A simple vista, este propósito parecería razonable y, de alguna forma, sorprendente: el Ejecutivo estaría dispuesto a elevar las pensiones de los individuos con rentas altas. ¿Cuál es lo lógica subyacente a esta iniciativa?

De entrada, las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores con mayores remuneraciones salariales experimentarían un incremento significativo lo que, ceteris paribus, se traduciría en un aumento de los ingresos recaudados por la Seguridad Social.

El gasto no crecería hasta que las personas receptoras de esa medida se retirasen de la vida laboral. Existe, pues, seguridad sobre el alza de la fiscalidad soportada por los individuos situados en los peldaños superiores del binomio salarios-cuotas sociales y una acusada incertidumbre acerca de la elevación futura de sus pensiones. La materialización de esta promesa depende de la voluntad gubernamental.

A pesar de la acrisolada y certificada credibilidad del Gobierno, conviene ejercer un justificado escepticismo sobre su vocación de honrar sus compromisos. Ello se ve avalado por la experiencia.

Entre 2012 y 2020, los sucesivos gabinetes patrios han llevado a cabo revisiones anuales y silenciosas de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. Estas crecieron entre 2012 y 2020 un 34%, pasando de 3.265 euros mensuales a 4.070 en estos momentos. En solo dos años, la coalición gubernamental las ha aumentado en un 7%. En los últimos ocho, no se ha producido ningún incremento de las prestaciones por esos trabajadores al retirarse.

Si el Gabinete quiere subir el tipo efectivo de las cotizaciones sociales sin hacer lo mismo con los tipos legales, tendrá que eliminar sus topes máximos. A priori, esta parece ser su opción favorita.

Conforme a las estimaciones del Banco de España, esto afectaría a alrededor de un 10% de los trabajadores, supondría una elevación de su cotización media del 30% y proporcionaría a la Seguridad Social una recaudación adicional de entre un 0,4 y un 0,8 por 100 del PIB por año.

Ahora bien, una subida de esa magnitud dispararía los costes laborales de las empresas con un impacto negativo sobre el empleo, la productividad y la competitividad. Pero ahí no termina la historia, porque la medida no puede contemplarse de forma aislada, sino dentro del paquete de las ejecutadas o proyectadas en este campo por el Ejecutivo.

Una subida de esa magnitud dispararía los costes laborales de las empresas con un impacto negativo sobre el empleo y la productividad

Hasta el momento, las acciones emprendidas por el Gobierno en el ámbito de las pensiones no garantizan su sostenibilidad financiera. Por un lado, la eliminación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones tendrá un efecto alcista sobre el gasto en ese capítulo de cuatro puntos del PIB en los próximos 25 años, y el traspaso de la financiación de las pensiones asistenciales al Presupuesto costará 7.000 millones de euros/año.

Esto supone pasar el problema de la Seguridad Social al Estado, pero no resolverlo. Por otro, las ideas contempladas por el Gabinete para contener el gasto, retrasar la edad de jubilación y elevar el período de cotización para acceder al 100% de la prestación tienen un impacto limitado. Significaría un ahorro del 0,4% del PIB, según cálculos de la AIReF.

Además, la bomba de relojería demográfica sigue activada. Basta un sencillo ejercicio para comprender el significado de esa afirmación. Con una tasa de actividad del 80% y un factor demográfico del 58% en 2050, previsiones muy optimistas, sería necesario subir el tipo efectivo de las cotizaciones sociales nueve puntos, hasta el 33%, para mantener constante el nivel actual de las prestaciones o este tendría que caer 11 puntos.

En suma, la alternativa para soportar el vigente modelo de cobertura del retiro exige bien aumentar los impuestos sobre el trabajo bien bajar las pensiones. Sin duda, estas dos opciones son muy ilusionantes y muestra las inevitables consecuencias de un modelo de pensiones que funciona como una pirámide de Ponzi.