos al 7,2% sin el efecto de los fondos-. Ahora se agarra al 7% probablemente pensando en que el dato final pueda ser más próximo al 6%.

Decía Manuel de la Rocha la pasada semana que, "afortunadamente", la Unión Europea no ha repetido los errores del pasado en la respuesta a esta crisis, aunque pedirá que este país acometa reformas para liberar los fondos.

Sabemos bien que, cuando la Comisión Europea de Ursula von der Leyen pide a España que reforme su sistema de pensiones, lo hace pensando en la austeridad. Y será este Gobierno el que tenga que aprobar esas recetas que, como van a ser impopulares, necesitan un amplio respaldo parlamentario para que no corran la misma suerte que la reforma de 2013.

Lo más curioso de todo es que, como recuerda el exministro del Gobierno del PP, en 2018, la exministra Fátima Báñez y Magdalena Valerio llegaron a un principio de acuerdo para reformar las pensiones con el apoyo de Cristóbal Montoro y Manuel Escudero. Pero llegó la moción de censura y se fue al traste.

Ese era el germen del pacto que el Pacto de Toledo estuvo a punto de aprobar en la primera legislatura de Pedro Sánchez, pero que Unidos Podemos impidió.

Y así hemos llegado a este punto en el que Escrivá -con unos planteamientos conocidos por todos por su paso por la AIReF- tendrá que escudarse en la tutela de la UE para sacar adelante en otoño una ampliación del periodo de cómputo de los años trabajados para calcular la pensión.

Una medida que beneficiará a algunos trabajadores que llegaron al final de su vida laboral en la crisis de 2008 y perdieron su empleo. Pero que, en términos globales, supondrá un recorte en el gasto en pensiones, que ahora ronda el 12% del PIB. 

Estando tan clara la cosa, seguimos hablando del 'Juego de Tronos' de este Gobierno de coalición. Así, no prestamos atención a que los empresarios todavía no saben qué va a pasar con la subcontratación en la 'contrarreforma' laboral, a que el 'crecimiento' del PIB va a ser del 0% este trimestre (¡ay!, la descartada recuperación en L...), de la pobreza energética o, por supuesto, de la dramática evolución de las cifras de la Covid.

ATENTOS A...

Pedro Sánchez participó la pasada semana en un foro en el que fue entrevistado por Gabriela Cañas. La presidenta de Efe preguntó al presidente del Gobierno cuáles son sus proyectos favoritos para los fondos europeos. Sánchez enumeró varios. Pero entre ellos, mencionó el futuro de las baterías para coches eléctricos que se hacen con litio. Y subrayó que España cuenta con yacimientos de este elemento químico.

Como se avanzó en Las siete y media el pasado 26 de octubre, en la Comisión Europea están perplejos por el bloqueo a la explotación de esos yacimientos que han impuesto a nivel local el PP y el PSOE en Extremadura. Sánchez cree que España debe aprovechar esta oportunidad. Veremos si consigue doblegar el pulso a los socialistas extremeños en este asunto.