La decisión del Gobierno balear de expropiar 56 viviendas a sus legítimos propietarios para ofrecer alquileres sociales se suma a las promovidas por el Gabinete social podemita a escala nacional contra la propiedad privada.
Si su uso y disfrute, ésta ya severamente restringido por múltiples normas de rango inferior al de la ley en clara vulneración del artículo 33 de la Constitución, la iniciativa del Ejecutivo isleño da un salto cualitativo: el de la confiscación.
De otra forma no cabe definir el arrebatar una vivienda a sus dueños y la pretensión de indemnizarles con una cantidad muy inferior a la que podría obtener en el mercado si decidiesen arrendarla.
Se está en el punto álgido de un largo proceso. Al amparo del denominado interés social de la propiedad se ha llevado a cabo un vaciamiento del contenido esencial de ella. La facultad de un individuo para disponer de lo suyo como estime conveniente ha sufrido y sufre una erosión permanente.
La protección económica y jurídica proporcionada al individuo por un dominio privativo es cada vez más precaria. Esto reduce la libertad individual y es un freno para el progreso económico. La inseguridad, la ausencia de garantías para que las personas y las empresas den a sus bienes el uso y destino que consideren oportuno son incompatibles con una sociedad libre y avanzada.
La ausencia de garantías para que las personas y las empresas den a sus bienes el uso y destino que consideren oportuno son incompatibles con una sociedad libre
El interés o función social de la propiedad, esgrimido para aplicar las medidas expropiatorias, es un cajón de sastre caracterizado por el binomio subjetividad-arbitrariedad. En la práctica implica asumir dos principios.
Primero, el Gobierno es el titular real de todos los bienes existentes en un país, lo que transforma la propiedad en una concesión. Segundo, cualquier objetivo considerado deseable por el Ejecutivo legitima privar a los individuos de lo que es suyo. Estas afirmaciones no son exageradas; son la consecuencia lógica de la filosofía inspiradora de las medidas y propuestas gubernamentales en campos como el de la vivienda.
Esa actitud predatoria del Gobierno se ve facilitada porque en España cabe expropiar sin indemnización previa, requisito exigido en casi todas las Constituciones del mundo occidental y en la propia tradición constitucional española con la excepción de la Ley de Leyes de 1931.
Las Administraciones Públicas tienen de facto no sólo un poder discrecional para apropiarse de lo ajeno, sino que además pueden demorar y, de hecho, demoran sistemáticamente el pago de las indemnizaciones a los damnificados por su actuación. Sólo queda, como sucede en algunos países tercermundistas, que esa deuda se pretenda saldar con bonos del Estado a largo plazo.
Como es inevitable, esta actitud tiene severas consecuencias económicas y, por supuesto, sociales.
Por un lado, priva de seguridad jurídica a las inversiones inmobiliarias, lo que se traducirá en una reducción de la oferta de viviendas en alquiler y en el encarecimiento/dificultad de acceso de las ofertadas para las personas con menores ingresos.
Por otro, crea incertidumbre para los potenciales inversores en cualquier otro activo ya que nada les asegura que el Gobierno respetará las reglas del juego. El resultado es la desaparición de la confianza y, con ella, la desincentivación de la inversión interna e internacional.
Por último, las expropiaciones confiscatorias realizadas por el Ejecutivo balear establecen un precedente que podrían seguir y que, nadie dude, seguirán las autonomías de similar color.
La precariedad de recursos del sector público y la marcada hostilidad a la propiedad privada manifestada por, al menos, relevantes personajes del Gobierno convierten a España en un lugar peligroso para invertir, en un Estado sin una mínima seguridad jurídica, en el que los fines perseguidos por la entente social-podemita justifican cualquier medio para alcanzarlos. Esto es siempre malo, pero resulta letal en escenario social y económico como el español.
La actitud del Gobierno central y la de sus homólogos autonómicos sólo refleja una profunda ignorancia o una decidida voluntad de convertir España en un páramo. Paso a paso, se está impulsando un cambio de régimen económico.
Si la Monarquía es la bóveda institucional del sistema político fletado en 1978, la propiedad privada es la pieza central de una economía de mercado. La ofensiva lanzada contra ella no es sólo un ataque frontal contra el fundamento esencial del orden económico, sino también contra una institución básica para proteger la autonomía y la libertad del individuo.