Un año después de que diera comienzo el estado de alarma ante la amenaza del coronavirus en España, el panorama económico y empresarial continúa siendo víctima de un virus que ha paralizado el consumo y la vida como la conocíamos hasta ahora en el mundo entero.

De hecho, según la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), para este año 2021 se prevé una avalancha de concursos de acreedores que, como mínimo, van a cuadruplicarse. Esto implicaría que a lo largo del año se superarán los 10.000 procedimientos de este tipo.

La situación de ahogo se agudiza en algunos sectores especialmente impactados por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, como el retail o el turismo, que se ven obligados a afrontar solicitudes de concursos de acreedores y, en muchos casos, cierres. Por ello, resulta de vital importancia que se ponga en conocimiento de las empresas las posibilidades de actuación con las que cuentan para ejecutar los procedimientos que más se ajusten a cada situación y a cada empresa.

A este respecto hay que tener en cuenta que las ayudas públicas, fundamentalmente en forma de ERTEs y líneas de financiación ICO, son una solución momentánea. Esto, sumado a la moratoria concursal, por la cual se permite a las empresas en dificultades que no soliciten concurso de acreedores hasta el 14 de marzo de 2021, está provocando que muchas compañías no estén tomando la decisión que ya tenían que haber adoptado con anterioridad.

Decisiones difíciles, sin duda, pero imprescindibles para la supervivencia del negocio. Y decisiones que pasan por un análisis de viabilidad y, con base en el mismo, determinar qué herramienta es la más adecuada para cada diagnóstico.

En efecto, y a fin de que la situación en la que se encuentra España tenga el menor impacto posible en estas empresas, se puede hacer uso de multitud de herramientas para minimizar los efectos de esta crisis provocada por la Covid-19, garantizar el mantenimiento de la actividad y evitar la destrucción de tejido empresarial. Algunas de ellas son, por ejemplo, la refinanciación del pasivo, el preconcurso, la transmisión de la unidad productiva o el convenio anticipado.

En primer lugar, la refinanciación del pasivo se puede llevar a cabo cuando exista un plan de viabilidad empresarial, que permita estimar los ingresos y los gastos, y que confirme una liquidez suficiente para atender los compromisos del proceso.

Por otro lado, junto a la refinanciación o bien por separado, el preconcurso (también llamado comúnmente '5bis') otorga a la compañía en apuros protección frente a las acciones de sus acreedores y un periodo de tiempo para negociar con ellos un escenario preconcursal, de manera que se facilita la llegada a numerosos acuerdos que pueden llevar a un buen desenlace del proceso.

Si la empresa tiene un plan de viabilidad razonable, también se puede conservar la actividad empresarial a través de la transmisión de la unidad productiva, fórmula mediante la cual se obtiene la transmisión del negocio, posibilitando así la continuación de la actividad.

En cuanto al convenio anticipado, este podría activarse en caso de que la empresa no consiga alcanzar un acuerdo con todos los acreedores acerca de su refinanciación o reestructuración. Por ello, se puede plantear a los acreedores mayoritarios una propuesta de convenio de manera que se haga extensible al resto de acreedores los términos aprobados por la mayoría.

En todo caso, la clave para que las empresas destinadas al sector puedan seguir con su actividad radica en que cuenten con un asesoramiento integral continuado en el tiempo, y que así se puedan llevar a cabo acciones de carácter preventivo que permitan reaccionar con antelación ante situaciones adversas como la que estamos viviendo.

Es fundamental que las compañías del sector turístico sean tan conscientes del problema al que se enfrentan como de las herramientas y posibilidades de las que disponen para hacerle frente y ejecutar así los procedimientos que más se ajusten a su situación. Por ello, la anticipación y la preparación tienen que ser las principales herramientas para todas aquellas empresas del sector que puedan verse en complicaciones.

Es fundamental que las compañías del sector turístico sean tan conscientes del problema al que se enfrentan como de las herramientas

Posponer la adopción de este tipo de decisiones causa que la empresa acabe sin tesorería, sin posibilidad de acudir a financiación y abocada a un concurso de acreedores que tan solo servirá para liquidarla, y en el que se examinará la diligencia del administrador en la toma de decisiones.

A este respecto, por cierto, es preciso recordar que la moratoria concursal, por la que se permite esperar hasta el 14 de marzo para solicitar el concurso, aunque exista previamente una situación de insolvencia, no supone que el administrador de la compañía no pueda incurrir en responsabilidad personal patrimonial por haber agravado innecesariamente la situación de la empresa.

Mala noticia sería a este respecto la prórroga de la moratoria concursal que, parece, se está planteando en esferas gubernamentales.

El sector turístico ha sido durante décadas el principal motor de nuestro país, y de su cuidado depende la integridad de la economía española en gran medida. Es necesario, por tanto, garantizar la máxima continuidad posible de la actividad de este sector recurriendo a expertos conocedores de las herramientas que nuestro sistema legal y judicial ofrece a las empresas en dificultades.

Manuel Gordillo es socio de Abencys Reestructuraciones.