Este certificado digital pretende permitir una libre circulación relativamente segura por el territorio europeo y, de esta manera, reactivar las economías que se alimentaban, en gran parte, del turismo.

El certificado podrá expedirse tanto a ciudadanos de la Unión Europea y a sus familiares, independientemente de su nacionalidad, como a nacionales de terceros países que residen en algún estado miembro y a visitantes que hayan recibido alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Pero ante este macrosistema de control sanitario surge una duda, ¿cómo afecta a la privacidad? ¿es esta idea compatible con la protección de los datos personales?

Teniendo en cuenta el volumen de datos, que son datos sensibles por ser de salud y la cantidad de accesos que se van a producir a los mismos, puede parecer un tema controvertido, pero la realidad es que no es así e incluso el propio Reglamento en su artículo 10 lo regula.

Lo primero es que, al tratamiento de estos datos, aplica lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y, por tanto, deberán cumplirse los principios fundamentales establecidos en el mismo.

En consecuencia, los datos contenidos en los certificados tendrán que ser tratados únicamente con la finalidad de conocer la información incluida así como verificar y confirmar la vacunación, el resultado de la prueba o la recuperación total del ciudadano portador del certificado, fuera de estos supuestos, no pueden tratarse para nada adicional y ni conservarse, ni si quiera por el país emisor del certificado.

En segundo lugar, los datos de los certificados únicamente serán tratados por las autoridades competentes del país de destino o tránsito, o por los operadores de servicios de transporte transfronterizo de viajeros obligados a aplicar determinadas medidas de salud pública durante la pandemia. En otras palabras, cualquiera no puede acceder a los datos incluidos en los certificados.

La tercera incógnita es ¿quién será el responsable de los datos y, por tanto, ante quien se pueden ejercer los ciudadanos sus derechos en materia de protección de datos? Las autoridades u organismos designados como responsables de la expedición de los certificados se considerarán responsables del tratamiento.

En consecuencia, serán estas autoridades u organismos designados los responsables de cumplir con los deberes de información al ciudadano sobre el tratamiento que se va a hacer de sus datos en relación con este certificado Covid. ¿De dónde sacan dichas autoridades los datos necesarios para incluir en el certificado?

El propio Reglamento establece que quien haya administrado una vacuna contra la Covid-19 o realizado la prueba para la que vaya a expedirse un certificado comunicará los datos personales que sean necesarios.

 ¿Quién será el responsable de los datos y, por tanto, ante quien se pueden ejercer los ciudadanos sus derechos en materia de protección de datos?

Por último, y en relación con los riesgos asociados, los certificados se deberán poder verificar sin conexión a internet lo que nos lleva a pensar que la información estará incluida en el propio QR y no en una base de datos en línea por lo que se reducirían de manera significativa las posibilidades de incidentes de seguridad cómo podría ser un hackeo de los sistemas. En cualquier caso, este punto no está del todo claro.

Por todo lo anterior, este certificado Covid parece un proyecto idóneo para poder levantar de manera gradual las restricciones impuestas en los Estados Miembros sin inferir excesivamente en la privacidad de los ciudadanos ya que, como hemos comentado, no cualquiera podrá acceder a los datos personales incluidos en el certificado y, una vez revisados, no podrán tratarse para ninguna finalidad adicional.

El certificado Covid va a devolver a los ciudadanos europeos el derecho fundamental a circular libremente dentro de la Unión Europea. El documento facilitará la libre circulación y, de esta forma, se va a ayudar a la recuperación de la economía y de la vida que conocíamos antes de la pandemia.

El certificado Covid va a devolver a los ciudadanos europeos el derecho fundamental a circular libremente dentro de la Unión Europea

En relación con el certificado hay dos puntos importantes y muy positivos que destacar. El primero es que no será una condición para desplazarse, es decir, todo el mundo podrá seguir viajando dentro de la Unión Europea; pero aquellos que no dispongan de certificado, deberán asumir las restricciones adicionales impuestas por cada país.

Y el segundo es que se trata de un documento temporal, es decir, aplicable únicamente mientras siga activa la situación de emergencia sanitaria, se ha establecido un plazo de aplicación a este Reglamento de 12 meses, es decir, hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la cual se espera una inmunidad prácticamente total de la población europea.

En conclusión, si ponderamos todo esto en una balanza frente al derecho a la privacidad que todo ciudadano tiene, parece claro que pesan muchos más todos los beneficios que este documento aporta frente al riesgo que se asume en el hecho de mover datos de salud por todo el espacio europeo, además hay que valorar las medidas técnicas implementadas para que el riesgo quede mitigado al mínimo posible.

¿Si hicieran una gran encuesta europea, los ciudadanos consentirían al tratamiento de sus datos con esta finalidad? Seguramente, la gran mayoría, sí. No sólo entra en juego la reactivación de la economía y los viajes por placer, hay muchas personas que llevan meses sin poder visitar a familiares y amigos por no poder asumir, por ejemplo, cuarentenas en el país de origen y, gracias al certificado Covid, muchas personas se podrán volver a juntar.

*** Natalia González es abogada de Bird & Bird España.