Díaz y la (de)construcción de la recuperación

La salida de la crisis estará condicionada por el reparto de los fondos europeos, cuya concesión -a su vez- se encuentra supeditada a la implantación de reformas de calado. Pues bien, una de las más trascendentales será la laboral. Y la última propuesta que ha trasladado el Ministerio de Trabajo contiene algunas medidas que podrían provocar un efecto devastador para la recuperación económica, teniendo en cuenta su impacto en la construcción: un sector que representa casi el 10% del PIB, da empleo a cerca de 1,3 millones de personas y será fundamental para canalizar en torno al 70% de las ayudas comunitarias.

El Ministerio capitaneado por Yolanda Díaz pretende que el contrato fijo discontinuo sea el que impere en los distintos sectores y eliminar diferentes contratos temporales, entre los que se incluye el contrato fijo de obra. Esta decisión, de tremendas consecuencias, la justifica en que el contrato indefinido debe ser la norma en España, sin tener en cuenta las particularidades de la construcción, por lo que este 'café para todos' ignora la regulación específica y autónoma del sector.

Este 'café para todos' ignora la regulación específica y autónoma del sector

Las consecuencias de querer hacer solo trabajadores indefinidos las sufrirían sobre todo las pymes, que son la mayor parte del tejido empresarial ya que representan el 99,8% de las empresas en España. Además, muchos trabajadores tendrán que convertirse obligatoriamente en autónomos ante el elevado incremento de los costes a asumir por muchos pequeños empresarios.

En otros países europeos, como por ejemplo Francia, el contrato fijo de obra no se tiene en cuenta como un contrato temporal, sino que computa como indefinido, lo que pone de manifiesto que se trata de una modalidad contractual vertebradora de la estabilidad en el empleo de nuestro sector, siempre y cuando la empresa tenga cartera y obra.

El contrato fijo de obra nació como una modalidad contractual adaptada a las particularidades de nuestro sector y, sobre todo, consensuada entre los trabajadores y los empresarios en el diálogo social, puesto que va unido a una obra determinada o a la realización de trabajos para una misma empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia dando la estabilidad a los trabajadores que la cartera de trabajo de los empresarios no tiene.

Por tanto, la decisión del Gobierno iría en contra del diálogo social bipartito sectorial con el que se proclamó el artículo 24.1 del VI Convenio General del Sector de la Construcción por la habilitación de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector; figura que además, a lo largo de los años, ha contado con una conflictividad prácticamente nula en los juzgados y que pone de manifiesto su aceptación y buen uso.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha apuntado las características del contrato fijo de obra que se deben perfilar con el fin de dar mayor seguridad a los trabajadores, debiendo valorar el juez nacional todo el ordenamiento jurídico, incluyendo todo el Convenio General del Sector, para saber si lo ya hecho es suficiente.

Así el órgano europeo considera que el contrato fijo de obra puede cumplir con la normativa europea siempre y cuando el juzgado nacional considere que así lo hace, ya que será él quien deba comparar la normativa europea con la regulación estatal del fijo de obra de la construcción, cuestión que ya he hecho en alguna ocasión nuestro Tribuna Supremo.

De ahí que la eliminación del contrato fijo de obra no solo supondría un retroceso en el diálogo social, sino que también tendría sus consecuencias para la recuperación económica y el mercado laboral. Y es que esa desacertada decisión incrementaría el número de despidos objetivos y reduciría las indemnizaciones que reciben los trabajadores, lo que a la postre precarizaría el empleo y dispararía la conflictividad social.

Este escenario se produce en un momento crucial para España ante la llegada de los fondos europeos, cuya puesta en marcha obligará al sector a contratar más mano de obra para ejecutarlos y lograr ese necesario efecto tractor en otras industrias tan estratégicas como la de las telecomunicaciones o las energías renovables.

Por tanto, en caso de eliminarse el contrato fijo de obra, se dificultaría la hoja de ruta diseñada para canalizar los fondos europeos, la que previsiblemente haría que el sector aumentase sus plantillas en el medio plazo hasta los dos millones de trabajadores.

En definitiva, eliminar el contrato fijo de obra sería como poner palos en la rueda de la salida de la crisis. O, si me lo permiten, un despropósito para la (de)construcción de la recuperación económica.

*** Pedro Fernández Alén, presidente de la Construcción (CNC).