"I’ll do what I want to anyway, and I’ll do it in my own time". John Wetton.
La política de hechos consumados del Gobierno busca que los ciudadanos y los organismos europeos acepten cualquier cosa utilizando el paraguas de la Covid-19 para todo. Decía la vicepresidenta económica el jueves en un programa de televisión, preguntada por el escándalo Plus Ultra, que "no hay que demonizar las ayudas a empresas" y que "no se pueden pedir ayudas y a la vez criticarlas". Vamos, que tiene usted que aceptar las ruedas de molino que le venda el Gobierno sin control ni transparencia y callarse mientras se niega a miles de empresas cualquier apoyo.
Para acceder al Fondo de Solvencia (que aprueban por representantes de los ministerios de Hacienda, Economía, Transportes e Industria) una empresa debe ser española, estratégica y viable, cuyos problemas se hayan generado por la crisis de la Covid-19. Ninguno de esos factores se cumple de manera evidente.
Plus Ultra es una empresa en la que empresarios venezolanos controlan el 56,8% de las acciones de la compañía. Es una empresa que en su mejor año facturó 100 millones de euros y no ha dado beneficios nunca.
El único avión que queda en su flota, que solo llegó a cuatro aeronaves, permanece estacionado desde enero de 2021. A esa empresa se la va a recapitalizar con 53 millones de euros (más del 50% de la facturación de su mejor año) y meter a la SEPI en el capital. La aerolínea ha estado al borde de la quiebra varias veces salvada por la inyección de fondos de empresarios venezolanos vinculados al Gobierno de Maduro y el préstamo de una firma panameña.
La SEPI argumenta que se ha valido de tres informes independientes que recomiendan el rescate. Sin embargo, lo que esos informes validan son la situación patrimonial y que Plus Ultra "no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas".
Solo un informe considera que esa empresa con un avión es estratégica, argumentando que "la decisión sobre Plus Ultra se ha tomado considerando que las compañías de pequeño tamaño también son relevantes para el hub de Madrid y este criterio se tendrá en cuenta en otras posibles solicitudes que lleguen al Fondo de Solvencia". ¿Significa eso que cualquier empresa con un avión puede recibir más del 50% de la facturación de un año? No.
Mientras tanto, según Cepyme, dos millones de empresas quedan fuera de las ayudas aprobadas para pymes y autónomos por el Gobierno. Cepyme advierte de que el 53% de las empresas no podrán acceder a las ayudas por no estar incluidas en las lista de actividades independientemente de las pérdidas sufridas. Ayudas para las cuales la empresa que sí esté en la lista tiene que certificar que tuvo beneficios en 2019 y, en cualquier caso, esperar cuarenta y cinco días para que se hagan efectivas ("en verano", según Montero).
Las empresas no piden ayudas, exigen una compensación por el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental. Las empresas no piden rescates, quieren que les dejen trabajar.
Las empresas no piden ayudas, exigen una compensación por el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental
El problema de estos dos mecanismos, el de recapitalización de la SEPI y el de ayudas a pymes, es que introduce de nuevo la sensación de aleatoriedad y dirigismo político que es precisamente lo que la Comisión Europea quiere evitar con otro mecanismo, el de los llamados Fondos Europeos.
El Gobierno de España no para de dar señales que generan duda sobre la transparencia, independencia y fiabilidad en la gestión de fondos y medidas de apoyo a la economía. El que piense que esto son episodios sin conexión y sin impacto en el mecanismo europeo peca de ingenuidad.
Desafortunadamente, son episodios que demuestran la peligrosa deriva intervencionista y aleatoria de las actuaciones económicas del Gobierno. Poner todo tipo de trabas y retrasos a los que lo necesitan y dar facilidades jamás vistas a empresas cuya viabilidad y posición estratégica es más que debatible. No deja de ser sorprendente que se busque a toda costa ignorar un caso tan evidente de rescate que, si hubiera ocurrido con otro Gobierno, habría generado ríos de tinta y alarma social.
No olvidemos que el caso Plus Ultra sería uno de los rescates más grandes de la Unión Europea en términos de fondos movilizados respecto al tamaño en ingresos y activos de la empresa rescatada. Y que estos casos sí llegan a nuestros socios y sí generan un riesgo muy importante en la confianza en nuestro país a la hora de recibir unos fondos que ya se están retrasando. No, no son noticias inconexas. Es parte de una política.
El Gobierno nos dice que no hay que preocuparse por la transparencia e independencia en la movilización de los fondos europeos. Es curioso, porque para ello lo que ha hecho es eliminar la mayoría de procedimientos de control. Y cualquiera puede pensar que si algo como el caso Plus Ultra puede ocurrir, la probabilidad de que se utilicen mal los fondos europeos es enorme. Y son fondos muy necesarios para España que tienen una gran probabilidad de perderse en una maraña burocrática y política.
