Retos de la rehabilitación ante una lluvia de millones

La rehabilitación edificatoria no ha sido uno de los sectores más perjudicados por la crisis de la Covid-19, pero sí va a ser uno de los motores que más contribuyan a la recuperación económica debido al efecto multiplicador que provoca la subvención pública en la inversión privada. Por todo ello, la regeneración de edificios y viviendas se va a convertir en una de las principales palancas en la generación de empleo en los próximos años.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana espera recibir unos 5.300 millones de euros en los próximos tres años para los distintos programas de  rehabilitación energética de las viviendas y renovación urbana.

Además, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético dispone de otros 2.400 millones. Sin olvidar que en los presupuestos generales del Estado para 2021 hay una partida de 1.550 millones para el programa de recuperación económica y social a desarrollar por las distintas CCAA.

Todos estos fondos se destinarán a la rehabilitación de edificios y viviendas con el objetivo de mejorar el parque edificatorio de España, que con cerca de 25 millones de inmuebles más de la mitad se construyeron antes de 1979. En edificios destinados a viviendas apenas el 23,1% son accesibles y más del 80% son ineficientes energéticamente, provocando más del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo del 40% del total de las necesidades energéticas.

Las subvenciones que llegarán a España, por tanto, tienen como objetivo la rehabilitación energética de 480.000 viviendas en tres años. Para la Comunidad de Madrid, que cuenta con el 16% del total de las viviendas de España, el objetivo es regenerar 76.800 viviendas en toda la región, 38.400 solo en la capital. Todo este dinero abre la oportunidad para una profunda transformación eficiente de la ciudad, a la vez que supone un reto a la hora de gestionar tantos recursos. 

Sin embargo, España se encuentra a la cola en la gestión efectiva de los fondos europeos, ya que solo el 39% de los mismos llegan a la economía real. ¿Por qué? En un primer análisis hay que destacar la concurrencia competencial de los tres niveles de Administraciones Públicas (Estado, Comunidades y Ayuntamientos), lo que conlleva a confundir a los ciudadanos con planes que concurren y a veces hasta compiten entre sí, lo que a su vez implica una excesiva burocracia administrativa.

España se encuentra a la cola en la gestión efectiva de los fondos europeos, ya que solo el 39% de los mismos llegan a la economía real

En segundo lugar, apunto la excesiva complejidad normativa derivada de las competencias legislativas de cada nivel de la Administración. Ello provoca una heterogeneidad normativa de cada una de las ayudas, convocatorias con distintos plazos a pesar de perseguir similares objetivos, procedimientos administrativos distintos, retrasos en la concesión de licencias y una compleja ley general de subvenciones.

Además, cada plan cuenta con su propio modelo de gestión, olvidando la necesidad de un modelo único y centralizado en una ventanilla única.

Ello ha provocado en nuestros ciudadanos desmotivación, desconfianza, y un galimatías administrativo que confunde y desincentiva acometer las obras y solicitar las ayudas. ¿Qué soluciones hay?

Ayudaría en la celeridad y eficacia de la distribución de estos fondos que el reparto se realice por el Estado a las Comunidades, según su parque de viviendas. Estas luego deberían establecer criterios objetivos de reparto en función de su parque inmobiliario y de las circunstancias específicas de barrios y poblaciones, como las zonas rurales.

Simplificaríamos los procedimientos administrativos si sólo establecemos una base reguladora única por el órgano gestor municipal, que recoja los principios básicos de este tipo de ayudas, evitando así duplicidad de trámites y grasa administrativa. Esto también requeriría una flexibilización de la ley general de subvenciones y su reglamento.

Contar con un sistema de gestión universal, que canalice todas las ayudas y actúe como ventanilla única, ya sea para el asesoramiento y la divulgación, como para la gestión de las ayudas y sus pagos a los promotores de las actuaciones. En este sentido, por ejemplo, la EMVS de Madrid ha desarrollado durante los últimos 40 años una gran experiencia en gestión de todo tipo de ayudas a la rehabilitación desde los distintos programas estatales, regionales y municipales.

No obstante, los nuevos tipos de intervenciones urbanísticas que comprenden complejos procesos de renovación urbana y eficiencia energética, necesitan más herramientas de colaboración público privada que impliquen a todos los sectores económicos y sociales, herramientas que se pueden instrumentar en cooperativas de rehabilitación, empresas rehabilitadoras, entidades urbanísticas colaboradoras o asociaciones administrativas de cooperación, además de la creación de oficinas verdes para la rehabilitación energética.

También es necesario implementar nuevas herramientas urbanísticas, ya que hasta ahora todos los planes urbanísticos partían de planteamientos expansivos de las ciudades, y todos sus instrumentos han estado al servicio de la nueva construcción. La realidad actual nos demuestra que las ciudades no pueden expandirse ilimitadamente y que los centros urbanos y barrios periféricos necesitan acometer profundas actuaciones de regeneración y renovación urbana. Por ello, se necesitan nuevas herramientas más flexibles y ágiles, una redefinición amplia de los usos en suelos dotacionales y la agilización de las licencias.

Otra medida importantísima es la fiscal, y en este sentido, se deben incluir como deducciones en el IRPF cualquier inversión en la rehabilitación de la vivienda y por supuesto, que, en todo caso, las ayudas recibidas no se consideren incremento patrimonial. Todo ello junto a una armonización del tipo reducido del IVA en todas las actuaciones de rehabilitación.

*** José Antonio Acosta es gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, especialista en rehabilitación.