Tenía que haberse aprobado en el Parlamento de la nación en 2018 pero, al parecer los dos Gobiernos de Sánchez han estado muy ocupados con otras cosas. Mi hipótesis es otra: ¿cómo vamos a debatir y analizar en serio los pros y los contras de esta directiva si cada día que pasa se suman casi 90.000 euros a la sanción? Y, de esta manera, el Gobierno de Sánchez evita enfrentarse a la oposición, asegura que todos aprueben, excepto Vox que, en esta ocasión, se ha puesto de perfil y ha optado por la abstención.

Las alegaciones del Gobierno, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado, mencionaban las cuitas políticas que hemos padecido los españoles desde el 2016, con diferentes elecciones, problemas para lograr formar gobierno y demás. Tiene razón el Tribunal cuando señala que esas cosas no deberían ser excusa para incumplir las obligaciones asumidas respecto al derecho europeo. Tampoco debería serlo para justificar el abandono del Estado de derecho en nuestro país. Y, sin embargo, ahí estamos.

Ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni el combo PSOE-Podemos ha tenido los arrestos para asumir su responsabilidad política y afrontar este delicado asunto.

Ciertamente, la multa por el retraso es descomunal, 15.000 de euros el pasado febrero y sumando. Y, en la situación actual, es especialmente sangrante.

Ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni el combo PSOE-Podemos ha tenido los arrestos para asumir su responsabilidad política y afrontar este delicado asunto

Porque la medida social estrella, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), está sufriendo retrasos escandalosos; la deuda pública, es decir, el lastre que le dejamos a las futuras generaciones, crece a la vez que nuestro crecimiento no arraiga como debiera.

Como señalaba @combarro en Thinknomics, la capacidad de financiación de la economía española empeora, a pesar de los precios más bajos del petróleo y del buen comportamiento de las exportaciones.

La balanza de servicios, tanto si atendemos solamente la turística como a la no turística, empeoran. En esta situación de incertidumbre, con el ritmo de vacunación variable, dependemos de la decisión de los países visitantes respecto a nuestra seguridad sanitaria.

Cada riña política por las vacunas, cada imprevisión que implique escasez de vacunas o retrasos en la vacunación es un peso que se añade en el maltrecho sector turístico, que no acaba de sacar la cabeza del agua. El Reino Unido ya ha decidido que no confía.

Tampoco confiamos muchos españoles en nuestro Gobierno: sabemos que nos van a freír a impuestos y que el susto de la factura de la luz, con aderezo de medidas exóticas para ahorrar algo en electricidad, fruto seguramente de la improvisación, es solamente el primero de futuros sustos.

Mientras tanto, los portavoces no oficiales en medios y redes sacan pecho y anuncian todo lo que ha hecho el gobierno, como, por ejemplo, aprobar los Presupuestos Generales del Estado o mandar los planes exigidos por la Unión Europea para recibir fondos. Toda una hazaña.

Respecto a la transposición de la Directiva Europea, yo tampoco me fío. Lo que dice la Directiva no es cualquier cosa, la interpretación del Gobierno es aún más preocupante.

El informe del Consejo del Poder Judicial del 2020 afirmaba que "en la transposición del artículo 6 de la Directiva cabe observar el Anteproyecto va más allá de lo permitido por el precepto del Derecho de la Unión" porque se definía a los interesados no solamente asociados a infracciones penales sino también a la prevención ante amenazas a la seguridad pública.

Y "en la categoría de interesados descrita en la letra a del artículo 7 ('personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que hayan cometido o puedan cometer una infracción penal […]') debe tenerse en cuenta la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia".

Por si esto fuera poco, en diferentes apartados, el informe solicita que se especifiquen las garantías adecuadas para los interesados. Las advertencias son muy pertinentes, si tenemos en cuenta de que se trata de empleo y difusión de datos biométricos, datos personales, y lo que se llaman "datos sensibles" de los ciudadanos españoles. También se hace hincapié en las imprecisiones y, en ocasiones diferencias sustanciales, entre el Anteproyecto estudiado y la Directiva. No había ni disposición derogatoria.

En el proyecto presentado en el Congreso se afirma que se han incorporado las correcciones aportadas por diferentes Agencias de Protección de Datos de varias CCAA, el CGPJ y el Consejo de Estado.

Lo que sí permanece intacto es definir como "interesados", a las personas condenadas o sancionadas por una infracción penal, las víctimas o afectados por una infracción penal o que puedan serlo, y terceros involucrados en una infracción penal, y además, a personas "respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que hayan cometido, puedan cometer o colaborar en la comisión de una infracción penal".

También son muy delicadas los apartados referidos a la reproducción y captación de datos personales sin que se considere una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por las Fuerzas de Seguridad del Estado, mediante drones, cámaras, etc.

Es cierto, como señalaba la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, en su cuenta de Twitter, que hay un párrafo que aclara, respecto a la definición de "interesados", que esta Ley no debe impedir el derecho a la presunción de inocencia garantizado por la Constitución Española. ¿Cómo combinar ambas cosas? Como diría Rosalía, malamente.

Además de para evitar los más de 15.000 millones que tendremos que pagar por culpa de la negligencia de nuestros representantes, ¿no merece la garantía de las libertades de los españoles, la seguridad de no estar banalizando la presunción de inocencia, un tiempo de debate serio entre nuestros representantes?