La crisis ha llevado a la política fiscal a un primer plano, ya que se ha convertido en una herramienta fundamental para hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas desencadenadas por la pandemia.
Prácticamente no habido desacuerdo a nivel nacional ni internacional en que la magnitud y singularidad del shock requería usar toda la potencialidad de la política económica y todos los instrumentos al alance del Estado.
Se han adoptado medidas en todos los ámbitos: laboral, sanitario, educativo o mediante el soporte financiero al tejido productivo por la vía de avales y garantías. Y el denominador común de toda esta actuación es, como no podía ser de otro modo, su sustantivo impacto presupuestario.
Aunque el margen de maniobra presupuestario no ha sido homogéneo entre países, la economía española y los países de nuestro entorno salen de este primer año de crisis con una deuda pública más alta y lejana del umbral que establecen las normas europeas ahora suspendidas.
La deuda pública del área euro se ha situado en 2020 por encima del 100% del PIB. Incluso países como Alemania, Holanda, Irlanda o Finlandia, que contaban con posición fiscal más cómoda, han rebasado en 2020 el umbral del 60% del PIB.
El impacto en España ha sido diferencialmente elevado, con un aumento de la deuda de más de 20 puntos en un solo año, hasta el entorno del 120% del PIB, doblando ya el umbral europeo.
El impacto en España ha sido diferencialmente elevado, con un aumento de la deuda de más de 20 puntos en un solo año
Este aumento se ha concentrado en la Administración Central, que ha asumido el papel de financiador de la Seguridad Social y de las Administraciones Territoriales. Pero lo cierto es que la actuación de este primer año deja a las cuentas públicas en una posición fiscal más vulnerable y con menor margen de maniobra para afrontar futuras crisis o un cambio en las condiciones monetarias y financieras.
Hay consenso también en que no basta con un año de impulso fiscal. En particular, a nivel de la Unión Europea (UE), se ha dado un paso de gigante al articular, por primera vez, algo parecido a lo que podría ser una capacidad fiscal centralizada para mitigar los efectos de la crisis, evitar que deje huella permanente y preparar las economías para los retos del futuro.
Los Fondos Next Generation EU suponen la previsión de movilizar recursos equivalentes al 5% del PIB de la UE durante un período de 6 años (2021-2026). De acuerdo con los criterios de reparto acordados, para España esto significa multiplicar por siete el volumen anual de fondos de la UE que estuvieron disponibles en promedio entre 2014 y 2020.
Es una respuesta sin precedentes y que, en un plano contable, si se confirman los criterios de Eurostat, tendrá un efecto neutro en las cuentas públicas nacionales. Es decir, los fondos de la UE no impactarán en déficit ni en deuda pública nacional de manera directa. Pero a largo plazo no serán neutrales para el presupuesto nacional.
Primero, porque estos fondos se financian con recursos de la UE, deuda pública europea incluida, a los que contribuyen todos los presupuestos nacionales. Y, en segundo lugar, porque de manera indirecta todas las actuaciones, políticas y reformas que financian estos recursos impactan en la actividad económica y, por ende, en las cuentas públicas.
El reto es, precisamente, lograr que la dinamización del crecimiento económico que cabe esperar de este estímulo fiscal y reformas asociadas ayude a mitigar el impacto fiscal y facilite su financiación.
Los fondos de la UE no impactarán en déficit ni en deuda pública nacional de manera directa. Pero a largo plazo no serán neutrales para el presupuesto nacional
Con esas premisas sobre los efectos ya observados en 2020 y perspectivas para 2021-2026, es difícil pensar en que se pueda salir de la crisis sin prestar la debida atención a sus implicaciones presupuestarias y sin definir una estrategia fiscal que acompañe a la estrategia económica.
Que el marco de gobernanza fiscal nacional y europeo esté suspendido y que las condiciones monetarias y financieras no sean, en estos momentos, una restricción, no implica ignorar la dimensión presupuestaria de la crisis y de la consiguiente respuesta que se está articulando.
Desde la AIReF, venimos insistiendo en no alargar demasiado tiempo la reflexión y diseño de una estrategia fiscal que asegure la sostenibilidad de las cuentas públicas y optimice el uso de los recursos públicos nacionales y europeos.
Hemos defendido que sea una estrategia que implique a todos los niveles de la Administración pública, considere todas las implicaciones presupuestarias de la crisis -incluidos los riesgos fiscales y pasivos contingentes-, establezca un calendario de hitos y, en definitiva, sirva de hoja de ruta de las grandes decisiones presupuestarias que marcarán los próximos años.
Es difícil pensar en que se pueda salir de la crisis sin prestar la debida atención a sus implicaciones presupuestarias y sin definir una estrategia fiscal
De hecho, la magnitud y trascendencia de las inversiones, reformas estructurales anunciadas y cambios que se espera impulsar con el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) hace necesario tratar de determinar sus implicaciones macroeconómicasy presupuestarias con el mayor rigor posible.
Ciertamente, muchas actuaciones, en particular las reformas que puedan requerir negociación con los agentes sociales, no se podrán concretar con exactitud hasta más adelante.
Pero el PRTR y el Programa de Estabilidad ofrecen, precisamente, una ocasión para articular una estrategia nacional completa. Para salir de esta crisis se necesita una estrategia no solo económica, sino también fiscal. Si en la primera fase de la crisis la política fiscal ha desempeñado un papel estabilizador, en el medio plazo le va a corresponder primar su papel como garante de la sostenibilidad financiera y el crecimiento. Se trata de estar preparados y facilitar guías y reglas de juego claras para todos los agentes.
*** Cristina Herrero es presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).