Decía la filósofa Ayn Rand que podemos ignorar la realidad, pero que lo que no podemos ignorar son las consecuencias de ignorar la realidad. No hay frase que mejor describa la estrategia que está siguiendo nuestra clase política respecto al grave problema al que se enfrenta el sistema público de pensiones.

Los sistemas de pensiones de reparto, como el español, se basan en ir pagando las pensiones actuales con las cotizaciones aportadas por los trabajadores actuales. A cambio, los trabajadores actuales reciben la promesa de que serán los trabajadores futuros quienes pagarán sus pensiones.

Por tanto, es fácil averiguar si el sistema es o no sostenible: si, de forma estructural, las cotizaciones cobradas a los trabajadores son suficientes para cubrir las pensiones a pagar, el sistema será sostenible. De lo contrario, solo quedarán dos opciones: o se reforma el sistema para volver a hacerlo sostenible, o se entrará en una espiral de acumulación de deuda que por su propia insostenibilidad terminaría conduciendo a la insolvencia.

En este sentido, el sistema de pensiones español no puede tener peores perspectivas. Desde 2011, el coste de pagar a los pensionistas es estructuralmente superior a los ingresos que el sistema es capaz de recaudar. El agujero, de entre 16.000 y 20.000 millones de euros anuales, se agranda año a año, y no tiene perspectivas de dejar de crecer.

El problema de fondo es que la demografía española va a ser implacable durante las próximas décadas: mientras que el número de pensionistas se va a disparar, cada vez va a haber menos españoles en edad de trabajar. Si en 2019 ya estábamos en dos trabajadores por pensionista, inevitablemente esa ratio se va a ir estrechando hasta que, en 2050, cuando mi generación empiece a jubilarse, solo habrá en torno a un trabajador por pensionista. Cada trabajador, dicho de otro modo, va a tener que pagar con su salario la pensión de un pensionista.

¿Qué están haciendo nuestros gobernantes para afrontar este abismo al que se enfrenta el sistema de pensiones? En una palabra: nada. El Gobierno está siguiendo la estrategia del avestruz, ignorando por completo la insostenibilidad en la que está ya inmersa la Seguridad Social. Pedro Sánchez y sus ministros tienen la vista puesta, no en el auténtico problema al que se enfrentan los españoles, sino en las próximas elecciones.

 El Gobierno está siguiendo la estrategia del avestruz, ignorando por completo la insostenibilidad de la Seguridad Social

Esta semana, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció a bombo y platillo que el Gobierno, los sindicatos y la patronal habían alcanzado un acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Sin embargo, bien podría decirse que lo que se ha alcanzado es un acuerdo para hacer las pensiones aún más insostenibles.

Por un lado, han anunciado que van a revertir la reforma llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, volviendo a indexar las pensiones anualmente al IPC y derogando el factor de sostenibilidad, cuya finalidad era ir adaptando el cálculo de las pensiones a pagar a los ingresos reales que fuera capaz de recaudar el sistema. Esto supondrá un desequilibrio adicional que alcanzará un importe anual del 5% del PIB en 2050.

A cambio, la reforma del Gobierno contempla dar incentivos para retrasar la edad de jubilación efectiva, en el mejor de los casos, en dos años. De acuerdo a la AIReF, esto recortaría el agujero en un importe que no llegaría al 0,8% del PIB al año para 2050. Es decir, que el efecto combinado de la reforma del Gobierno parece destinada a agravar el problema. 

Lo que se ha alcanzado es un acuerdo para hacer las pensiones aún más insostenibles

El Gobierno admite que a esta reforma le hace falta una segunda parte que aborde la insostenibilidad financiera del sistema. Pero todo apunta a que la estrategia va a seguir siendo dar patadas hacia adelante, por si con suerte puede terminar siendo un Gobierno de signo contrario quien lleve a cabo las inevitables medidas impopulares.

La realidad es que, de no abordar este enorme desequilibrio, la Seguridad Social podría tener que sumar a la deuda pública ya existente, que cerró en 2020 en el 120% del PIB, un 100% adicional del PIB durante las próximas tres décadas. Es decir, una cifra completamente insostenible para una economía como la española, que quedaría abocada a la insolvencia.

En este sentido, el anuncio de que el Estado realizará transferencias anuales de hasta el 2% del PIB a la Seguridad Social con cargo a Presupuestos Generales del Estado, no cambia en absoluto la mala situación del sistema: con independencia del epígrafe al que se apunte, o se cierra el agujero entre lo que cobran los pensionistas y lo que pagan los trabajadores, o se seguirá generando la misma dinámica de endeudamiento. Lo que no salga de un bolsillo de los españoles, tendrá que salir del otro.

En definitiva, quien debería exigir que se lleve a cabo una reforma en profundidad que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones en ningún caso tendría que ser la Unión Europea, que es a quien se pretende engañar con esta tramposa contrarreforma.

Deberíamos ser los propios ciudadanos españoles quienes lo reclamemos. Nuestros gobernantes podrán optar por ignorar la realidad, pero somos nosotros quienes sufriremos las consecuencias.