Hay muchos ejemplos. En el primer grupo de compañías, figura Duro Felguera, que ha comenzado a recibir 120 millones de dinero público para evitar el concurso de acreedores. En el segundo, está Indra con el tosco baile de sillones que ha colocado a Marc Murtra al frente de la compañía sin cargos ejecutivos. 

Por cierto, no es casualidad que ambos ejemplos estén conectados por otra empresa: Epicom. Esta firma que encripta los teléfonos a los servicios secretos españoles formaba parte de Duro Felguera y, para evitar que caiga en manos extranjeras en el futuro, va a quedar bajo el paraguas de la SEPI.

Cuando el holding que depende del Ministerio de Hacienda y, por tanto, de un perfil tan político como es el de María Jesús Montero, aterriza en una empresa es porque es "estratégica" y en estos tiempos, porque atraviesa situaciones difíciles.

En Duro Felguera se ha evitado -entre otros- la quiebra de una empresa vital en términos de empleo para Asturias, un Principado gobernado por el PSOE que empieza a padecer las consecuencias de la despoblación. 

Los problemas que arrastraba antes de 2020 -y que la pandemia, como es lógico, agrandó- han hecho que entre las condiciones del rescate se exigiera la salida del anterior CEO, José María Orihuela, y se decidiera colocar como sustituto a Jaime Argüelles.

Orihuela quiere marcharse haciendo ruido. Dicen que como a Sansón, no le importa morir con tal de derribar el templo.

Tras la batalla que ha emprendido contra el consejo de administración de la compañía se esconde la intención de cobrar una indemnización próxima a un millón de euros. Un pago a cargo de una empresa participada por los contribuyentes.

Y esto ocurre cuando la compañía tiene sobre la mesa la posibilidad de encargar un forensic a su gestión por indicios de mala praxis en temas como la refinanciación de sus acuerdos con la banca o los incumplimientos en los contratos para construir una central de ciclo combinado en Argelia.

En tiempos de guerra, todos sacan sus armas. Pero la SEPI no quiere ruido en la asturiana. Bastante tiene ya con Plus Ultra (y lo que le queda, como viene advirtiendo Luis Garicano desde hace tiempo). Y bastante tuvo también la semana pasada con el bochorno de Indra. 

A Belén Gualda el Gobierno le pidió implementar un plan para cambiar la estrategia en sus participadas y pasar de una gestión enfocada a los accionistas capitalistas (los mercados) a otra que atienda más al accionista estatal (los llamados 'intereses de país'). Y ejecutó la orden con torpeza por no atender a los criterios básicos de gobernanza en una empresa cotizada.

Al igual que Duro Felguera e Indra ejemplifican dos cometidos distintos que tiene ahora la SEPI, Gualda y su vicepresidente, Bartolomé Lora, son las caras de dos almas que conviven en el organismo. Una presidenta de perfil más político -y vinculada al sector público en Andalucía en los tiempos de Montero en la Junta- y un número dos con un perfil más técnico procedente del Instituto Nacional de Industria (INI).

Y por debajo está el personal del organismo con sede en la calle Velázquez, que ha pasado de tener que trabajar en sus 24 participadas (que cuentan con 100 filiales) a atender una avalancha de solicitudes de rescate en compañías en las que tiene que aterrizar para controlar la gestión. Y además, hacerlo con extremo cuidado, tras la apertura de investigaciones en Bruselas y Madrid por el 'caso Plus Ultra'.

Aunque se ha contratado a perfiles técnicos para los próximos tres años, el aumento de volumen de trabajo ha sido notable en este holding. Y poco ayuda al desempeño de la labor de esos profesionales la imagen de arbitrariedad que está dando el Gobierno, amparándose en el organismo con sus últimas decisiones.

En lugar de permitir que los recursos se centren en sacar adelante los rescates con garantías para el contribuyente, la SEPI acapara titulares. Del cese de Abril-Martorell al todavía reciente nombramiento de Jordi Hereu en Hispasat o la entrada de nuevos consejeros en REE, después de la dimisión de su anterior presidente, Jordi Sevilla, precisamente por injerencias políticas. Y en medio de este ruido, el retraso en la tramitación de las ayudas del fondo que urge administrar es cada día más preocupante.

ATENTOS A...

La foto de los agentes sociales para firmar el acuerdo de los ERTE con el Gobierno tras una tensa negociación se hizo sin Antonio Garamendi. 

Sí estuvieron los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la ministra de Trabajo -recién salida del hospital-, Yolanda Díaz, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Se consiguió así dar más protagonismo al representante de las pequeñas y medianas empresas en la mesa de negociación. ¿Fue casualidad o no? Tras el lanzamiento apoyado por el Gobierno de Conpymes, hay motivos para las especulaciones.

Manifestaciones de José María Orihuela Uzal en referencia a este artículo.