Las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras familias y en la forma que afrontamos los problemas están siendo indudables. 

Ha pasado un año desde la primera ola, el primer confinamiento, las primeras noticias que nos dejaban perplejos a todos, y parece que incluso nos hemos olvidado de las viejas costumbres y realidades, más allá del 2020. En el mercado de trabajo sucede algo similar.

En el año 2019, teníamos una tasa de paro del 13,8%, frente al 7,4% de la media europea. Según diversos estudios, este año podríamos acabar con unas cifras de desempleo en torno al 18%, frente al 10% de los países de nuestro entorno. Con esas previsiones de datos regresaríamos a niveles que ya dábamos por olvidados de los años 2010 y 2011, cuando rondaron el 20%. Algo realmente insoportable para cualquier país.

La pandemia, además, ha acelerado o va a acelerar la desigualdad, y ciertas brechas en el mercado laboral, que en el pasado reciente estábamos consiguiendo reducir. Pero ahora están aflorando de forma abrupta como efecto colateral de la pérdida de empleos o cese de la actividad de miles de autónomos.

Según un reciente estudio de McKinsey sobre Perspectivas de la economía española, la Covid-19 va a potenciar unas macrotendencias en el mundo 'post pandemia' centradas en siete ejes: 

Digitalización (incluido el boom del consumo online); el cambio en las formas de trabajo (con la adopción del trabajo en remoto); la sostenibilidad (y la mayor concienciación del impacto del cambio climático); la reducción del riesgo de la cadena de valor; salud, higiene y seguridad (con nuevos estándares); educación (necesidad de la recualificación continúa de los profesionales) y la movilidad (nuevos hábitos de los consumidores). 

Coincido con todos ellos, pero quiero añadir un octavo eje de gran impacto concreto en el ámbito laboral: una mayor intervención estatal (incluida superior regulación) en todos los ámbitos, para conseguir amortiguar los efectos devastadores de esta crisis sanitaria, social y económica. 

En este sentido, en el mundo 'post pandemia' la agenda política (frente a un laisser faire de épocas anteriores) va a cobrar mucha más importancia, y el impacto de las políticas públicas, cada vez más polarizadas, va a ser determinante para recuperarnos cuanto antes... o no.

En el mundo 'post pandemia' la agenda política (frente a un 'laisser faire' de épocas anteriores) va a cobrar mucha más importancia

Respecto a este último planteamiento, en el área de la normativa laboral, epicentro y motor del progreso empresarial, las decisiones que se tomen a partir de ahora importan e importan mucho.

No es este el momento de entrar en el detalle de cambios concretos (aunque posteriormente mencionaré algunos), pero sí de señalar que, a mi modo de ver, estas decisiones deberían tener cuatro apoyos básicos: consenso, simplificación, modernidad y flexiseguridad.

Poner el acento simplemente en un cambio normativo sin abarcar estos cuatro pilares, en la situación que estamos atravesando, es como poner una sola columna en una fachada principal. No hay equilibrio y se acaba viniendo al suelo. 

Bajo esas premisas, se podrán articular reformas como las siguientes: simplificar y modernizar el sistema de contratación, estableciendo un menú de tres grandes contratos, tanto a tiempo parcial como completo: indefinido, por necesidades empresariales (de duración determinada) y juvenil (de formación).

Asimismo, establecer un sistema mixto de negociación colectiva adaptada a la empresa (en salarios y horas) y a los convenios sectoriales (en salario mínimo, formación, clasificación profesional y demás materias generales), siguiendo la experiencia danesa. Ello permitiría vincular productividad y salarios por jornada, teniendo en cuenta las diferencias en competitividad y tamaño existentes entre las empresas de un mismo sector.

Impulsar la flexibilidad interna en la relación laboral cuando haya crisis o cambios profundos que afecten a las empresas, como los que estamos atravesando, o cuando haya necesidad de implementar nuevas formas de trabajo, de forma mucho más simple que en la regulación actual. 

También permitiría centrarse en el empleo juvenil, con medidas muchas de ellas aplicadas en Alemania, Australia, Países Bajos y Reino Unido: formación dual, prácticas no laborales, cualificación profesional y clubes de empleo; y finalmente, desarrollar iniciativas legales para empresas de menor tamaño, que impulsen decididamente su crecimiento tratando de eliminar obstáculos administrativos y laborales.

Estamos, por tanto, ante un punto de inflexión. Nunca es bueno acostumbrarse a la brecha laboral que tenemos respecto a los países de nuestro entorno. Nunca es bueno abandonar la posibilidad de recortar la brecha digital que existe entre las empresas más innovadoras a nivel mundial. Y, por supuesto, es muy malo pensar que vamos a tener una gran brecha entre los trabajadores y empresarios de ahora y los del futuro. Simplemente, no nos lo podemos permitir y el "progreso" no entiende de ideologías sino de reformas y resultados.

***Iñigo Sagardoy de Simón es presidente de Sagardoy Abogados y catedrático de Derecho del Trabajo Universidad Francisco de Vitoria