El ministro tenía que aprobar una reforma de las pensiones por razones coyunturales y estructurales.

La razón estructural es evidente: "la subida del nominal de las pensiones, el aumento del número de jubilados y el descenso de la población activa hace insostenibles el pago del las jubilaciones con el solo recurso a las cotizaciones de quienes trabajan".

Hoy por hoy, esas cotizaciones no son suficientes para desembolsar todos los meses las cantidades necesarias. De hecho, nos hemos comido el 'fondo de reserva de la Seguridad Social', que empezó en el año 2000 para poder pagar a los jubilados si habían recesión y paro. Fondo que llegó a tener más de 66.815 millones de euros en el año 2011 y ahora esta a cero.

Las cotizaciones tampoco serán suficientes en el futuro. Esa es la razón estructural para reformar el Pacto de Toledo que inició sus trabajos en 1995 y ha permanecido más o menos activo en función de las circunstancias político-electorales. Pero ahora está parado.

Las cotizaciones tampoco serán suficientes en el futuro. Esa es la razón estructural para reformar el Pacto de Toledo

La razón coyuntural para la actual reforma es: la exigencia de la UE para desembolsar las ayudas extraordinarias post Covid. Sin una reforma de las pensiones y una reforma laboral, Bruselas no estaba dispuesta a desembolsar los 140.000 millones de euros de la ayuda prevista  (NextGenerationEU). De manera que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, la señora Nadia Calviño, había encargado al ministro Escrivá la redacción de un documento, acordado con sindicatos y patronal, que pudiera presentar ante los burócratas de Bruselas que ella bien conoce.

Aclarado por qué era necesario elaborar una papel-reforma del sistema de pensiones, la pregunta es: ¿el acuerdo soluciona ambos problemas?

En el problema coyuntural es posible que se haya conseguido algo. El papel lo aguanta todo y los burócratas de Bruselas se pueden conformar. En principio, puede sonarles bien endurecer las condiciones para jubilarse anticipadamente y establecer mecanismos de solidaridad inter-generacional, así como dificultar la jubilación forzosa. Con ello, se da la impresión de que se frena el aumento de las pensiones. Es alargar la edad laboral pero de manera coyuntural.

Si yo fuera un burócrata de Bruselas no me gustaría tanto que esa reforma proponga recuperar el aumento de las pensiones con el IPC; en particular en un periodo en que se espera que se recupere la inflación. Tampoco me sonaría bien eliminar el coeficiente de sostenibilidad en función de la esperanza de vida, que se propone sustituir por otro mecanismo "a diseñar".

Respecto al problema estructural, el de fondo, la solución es aumentar las cotizaciones y reducir el gasto. Algo que no depende sólo del Ministerio de la Seguridad Social. 

La mejor forma de aumentar los ingresos es crear puestos de trabajo. En ese sentido es suicida cambiar la Reforma Laboral de 2012, que ha demostrado ser capaz de aumentar los cotizantes con crecimientos inferiores al 2% del PIB. Pero eliminar esa reforma es un mantra de la parte radical del Gobierno y el presidente Sánchez no puede dejar de contentarlos. Ya veremos que dice Bruselas al respecto.

La otra parte de la ecuación, la reducción de los gastos por pensiones sólo se puede hacer de manera definitiva subiendo la edad de jubilación (¿69/70 años?) salvo para determinadas actividades. Pero eso ni lo han tocado en la llamada reforma de las pensiones.

No lo han tocado porque esta reforma no ha tenido por objetivo el resolver el problema de las pensiones, sino contentar a Bruselas. Algo que puede ser necesario para recibir los 140.000 millones de euros, pero que no ataca el problema de fondo.

En resumen, Esvrivá ha hecho lo que le han pedido: un papel suficiente para ir a Bruselas. Esperemos que allí se lo crean. En caso contrario sería un desastre, porque este acuerdo no habría servido ni para la coyuntura, ni para el problema de fondo.

 *** J. R. Pin es profesor del IESE.