Mucho antes de que el precio del megavatio abriera los telediarios, los medios nos hacíamos eco de vez en cuando de las consecuencias socioeconómicas del fin del carbón en el norte de España. Este verano, la imagen de casas abandonadas en las carreteras del Bierzo que aún conservan un destello de cuando estaban habitadas por la cortina olvidada en la ventana sin cristal, recordaban al viajero que la transición ecológica no tiene marcha atrás.
Todavía hay rastro del carbón con el que los mineros abastecían la antigua central térmica Compostilla II de Endesa en Cubillos del Sil hoy convertida en un cementerio. Al norte, se repite esa imagen con la central Soto de la Barca de Naturgy, a orillas del río Narcea, si bien el turismo y un Parador parecen haber paliado ese escenario de abandono.
España llevaba años preparándose para el fin del carbón y ese momento ha llegado. El gas es la fuente de energía tradicional que estaba llamada a sustituirlo mientras las energías verdes aumentan su capacidad. Así lo establece el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) que Teresa Ribera logró aprobar en el Congreso para dictar un horizonte hasta el año 2030 que sirviera como base para esta transición que se quiso bautizar como "justa".
La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.
Al sacar el carbón del mix energético y dar protagonismo al gas, España quedaba -de manera transitoria- más expuesta a los vaivenes de la geopolítica y los mercados. Una eventual guerra en el Magreb, un potencial cambio de Gobierno en Argelia; un movimiento especulativo en los mercados internacionales por los derechos del CO2; o una situación que solo podía ser hipotética provocada por aumento de la demanda global en medio de una pandemia, eran escenarios que nadie esperaba hace año y medio. Pero estos dos últimos juntos ilustran lo que estamos viviendo. Parecemos nuevos, en esto de las crisis.
Ni el Gobierno, ni el Congreso, ni nadie en el sector tomó como ejemplo la crisis financiera de 2008, que ahora obliga a los bancos a someterse a todo tipo de escenarios de estrés para garantizar el acceso al crédito incluso ante un desplome económico impensable (como el de la Covid-19).
Se podría haber pensado en un eventual encarecimiento de las materias primas y derechos de CO2 que no dependen de España para establecer un 'plan B' que no dejara expuesto a esa volatilidad el recibo y no alterara los nervios de la opinión pública ante una subida coyuntural de un bien de primera necesidad como es la luz.
Así que ahora, llegan las ocurrencias. Estamos ante una tormenta perfecta en la que se han juntado múltiples factores (precio del gas, especulación con el CO2, olas de calor y falta de viento para los molinos). El resultado es que se ha disparado el precio de la electricidad de 11 millones de hogares, entre ellos los más vulnerables.
En España, este tema es motivo para abrir los telediarios, pero en Portugal -que también forma parte del mercado Ibérico- prácticamente no se habla estos días del recibo de la luz.
En el país luso, solo el 20% de los consumidores está en el mercado regulado, frente al 40% de España. Esto deja a uno de cada seis consumidores españoles expuestos a la volatilidad diaria del 'pool'. Cuando baja la luz en el mercado mayorista (y no hablamos de ella), su factura baja y cuando sube mucho, se dispara.
António Costa, Teresa Ribera, María Jesús Montero, Kichi, Ada Colau, Pedro Sánchez, Marina Serrano, José Bogas e Ignacio S. Galán.
Pero además, el Gobierno de izquierdas de António Costa cuenta con un colchón que está utilizando en este momento para "inhibir el aumento del precio de la electricidad a los consumidores", según explicó el ministro de Ambiente, João Matos Fernandes, la semana pasada y recogió Efe.
En España, María Jesús Montero también cuenta con un colchón porque curiosamente, esta subida de la luz no está beneficiando ni a las eléctricas (lo veremos en sus resultados), ni a los 20 millones de consumidores restantes que tienen su factura fija en el mercado libre y que pagarán más en el futuro. Sí está lucrando a la Hacienda Pública.
Según datos que maneja el sector, una vez descontada la reducción temporal del IVA al 10% y la supresión temporal del impuesto de producción del 7%, el Gobierno seguirá recaudando 1.650 millones más que en 2020 por los impuestos que ingresa con la luz.
El Gobierno seguirá recaudando 1.650 millones más que en 2020 por los impuestos que ingresa con la luz
Así que hay margen para abordar una bajada del IVA aún mayor de la anunciada, hasta el 4%.
Pero además, parece pertinente plantear la reformulación de la tarifa regulada (PVPC). Los consumidores del bono social y del bono calefacción están obligados a acogerse a ella, no sea que fomentemos en este país el mercado libre.
Esto es algo que han pedido Galán y Bogas, junto a Viesgo y EDP, a través de Marina Serrano, presidenta de Aelec, y en lo que Ribera está trabajando.
Pese al enfrentamiento por las presas hidráulicas, la ministra de Transición Ecológica no tiene rotos los puentes con el sector eléctrico, cuyas propuestas están más acordes con la normativa europea que las de sus socios de Gobierno.
Toda Europa padece en menor o mayor medida las consecuencias de la subida del gas, pero Pedro Sánchez es el presidente más expuesto al recibo de la luz.
Pese al posible apoyo puntual de Arrimadas, la tramitación parlamentaria de las propuestas que lance este Gobierno para paliar los efectos coyunturales de la luz no tendrán un camino fácil, como veremos con el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
La luz es una oportunidad para desgastar al Gobierno, como saben sus aliados morados en la coalición y la oposición. Pero por su efecto en la recuperación económica y en el bolsillo de los ciudadanos, en especial, de los colectivos vulnerables, no se debería jugar con este tema.
Ha faltado planificación -una vez más- y mientras se desvía la atención con iniciativas, como la de crear una empresa pública que opere bajo las mismas normas de juego que tiene ahora el mercado, no se abordan soluciones con seriedad. Ada Colau y Kichi ya lo saben, tras haber subido la luz a sus clientes este verano.
ATENTOS A...
El presidente de la AEB, José María Roldán, ha arrancado el curso con una entrevista en Invertia en la que abogaba por una unión de la patronal que preside con CECA. Cuando está en la recta final de su segundo mandato, el representante de los grandes bancos cree que es momento de unir fuerzas para defender a un sector que sigue en la diana de algunas instituciones y una parte de la sociedad, pese a que -hay que reconocerlo- ha hecho esfuerzos para corregir excesos.
![I. Fainé, J. M. Roldán y C. Bastarreche.](["https:\/\/s1.elespanol.com\/2021\/09\/03\/actualidad\/609201979_205662382_1706x642.jpg"])
I. Fainé, J. M. Roldán y C. Bastarreche.
El primer paso para esta fusión ha sido el fichaje de Carlos Bastarreche como asesor externo de ambas patronales para asuntos europeos. Parece que Isidro Fainé también vería bien este plan con el que la representación sectorial se adaptaría a los nuevos tiempos, con menos bancos y más trabajo con el sector público.
