Uno de ellos es el de la evaluación de la OPA parcial de IFM sobre Naturgy. Una operación sobre la que el Gobierno debe pronunciarse antes del mes de agosto si no quiere apurar los plazos para que después, la CNMV analice los detalles.

Ya se da por seguro que el Gobierno aprobará esta operación, aunque impondrá algunas condiciones al fondo australiano para que venda determinados activos y garantice los contratos de suministro de gas con Argelia.

En Moncloa había dos voces reticentes a aceptar esta oferta. La de Pablo Iglesias, que ya ha dejado la política, y la de Iván Redondo, que no parece atravesar su mejor momento en el PSOE tras la debacle del partido en las elecciones de Madrid. El gurú de Pedro Sánchez tiene ahora asuntos más importantes a nivel político a los que dedicar su atención.

Así que la intención del Ejecutivo es aprobar una operación que entra dentro de la lógica de mercado y que va a sentar un precedente. No hay que olvidar hasta ahora no hay otra OPA que tenga que someterse al visto bueno del Gobierno español bajo el paraguas del decreto que se aprobó en el peor momento bursátil de la pandemia para blindar al Ibex 35 de posibles tomas de control por parte de grupos extranjeros.

Sin embargo, que el Gobierno y la CNMV den luz verde a la operación no significa que los australianos capitaneados por David Neal tengan todo resuelto.

Después, el fondo tiene que encontrar vendedor para hacerse con el 22,7% de la compañía que preside Francisco Reynés. Aunque técnicamente podría intentar lograrlo con el free float, la opción más clara es que ese vendedor fuera Criteria Caixa (24,8%).

Hay que recordar que IFM lanzó esta operación valorada en algo más de 5.000 millones de euros con el apoyo de los otros dos fondos que están en la compañía GIP y CVC Capital Partners.

Más que sus participadas, lo que preocupa a Isidro Fainé es la obra social. Y en este contexto, es atractivo para él vender al menos una parte de su participación para contar con más recursos ahora que la crisis de la Covid-19 ha reducido los dividendos de CaixaBank y Telefónica.

Sin embargo, una operación de este calado no es tan sencilla para Fainé, que tiene todavía reciente el chaparrón público del Gobierno por el anuncio de los despidos en CaixaBank tras la absorción de Bankia.

Naturgy acaba de cumplir 175 años de historia y aunque fue una de las empresas que tuvo que trasladar su sede social a Madrid por el procés, la marca de la antigua Gas Natural tiene fuerte arraigo en Cataluña.

Cuando parece cerca la formación de un nuevo Govern liderado por ERC y apoyado desde fuera por JxCat, que Naturgy pierda lo que le queda de su catalanidad no es algo que guste en la Generalitat de Cataluña, donde los intereses políticos llevan tiempo poniéndose por delante de los económicos.

Cuando parece cerca un acuerdo para formar Govern entre ERC y Junts, que Naturgy pierda lo que le queda de su catalanidad no es algo que guste en Cataluña

La otra alternativa, la de no vender y hacer que los australianos traten de comprar ese 22,7% por paquetes en el mercado tampoco es atractiva para Criteria, que se quedaría en minoría frente a los tres grandes fondos aliados entre sí.

Mientras, vender solo una parte -para mantener presencia catalana- hace que el valor de su paquete pueda verse resentido en el futuro por tener menos peso en el control de la compañía. ¿Y ampliar capital? "Difícil, pero podría llegar a ser una salida", dice una fuente en el mercado.

Ese tema es ya de los financieros. En el ámbito político, la apuesta parece clara. Primero, se aprobará en Madrid la operación para no dañar la imagen de España ante la inversión internacional -que tanto necesita Sánchez para impulsar el PIB-. Segundo se impondrán algunas condiciones para defender su papel en defensa de los intereses nacionales. Y tercero, se trasladará el lío a Cataluña.

Un quebradero de cabeza para un referente del Ibex 35 que se suma a la causa judicial por los asuntos de Villarejo.

ATENTOS A...

Los cambios que el Gobierno ha efectuado en el Ageing Report que ha enviado a Bruselas para defender sus tesis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español. No se trata de un asunto anecdótico, dado que de esas estimaciones depende que las condiciones del recorte que exigir a España la Comisión Europea de Ursula von der Leyen sean más o menos duras.

En el Gobierno hay quien considera que durante muchos años el debate sobre la viabilidad de las pensiones ha estado en manos de expertos y economistas contratados por el sector financiero. Por ello, se quiere que el equipo de José Luis Escrivá incorpore nuevos elementos al debate para aportar otra perspectiva. Estos cambios en el Ageing Report son solo una parte de esa estrategia.