El gobierno insiste en el error con una extraordinaria contumacia. Ha convocado a los interlocutores sociales para proceder a una nueva elevación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a pesar de la teoría económica y de la evidencia empírica que muestran sus negativas consecuencias sobre el empleo de aquellos a quienes se pretende beneficiar: los individuos con menor cualificación y experiencia profesional. Ya no cabe hablar de ignorancia sobre las consecuencias de subir el SMI por lo que solo cabe atribuir la iniciativa al populismo y a la demagogia.
Si bien se presta atención al impacto en términos agregados de las alzas del SMI sobre los denominados colectivos vulnerables, terminó convertido en un cajón de sastre para justificarlo todo, se suele ignorar o pasar por alto algo elemental; a saber, las diferencias existentes no ya en la composición del mercado laboral, de los factores determinantes de la oferta y de la demanda de puestos de trabajo a escala nacional, sino de las existentes en las distintas partes del territorio español.
De igual modo que los trabajadores son individuos, no colectivos, con rasgos y características diversas, también lo son los ámbitos territoriales en los que desempeñan o quieren desempeñar su actividad laboral.
En España, como en cualquier otro estado, el trinomio productividad-empleo-paro no es el mismo entre los trabajadores ubicados en un lugar X, sino entre estos y los que operan en un lugar Y; en una Comunidad Autónoma o en otra. Tampoco es igual la estructura económica de estas. Y podrían añadirse otros muchos elementos. Pero solo los señalados bastan para ilustrar que el incremento del SMI tiene una incidencia negativa más acusada en unas autonomías que en otras.
Esta cuestión, que resulta básica, se ignora de manera incomprensible, lo que constituye un hecho muy preocupante y, también, un reflejo de un completo desconocimiento de la realidad. Así, por ejemplo, la economía extremeña no tiene nada que ver con la madrileña o con la andaluza. Obviar esto conduce a resultados contrarios a los buscados por los paladines del SMI y solo contribuye a aumentar la brecha en términos de renta y empleo entre las comunidades más desarrolladas y las más atrasadas.
A medida que el SMI se acerca más al salario medio existente en una comunidad autónoma, mayores son sus efectos perniciosos sobre los flujos de entrada y de salida en el mercado de trabajo. Con un ingreso promedio superior a los 2.000 euros al mes en Madrid, un SMI de 950, ahora, no tiene la misma repercusión que en Extremadura cuya remuneración media apenas sobrepasa los 1.500 euros/mes. No tendrá la misma incidencia un incremento del SMI en una autonomía, de nuevo Madrid, con un 12,1% de paro que en Extremadura que lo tiene en el 19,2% ni con un paro juvenil, como el extremeño, situado alrededor del 50%.
No hace falta ser un cultivador de la ciencia lúgubre, sino tener un atisbo de simple sentido común, para entender que las repercusiones de una subida del SMI no pueden ser iguales en una autonomía con niveles de productividad del factor trabajo mediocres y con tasas de paro abultadas que en otra donde la primera variable es mucho más alta y la segunda mucho más baja.
Por eso es absurdo e irracional que el SMI sea idéntico para un pueblo deprimido de Extremadura que para uno próspero de Cataluña. Es evidente que el impacto sobre la contratación en uno y otro lugar no son similares. Esta precaución básica es ignorada o despreciada por quienes de una forma absolutamente irresponsable juegan con el SMI.
Si esa situación es mala en un escenario económico normal, de crecimiento, resulta incomprensible en un contexto, como el actual, en el que España ha sufrido un shock sin precedentes y cuando partía de un contexto de desempleo muy elevado en la pre crisis.
En este entorno, el alza del SMI sólo contribuirá a aumentar el paro en las regiones con menor renta, se traducirá en una sustancial alza del empleo sumergido o en una mezcla de ambas cosas. Es impensable que las regiones menos avanzadas y con tasas de desempleo altas sean capaces de crear puestos de trabajo con un nuevo incremento del SMI. Esto es indiscutible para cualquier persona con un mínimo conocimiento de teoría económica básica.
En esta misma línea argumental, en términos de igualdad y de justicia redistributiva tan caras a la coalición gobernante, es injusto que el SMI sea el mismo con independencia de su poder adquisitivo que, obviamente, no es tal en todas las autonomías, ciudades, pueblos, villas y aldeas hispanas. En el caso de que el SMI generase en lugar de destruir empleo, su igualdad implicaría, el café para todos, supondría una injustificable discriminación a favor de aquellos de sus beneficiarios residentes en zonas con un nivel de vida menos oneroso. No es lo mismo la capacidad de compra de un SMI en el Burgo de Osma que en Bilbao.
Estas observaciones complementan los razonamientos habituales contra el SMI y refuerzan sus rasgos arbitrarios y discrecionales. Esa figura es una expresión clara de la falta de sentido de la realidad de la izquierda, de su confusión entre la realidad y el deseo. Aunque sea políticamente incorrecto y lo es, la mejor ayuda a que los hipotéticos beneficiarios del SMI encontrasen empleo y pudiesen iniciar una carrera profesional sería acabar con esa lamentable institución que se da de bruces con todo lo que la teoría de precios ha enseñado desde hace dos siglos y medio.
