Tiempo habrá para evaluar el calado de esas reformas, y cómo pueden elevar el declinante potencial de crecimiento de la economía española pero, mientras tanto, parece adecuado hacer una aproximación a cuánto puede este plan impulsar la actividad en los próximos tres años, y de qué factores depende que se pueda exprimir al máximo la oportunidad de modernizar el modelo económico.

El Plan de Recuperación prevé movilizar 140.000 millones de euros de inversión pública hasta 2026, aunque se centra en el destino de los casi 70.000 millones de transferencias que se recibirán entre 2021 y 2023, casi un 40% para impulsar la transición ecológica y otro 30% a la transformación digital.

De la misma forma que las más de 300 páginas de documentos son muy exhaustivas en calibrar sus efectos sobre la brecha de género o las desigualdades regionales, son muy escuetas en la evaluación del impacto económico.

Sin más explicaciones, apunta a que elevará el crecimiento anual del PIB en dos puntos porcentuales, hasta el 6,5% en 2021 y el 7,0% en 2022. Aduce que las inversiones del Plan tendrán un efecto multiplicador algo superior a 1,0 contando con que se movilicen inversiones privadas por 500.000 millones en seis años.

Este es el punto clave, y la discrepancia fundamental con las estimaciones de UBS (5,2% de crecimiento del PIB este año y 6,4% el que viene). Nos basamos en la experiencia histórica en planes de inversión pública que arrojan multiplicadores de entre 0,3 y 0,5.

Es cierto que, en el contexto de las paralelas revoluciones tecnológica y energética que pretende acelerar el Plan, será mucho más fácil atraer capitales privados. Pero para alcanzar la cifra que pretende el Gobierno hacen falta cambios mucho más profundos que la aprobación de una retahíla de proyectos, y que tienen que ver sobre todo con la simplificación del entramado legislativo y burocrático creado en España en las últimas décadas.

Por poner algunos ejemplos:

1. Para acelerar la revolución del coche eléctrico harían más la armonización de normas municipales y autonómicas sobre redes de distribución y la agilización de los permisos que la inversión pública.

2. Exactamente lo mismo para los programas de rehabilitación y eficiencia energética de los edificios.

3. La digitalización de las administraciones públicas tendría que venir acompañada de una simplificación y armonización de los trámites burocráticos, y de un refuerzo de los medios físicos y humanos en áreas críticas como la Justicia.

4. Sin que requiera inversión alguna del Plan de Recuperación, tendría un efecto económico muy positivo que de verdad se aplicara la Ley de Unidad de Mercado.

5. Hace tiempo que el sistema educativo, en especial la Formación Profesional, tendría que haber sido adaptado a los nuevos perfiles que requieren las transformaciones ecológica y digital.

En definitiva,  la estructura y líneas maestras del Plan de Recuperación, e incluso algunas de las reformas estructurales, van bien encaminadas para acelerar las transiciones ecológica y digital, y para cumplir con las demandas de la Unión Europea.

Pero de ahí a lograr un genuino cambio de modelo económico y elevar de forma considerable y sostenida el potencial de crecimiento a largo plazo hay un abismo.

Para salvarlo, además de ingentes recursos financieros, requiere reformas profundas en armonización legislativa, el mercado laboral, el sistema tributario, el sistema educativo y en los canales de financiación empresarial.

*** Roberto Scholtes Ruiz es director de Estrategia de UBS en España.