La confianza es algo que cuesta mucho ganarse, pero que puede perderse muy rápido. Que nos lo digan a los españoles que en la última crisis económica -la que aupó al poder a Unidas Podemos- tuvimos que hacer enormes sacrificios ante el abismo financiero en el que nos colocó la estampida de inversores que dejaron de fiarse de nuestro país.

Duros ajustes laborales, esfuerzos de todos los trabajadores para aumentar la productividad, más impuestos para corregir desequilibrios... Lo tenemos fresco en la memoria, pero no hemos aprendido. De otro modo, no estaríamos jugando, como lo estamos haciendo, con la inversión internacional en el sector inmobiliario.

Entre los ministros socialistas del Gobierno existe una creciente preocupación por el impacto que está teniendo en la reputación de España como destino inversor la inseguridad jurídica que se está generando con el control de precios de alquiler, el intento de legalizar la okupación o las dudas sobre la futura Ley de Vivienda.

La vicepresidenta Nadia Calviño no es la única que observa alarmada lo que está ocurriendo en este sector. José Luis Ábalos, peso pesado del socialismo y responsable de la política de Vivienda del Estado central, es otro de los ministros que están preocupados por el impacto que puede tener en la inversión el constante ruido sobre expropiaciones y okupaciones que genera este país.

Primero fue en Cataluña, ahora en Baleares -destino turístico bien conocido por las elites financieras-, Valencia apunta maneras... y el Gobierno central también despierta suspicacias.

Fondos inmobiliarios, inversores soberanos, aseguradoras, promotoras... Son muchos los agentes económicos que están a la espera de conocer el texto de la próxima Ley de Vivienda. La incertidumbre es muy elevada y no se descarta que su contenido de origen a un informe del Consejo de Estado que eche un jarro de agua fría al Gobierno similar al que le ha caído ya con el decreto de la gobernanza de los fondos.

Después, se mira con preocupación al parlamento, con la esperanza de que el PP, Ciudadanos, PNV, incluso Vox, y quién sabe si JuntsXCat sirvan de contrapeso al texto que pueda llegar al Congreso.

Fuentes del sector reconocen que la interlocución con Ábalos y con el equipo de David Lucas es buena. Si el PSOE gobernara en solitario creen que sería posible lanzar una política de vivienda pública razonable en España financiada por el Estado y no por el sector privado, pero con colaboración de ambos actores. Pero con Unidas Podemos dentro, no se fían. Eso sí, tampoco pierden de vista que el responsable en última instancia es Pedro Sánchez, con lo que la confianza en el presidente tampoco es boyante ante su fragilidad política.

Los grandes fondos -los 'buitres' para algunos miembros del Ejecutivo- están hablando estas semanas con Fomento sobre cómo se puede mejorar la imagen de estos inversores que están haciendo una labor social en materia de vivienda, pese a la mala prensa que tienen.

Hay un dato que no es público, pero es elocuente. Unidas Podemos ha pedido que destinen el 30% de sus inmuebles a vivienda social. Pues bien, fuentes solventes afirman que "hay fondos de inversión que en este momento tienen un porcentaje muy amplio de su porfolio con vivienda social y que cumplirían ya con este dato".

El interés de Ábalos por tender puentes con los fondos y promotores es doble. De un lado, los necesita para activar una política ambiciosa en materia de vivienda con colaboración público privada. Y para ello, necesita su dinero. De otro, está preocupado por la imagen exterior de España y por la posibilidad de que lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario -uno de los más importantes de este país- acabe dañando a las inversiones en otros sectores y en deuda pública.

Curiosamente, este aumento de la preocupación coincide con un momento en el que nuestro rival en materia de captación de inversiones para el sur de Europa, Italia, ha puesto al frente de su Gobierno a Mario Draghi. Esto ha lanzado un mensaje certero al mercado que puede tener consecuencias dañinas para España si la crisis empeora aún más.

Con Macron acelerando los procedimientos para desalojar a los okupas, y Draghi acelerando reformas, España puede acabar marginada como destino de la inversión

Hay que tener en cuenta que en estos momentos, es Christine Lagarde la que sostiene la deuda pública. Si el BCE reduce sus compras, España necesitará apoyo de la inversión exterior para sostener su gasto público, que este año va a alcanzar un récord histórico por la pandemia y otros gastos de este Gobierno, como la subida salarial a los funcionarios o la revalorización de las pensiones.

A comienzos de este año, un consultor inmobiliario que asesora a grandes fondos afirmaba que era la abundante liquidez en el mercado la que permitía a Pablo Iglesias sembrar esa inseguridad jurídica. Sin embargo, las cosas están cambiando. Italia está ahora en el foco de muchos inversores que miran con esperanza la gestión del expresidente del BCE y la recuperación económica de España se prefila más dura de lo que anticiparon los servicios de estudios a finales de 2020.

Con Macron acelerando los procedimientos para desalojar a los okupas, y Draghi acelerando reformas, España puede acabar marginada como destino de la inversión. En el PSOE lo saben. Veremos cómo se las ingenian para conseguir que anuncios como el del coche eléctrico compensen el roto a la seguridad jurídica que ya se ha hecho y que puede empeorar.

ATENTOS A...

La pregunta parlamentaria que los diputados del PP Andrés Lorite y Mario Garcés han registrado en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno aclare qué está ocurriendo con el conflicto que mantiene la empresa con participación pública Aena con los inquilinos de sus locales.

Según recuerdan al ministro Ábalos en su escrito, de estos comercios dependen más de 12.000 puestos de trabajo y en enero el tráfico en los aeropuertos se desplomó un 83,4% frente al de hace un año. Además, a largo plazo el 59% de las aerolíneas se plantea reducir las frecuencias de sus vuelos, el 26% a cambiar su flota a aviones más pequeños y el 22% se plantea incluso modificar sus modelos comerciales.

El partido de Pablo Casado quiere saber cuál va a ser la estrategia de Maurici Lucena con los retailers y si se van a restablecer las negociaciones con ellos. En caso contrario, piden una explicación sobre cómo se articulará la futura estrategia comercial de Aena.