La señora Calviño, vicepresidenta económica, ha anunciado que España ha recibido ya 9.000 millones de euros de los fondos europeos y aclaró que eso crearía puestos de trabajo, puesto que los proyectos a los que van destinados están ya preparados.

Así hasta 140.000 millones de euros durante los próximos cinco años. Por lo menos estos dos próximos años lo estaremos oyendo, con reiterada precisión, cada cierto tiempo en un ejercicio de propaganda económica. Con ellos se pretende relanzar la economía española en los próximos años y parece que es posible. Pero también puede ser el origen de un desastre.

La riqueza no siempre tiene como consecuencia el bienestar de las naciones. Hay casos recientes como Venezuela que, a pesar de la abundancia de recursos naturales, han retrocedido en el nivel de vida de sus ciudadanos. Entre 1998 y 2008, el país sudamericano recibió 325.000 millones de dólares de ventas al exterior. Pero su economía a partir de entonces descendió a los infiernos. De un PIB de 289.000 millones de dólares en 2008, pasó a 76.500 millones en 2019 (con una hiperinflación de 7.374% anual).

Por eso hay que tener cuidado. No basta con tener dinero disponible; también hay que emplearlo bien, administrarlo y controlarlo. De manera que lo mismo que 140.000 millones de euros pueden ser una palanca de desarrollo, también pueden ser una trampa que lleve a una situación fiscal insostenible.

No basta con tener dinero disponible; también hay que emplearlo bien, administrarlo y controlarlo

¿Que cosas debería hacer el Gobierno español para que ocurra lo primero y no lo segundo?

En primer lugar, invertir el dinero de manera eficaz, eficiente y equitativa. Para ello debe elegir muy bien a las personas, instituciones y empresas a las que se destinarán esos fondos.

De momento, la experiencia parece ser todo lo contrario: la SEPI ha destinado nada menos que 53 millones de euros a la compañía Plus Ultra.

Las condiciones para esta ayuda eran: que fuera una empresa estratégica; que sus pérdidas procedieran básicamente de las circunstancias de la pandemia; y que con la ayuda se asegurase su continuidad rentable. Varios expertos han puesto en duda que Plus Ultra cumpliera alguna las tres y el juez retuvo parte de ese dinero durante un tiempo por dudarlo. Además, hay informaciones que relacionan la empresa con intereses de personas cercanas al Gobierno de Maduro en Venezuela.

Sobre los 10.000 millones de euros del fondo que la SEPI dispone para esos rescates, la operación Plus Ultra es sólo el 0,5%. Pero ha tenido mucha repercusión. En julio pasado, 12 meses después de su creación, aún quedaban más de 8.300 millones, el 83% sin aprobar.

En parte, porque la mala imagen de esa primera operación levantó sospechas sobre la operativa de su reparto y eso hizo que los propios "repartidores" se volvieran "prudentes"; de ahí la lentitud en las resoluciones. De hecho, la SEPI ya ha anunciado que no habrá dinero para todas las solicitudes en trámite, que son más de 3.000.

Si con algunos problemas como este se repiten, la UE empezará a sospechar que la distribución de fondos no sólo es arbitraria y poco clara, también lenta y poco eficiente. Entonces enviará los dineros con cuentagotas. No llegarán a tiempo y ya se sabe que los proyectos, aunque sean buenos, si tienen estrangulamientos financieros pueden fracasar. Un fracaso que lleva a la suspensión de pagos, cuando no la quiebra de las inversiones.

Si, además, no se han creado organismos independientes para el reparto de 140.000 millones de euros, sino que es el propio Consejo de Ministros el que asume ese reparto, será difícil demostrar que no hay "intereses políticos" en su distribución. Cuando no sospechas de corrupción.

Entonces vendrán los señores de negro de la UE y disciplinarán nuestro proceso fiscal. Eso significa, como veremos en el siguiente artículo (el próximo domingo): inflación e impuestos, cargas para los de siempre: los más desfavorecidos y la clase media.

*** J. R. Pin es profesor del IESE.