Por ello, a la vista de la importancia que tendrá nuestro sector para canalizar los fondos europeos recientemente aprobados y acelerar la salida de la crisis, insistimos en la urgencia de derogar la ley de desindexación en la contratación pública, retomar la cláusula de estabilización de contratos que es el sistema de revisión de precios, y así garantizar la viabilidad de los proyectos.

Entrando en detalles, esta ley prohíbe, de manera casi generalizada, las revisiones periódicas de los precios y rentas en materia de contratación pública. Una prohibición que, en escenarios de leves oscilaciones y bajo determinados supuestos, podía tener su justificación dentro del denominado "riesgo empresarial". Pero la situación se hace insostenible en periodos prolongados de tiempo en los que los precios sufren cambios de manera sustancial, en muchos casos del doble. Actualmente, la revisión de precios ha quedado limitada a una cuestión prácticamente residual en la contratación pública.

Pues bien, el precio de muchas commodities, sobre todo de los metales o aquellas más ligadas a la actividad industrial, ha vivido un rally alcista que ha provocado un notable encarecimiento de los costes a las compañías ligadas a la construcción, que no se pueden trasladar al cliente, en este caso al sector público.

Sus consecuencias han sido muy perjudiciales y han puesto en serio peligro no solo la creación de empleo sino también la viabilidad de numerosos proyectos que ya están en marcha y avanzados, sobre todo de aquellos que se realizan durante un mayor espacio temporal.

Desde la patronal de la construcción hemos observado, con gran inquietud, cómo los precios de las materias primas no dejaban de subir semana tras semana y algunas de ellas, como es el caso del acero, se han disparado alrededor de un 50% sólo durante este año, destrozando el equilibrio de los contratos yendo más allá de lo que se puede considerar un riego razonable.

Estas subidas tan vertiginosas representan una seria amenaza tanto para la construcción como para el conjunto de la economía, teniendo en cuenta el peso del sector en el PIB y su papel como motor para la creación de empleo.

Las subidas tan vertiginosas de las materias primas representan una seria amenaza tanto para la construcción como para el conjunto de la economía

Máxime en el contexto actual dado que la construcción estará, de manera directa e indirecta, en la mayoría de las partidas presupuestarias que permitirán canalizar los fondos Next Generation.

En concreto, siete de cada 10 euros pasarán por nuestras manos. No únicamente en materia de rehabilitación o regeneración urbana, sino también en otros como los de economía circular, energías renovables, movilidad sostenible o los destinados al sector turístico.

Así pues, la viabilidad de muchos proyectos está en juego debido a que las empresas del sector tienen que hacer frente a los fuertes sobrecostes. Por tanto, de no revisarse los precios -solo se hace en contadas ocasiones-, una de las consecuencias podría ser el abandono de la obra o del proyecto, que sería mucho menos perjudicial para el tejido empresarial que tener que asumir el incremento disparatado de sus costes. Solución que, sea como fuere, sería igualmente perjudicial para todos los implicados.

La situación se torna en insostenible a corto y medio plazo si no se producen cambios. En muchos casos, los costes han llegado a multiplicarse por dos, lo que evidencia la situación límite que se vive en el sector y que exige que se tomen medidas al respecto.

Entre las posibles soluciones está, principalmente, que se instaure un sistema de reequilibrio de los contratos que tenga presente el sobrecoste al que tiene que hacer frente la empresa y las alteraciones sensibles de precios posteriores a la presentación de ofertas.

Este mecanismo de equilibrio no sólo se contempla en un escenario de fuerte incremento de los precios, como el que estamos viviendo, sino también en sentido contrario ya que cuando se produzcan caídas intensificadas de los precios de las materias primas la situación es la inversa y hace que el licitador tenga que revisar a la baja su precio.

Por tanto, el fin último de dicho sistema sería buscar estabilidad a la contratación y lograr su reequilibrio y estabilidad cuando sea necesario en el tiempo, tanto para las Administraciones como para el sector privado.

En definitiva, el principal objetivo de esta revisión sería que la contratación pública se haga impermeable y protegida ante las subidas o bajadas desproporcionadas de los materiales de la construcción en cualquier tipología de obra o adjudicación.

Además, los índices de revisión de precios que se utilizan en la contratación pública son aprobados por la propia Administración, por lo que es ella quien tomando conciencia de esa subida o bajada reconoce lo que procede o no abonar al contratista.

Por el bien de nuestro sector y por el conjunto de la economía, necesitamos evitar que la construcción y la reconstrucción se suban a ninguna montaña rusa.

*** Pedro Fernández Alén es presidente de la construcción (CNC).