Como es habitual en estas fechas, el ministro de Seguridad Social de turno ha remitido una carta a los pensionistas para informarles de los cambios en su pensión en el nuevo año. En 2021, José Luis Escrivá explica en la misiva que las pensiones se revalorizarán un 0,9% para garantizar que los perceptores no pierdan poder adquisitivo en este duro contexto de pandemia.

Además, les cuenta que la Comisión del Pacto de Toledo ha alcanzado un "amplio acuerdo" para garantizar que las pensiones se revaloricen todos los años en base al IPC. Un compromiso, dice el ministro, que se enmarca dentro del "crecimiento inclusivo que no deje a nadie atrás" que pregona el Gobierno.

Lo llamativo de la carta viene al final. 

"Aprovecho esta ocasión para transmitirle, en nombre del Gobierno de España, la seguridad y certidumbre de que el sistema público de pensiones se asienta sobre bases extraordinariamente sólidas y la confianza absoluta en su futuro".

Digo llamativo porque si esto fuera así no debería ser necesario poner 'patas arriba' el sistema, como va a hacer a lo largo de este año Escrivá bajo la supervisión de Bruselas. La Comisión Europea no tiene esa "confianza" y ha exigido a España un recorte del gasto en pensiones con un acuerdo político que lo blinde ante un cambio de Gobierno.

La Comisión Europea no tiene la 'confianza' de Escrivá en el sistema de pensiones y ha exigido un recorte del gasto

Como recordaba en Invertia la profesora de la Universidad de Liverpool, Carmen Boado, ya en 2008 un grupo de expertos demostró en un informe que el sistema no era sostenible con los datos de 2006, un año sin crisis y de abundante liquidez.

El déficit de la Seguridad Social está lejos de estar controlado por falta de ingresos suficientes para compensar los gastos, es decir, el pago de las nóminas de los pensionistas. De ahí, que una de las preguntas que le hicieron a Escrivá este martes en el Consejo de Ministros fue la de si recurrirá este año de nuevo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como 'hucha de las pensiones'.

También de ahí que los pensionistas estén preocupados, como sabe el ministro, por el futuro de su pensión. Aunque los que tienen motivos para estar intranquilos son, en realidad, los más jóvenes.

Boado ha estudiado en profundidad el sistema de Suecia de pensiones y considera que uno de los principales pecados del modelo español es la falta de transparencia.

Este año, como todos, los suecos recibirán un sobre naranja de su Gobierno. Pero con un contenido muy diferente al de la carta que manda el Ejecutivo español.

En esa misiva, se informa a los trabajadores en activo sobre el estado real de su futura pensión para que puedan tomar decisiones de ahorro en consecuencia. Mientras, a los jubilados se les entrega información sobre las prestaciones recibidas en el último año.

Este sistema es más transparente que el nuestro y por tanto, genera más confianza. El debate sobre el modelo de las pensiones debería ser entendido por todos y cada uno de los ciudadanos porque se asienta en un contrato social intergeneracional. 

Tratar a los españoles como adultos y explicar su situación real ayudaría a bajar el volumen del ruido político que emborrona este asunto y lo parchea con soluciones pensadas para sobrevivir una legislatura priorizando medidas populares y retrasando los cambios de calado.

El último ejemplo lo volvimos a ver este jueves en el Consejo de Ministros. Gobierno y agentes sociales han alcanzado un acuerdo para aprobar un complemento de maternidad no discriminatorio con los padres que reduzca la brecha de género de las pensiones por el impacto que tiene en las cotizaciones el frenazo laboral de las madres.

En las próximas semanas, Escrivá llevará al Consejo de Ministros una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que blinde a los pensionistas su poder adquisitivo en los años en los que el IPC sea negativo. Y también llevará un acuerdo con los agentes sociales para acercar la edad de jubilación real a la legal.

Son las medidas más dulces o 'menos impopulares' de la reforma de pensiones que viene. A final de año, habrá que hablar de elevar el cómputo de años necesario para calcular la jubilación y de otras medidas que reduzcan el gasto en pensiones a falta de una estrategia certera para subir los ingresos.

Seguiremos con el ruido político y acabará siendo Bruselas la que nos trate como niños y obligue al Congreso a tomar medidas para equilibrar el sistema si queremos acceder a sus fondos.