La que se ha liado en El Salvador. Desde que el martes se convirtiera en el primer país del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, el proyecto más bien parece un circo al que no paran de crecerle los enanos: protestas ciudadanas, críticas internacionales, fallos técnicos y, por si fuera poco, un inusual desplome en el precio de la criptomoneda.

Parece que los únicos satisfechos con la medida son los representantes del propio Gobierno y los forofos de la divisa. Mientras la mayor parte del mundo sigue intentando entender el vasto y complejo universo de las criptomonedas, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha implementado Bitcoin en prácticamente tres meses, sin casi consulta pública ni debate parlamentario.

Por eso no es de extrañar que el 68% de la población salvadoreña encuestada por la Universidad Centroamericana se muestre en contra de la iniciativa, sobre todo, si se tiene en cuenta que más del 95% de los consultados no entiende la criptomoneda ni sabe cómo se usa. Aunque esto también resulta bastante lógico, dado que se estima que cerca del 70% de la población salvadoreña carece de cuenta bancaria.

Aquí entra uno de los primeros argumentos de Bukele, quien defiende que la introducción de Bitcoin impulsará la bancarización de sus ciudadanos. Sin embargo, resulta difícil de creer si se tiene en cuenta que solo el 45% de ellos dispone de acceso a internet.

Otra de las grandes bazas del presidente para defender su proyecto reside en esquivar las comisiones que los intermediarios se quedan sobre el dinero que los emigrantes envían a sus familias. El Gobierno afirma que este ahorro podría llegar hasta los 400 millones de dólares anuales, aunque según cálculos de la BBC, la cifra real estaría más cerca de los 170 millones de dólares.

Sea cual sea, dado que las remesas suponen el 16% del PIB del país, parece que la medida sí tendría sentido en este aspecto. Sin embargo, estos ahorros podrían esfumarse ante la enorme volatilidad de Bitcoin, que es una de las principales críticas tanto por parte de la población, como de organismos internacionales como el FMI.

Y para muestra, un botón: tras la entrada en vigor de la criptomoneda en el Salvador, su valor se desplomó una media de un 10%. Esto significa que, si el Gobierno invirtió, por ejemplo, 100 dólares (la cifra real debe ser escandalosamente mayor) para comprar los 400 bitcoins con los que ha lanzado el proyecto, su precio actual en el mercado ahora sería de 90 dólares. Aunque también es cierto que Bukele aprovechó la caída para comprar otras 150 criptomonedas a menor precio.

Cuesta creer que se haya producido un desplome, dado que la comunidad Bitcoin parece encantada con la medida salvadoreña. Además de mensajes de bienvenida por parte de pesos pesados del ecosistema, como la plataforma de intercambios Binance, algunos de los mayores influencers de la criptomoneda organizaron una compra coordinada masiva a nivel internacional para aumentar artificialmente su precio.

Cuesta creer que se haya producido un desplome, dado que la comunidad Bitcoin parece encantada con la medida salvadoreña

Pero las cifras demuestran que no sirvió de mucho. Según varios analistas internacionales, la caída se debe a que el valor de la monedada llevaba meses inflado, por lo que debía bajar antes o después. Su entrada en El Salvador habría sido la gota que ha colmado el vaso de varios inversores especuladores, que se han desvinculado de ella repentinamente.

Para evitar los problemas en la fluctuación del precio, el Gobierno afirma haber creado un fideicomiso de 150 millones de dólares con los que compensará las posibles pérdidas de valor que sufran las empresas. Es decir, que, si un comercio vende un producto a 10 bitcoins, pero en el momento de la transacción la criptodivisa vale un dólar menos que cuando se fijó el precio, el Gobierno retribuirá el euro perdido al comerciante a través de ese fondo.

Pero ¿cómo se paga ese fondo y todo el dinero que ya se ha invertido en la medida? Por supuesto, con los impuestos de los ciudadanos. Pero, en una economía empobrecida y con una enorme brecha digital, jugarse tanto dinero a costa de los contribuyentes parece una temeridad.

En una economía empobrecida y con una enorme brecha digital, jugarse tanto dinero a costa de los contribuyentes parece una temeridad

Para neutralizar esta crítica, Bukele defiende que la entrada de Bitcoin servirá para atraer inversores extranjeros con menores trabas y comisiones. Sin embargo, aquí reside otra de las espinosas cuestiones del proyecto. Parece que detrás del enorme y veloz impulso del Gobierno para introducir la criptomoneda en el país se esconden algunos criptoemprendedores que podrían estar frotándose las manos.

Aunque la llegada de la moneda ha venido acompañada de una cartera digital gratuita precargada con 30 dólares a modo de incentivo, 200 cajeros para retirar bitcoins en dólares y sin comisiones de cambio, la mayor parte de las plataformas de compra de Bitcoin cobran a los usuarios por adquirir nuevas divisas.

Si antes el dinero se quedaba en manos de los intermediarios financieros, ahora se quedaría en la de los tecnológicos. De hecho, la famosa empresa de pagos Stripe y el criptoemprendedor Mike Peterson mantienen operaciones desde hace tiempo en El Zonte, un pequeño pueblo pesquero del país que atrae a turistas surferos y cuya pionera introducción de Bitcoin fue la inspiración para la atrevida maniobra financiera de Bukele.

Si antes el dinero se quedaba en manos de los intermediarios financieros, ahora se quedaría en la de los tecnológicos

Además, aunque el precio de Bitcoin se haya desplomado repentinamente, si otros países siguen el ejemplo del Salvador, el valor de la moneda seguiría creciendo, lo que supone otro gran incentivo para sus promotores.

A estos supuestos oscuros intereses de negocio hay que añadir la falta de transparencia con la que el Gobierno ha lanzado la criptomoneda. Los ciudadanos aún no tienen claro si todos los negocios tendrán que aceptarla obligatoriamente. Hace un tiempo, el presidente llegó a hablar de sanciones para los que no lo hicieran, aunque ahora parece que los que no tengan capacidades tecnológicas podrán quedar exentos.

Tampoco se sabe cuál es la tecnología subyacente con la que funciona la cartera digital. Este podría haber sido el motivo de que la aplicación no haya estado disponible durante horas en las principales plataformas de descargas de aplicaciones, al no cumplir sus requisitos de seguridad y privacidad. Sin embargo, el presidente alegó fallos técnicos y exigió a Apple y Google que aceleraran el lanzamiento de la app.

Dos días después, parece que el sistema funciona. Eso sí, quienes descargaron la aplicación se encontraron con que los 30 dólares de incentivo prometidos por el Gobierno ahora valían menos debido al desplome de Bitcoin. Pero esto es lo que pasa cuando las cosas se hacen con prisas y sin consulta pública. Puede que El Salvador haya dado un buen paso hacia la innovación, pero tal vez debió haberlo dado más despacio. Tampoco había prisa, ¿no?