El impuesto de Sucesiones, ¿'dumping' o corresponsabilidad fiscal?

El Gobierno central se plantea recuperar la autonomía financiera que la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) confirió hace más de dos décadas a las comunidades autónomas, en un año en el que los gastos autonómicos en Educación, Servicios Sociales y Sanidad se han disparado como consecuencia de una de las pandemias más letales vividas en España en el último siglo.

Este año 2020 ha segado la vida de 80.000 españoles que vivían en el lugar que libremente eligieron, y algunos de ellos dejaron a sus herederos un patrimonio por el que estos han tributado de forma progresiva y, en ocasiones, confiscatoria, o por el que solo han aportado un 1% a las arcas públicas.

Algunas regiones decidieron, en el legítimo uso de sus competencias legislativas, bonificar en un 95% o un 99% las transmisiones mortis causa entre padres e hijos, y esto planteó que ciertas personas trasladaran su residencia habitual a comunidades limítrofes, que ofrecían un ahorro fiscal a sus herederos. Pero esta "votación por pies" no es exclusiva de la fiscalidad, pues también se produce cuando una familia decide voluntariamente cambiar su residencia habitual para encontrar un mejor empleo, acceder a mejores centros educativos, o disfrutar de una vivienda de mayor calidad.

Sin embargo, la fiscalidad suscita suspicacias, y es que, el Impuesto sobre Sucesiones recauda casi 14.000 millones de euros al año en todo el territorio español, a pesar de las bonificaciones de la cuota en regiones como Asturias (95%), Cataluña (57-99%), Madrid (99%), Aragón (100%) o Castilla-La Mancha (95%).

Ya en el año 2014, la Comisión de Expertos Fiscales propuso una tributación mínima en todo el país, a través de una tarifa en tres tramos, aplicable según el grado de parentesco con el causante, pero sin considerar el patrimonio preexistente del beneficiario. El mínimo exento lo estipulaba el Estado central y se eliminaban gran parte de las reducciones, limitando así al máximo la autonomía financiera que la LOFCA les confiere a las comunidades autónomas.

Si el Gobierno de Sánchez recupera la recaudación del impuesto, debería recorrer el camino inverso, asumiendo el correspondiente gasto público transferido a las regiones. Y si la reforma plantea establecer una tarifa común en todo el territorio, deberá fijar también unos estándares mínimos para todos los contribuyentes en materia de educación o sanidad, si es que el objetivo pasa por aplicar criterios homogéneos para los españoles. De otro modo, parecería que la reforma no busca la igualdad fiscal de los ciudadanos, sino contentar a algún socio de Gobierno.

Si el Gobierno de Sánchez recupera la recaudación del impuesto, debería recorrer el camino inverso, asumiendo el gasto público transferido a las regiones

Si el Estado central deja a Madrid o a Andalucía sin los más de 2.000 millones de euros que recaudan, o a Cataluña sin los 3.500 millones anuales que llegan a sus arcas por la vía del Impuesto sobre Sucesiones, tendrá que plantearse qué prestaciones que hasta ahora corrían a cargo de las arcas regionales va a financiar.

El uso legítimo y legal de las competencias otorgadas por una ley orgánica como la LOFCA no puede confundirse, de forma interesada, con el dumping fiscal, porque la reducción de la presión fiscal de algunas regiones, lejos de constituir un ejemplo de competencia perjudicial, se trata de una simple muestra de eficiencia económica, pues, con menos recursos, se prestan los mismos o mejores servicios a los ciudadanos, que son quienes, en última instancia, asumen el coste de estos a través de sus impuestos.

Pero, ahondando en las diferencias tributarias, resulta absolutamente inoportuno que se plantee la modificación de un impuesto que grava las herencias en un año en el que las muertes se están disparando. Porque si, por razones desconocidas, la armonización fiscal urge, se puede plantear en otros muchos tributos como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la Tasa sobre el Juego o la parte autonómica del IRPF.

En cualquier caso, la crisis ha afectado de manera muy desigual a los territorios, y cada uno deberá emprender la senda del crecimiento de manera muy diferente. Por tanto, no es el momento de la recentralización, sino de que el Estado central contribuya con fondos propios y europeos a una recuperación económica que, por asimétrica, puede darse de forma mucho más lenta en unos lugares que en otros.

*** María Crespo es investigadora de Fundación Civismo.