Bruselas ha decidido reforzar los lazos con el sector financiero para controlar cómo se van a gestionar las transferencias de Next Generation EU y también para ver hasta qué punto van a poder contar con bancos y seguros para las emisiones de deuda necesarias para financiar el plan. De ahí que uno de sus grandes objetivos fuera testar el apetito de las aseguradoras y entidades bancarias españolas.

Tras el primer desembolso de 9.000 millones de euros del pasado verano, la maquinaria europea está lista para canalizar los fondos. Ahora bien, lo que se trasladó al comisario desde algunos ámbitos es que España tiene que espabilar y que no hay que descartar que nuestro país no sea capaz de absorber las ayudas a tiempo. En especial, de las que están programadas para esta primera fase de 2021.

Si hay alguien que genera confianza en Bruselas es el gobernador Pablo Hernández de Cos, que se reunió el martes con Hahn para trasladarle su visión sobre la economía española, sobre el sector financiero y sus temores sobre el futuro de las reformas.

El director de Estadística del Banco de España, Óscar Arce, es pesimista en el ritmo de ejecución de los fondos europeos. Cree que estas ayudas aportarán este año al PIB solo seis décimas (cuatro menos de lo que esperaba antes de verano) y que, como mucho, se movilizarán 11.000 millones de euros, frente a los más de 26.000 millones prometidos por los Presupuestos 2021. 

El motivo es que la Administración española no está siendo capaz de ser ágil en la gestión de las ayudas y la 'cogobernanza' está mostrando su peor cara: la de la ineficiencia.

Hahn también acudió a la casa de Antonio Garamendi para recabar información sobre cómo va el plan de ejecución de los fondos -con sus correspondientes hitos- y debió salir preocupado. España no está en condiciones en este momento de garantizar que cumplirá las reformas prometidas de aquí a final de año.

La decisión de Pedro Sánchez de hacer caer la balanza hacia las presiones de Yolanda Díaz con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en lugar de escuchar a su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha fracturado el Diálogo Social.

Más aún ahora que sabemos que los datos macro sobre los que se defendió esa subida salarial estaban inflados por una estadística errónea que dibujaba un rebote "robusto" en el primer semestre de 2021, cuando en realidad nuestra economía permaneció casi estancada (+0,4%). 

El decreto del SMI ha sido un golpe para todas las mesas en las que se sienta el Ejecutivo con los agentes sociales y estas son vitales para los fondos europeos. En la negociación de los ERTE -en la que se tiene que anunciar un acuerdo de aquí al jueves- la situación es muy tensa, y eso que era la que partía con un mayor acuerdo.

En este contexto, fuentes empresariales aseguran que es muy posible que no se firme un acuerdo con Díaz antes de enero para la reforma laboral. Y si el Gobierno no logra sumar a los empresarios a su propuesta, tampoco será posible el respaldo del Congreso. 

El PNV y Ciudadanos no apoyarán una reforma que tenga la frontal oposición del mundo de la empresa. Y los socios independentistas catalanes, pendientes ahora también de Puigdemont, son cada vez un socio menos fiable para el Gobierno de Sánchez, que incluso duda de ellos para la negociación de los Presupuestos.

Además, en el tema laboral, Bruselas quiere que la CEOE esté en la foto porque lo que demanda a España es una mayor flexibilidad que, entre otros, reduzca la temporalidad.

Hahn es austriaco y, por tanto, viene de un país frugal. Por tanto, conoce bien el rigor que los países más reacios a Next Generation van a exigir a todos los países para desembolsar los fondos europeos. 

España quiso llegar la primera y fue rápida en presentar un Plan de Recuperación bien armado a la Comisión. Además, hay otros países que también están sufriendo retrasos en la ejecución de proyectos. Pero no por eso está garantizado que se vaya a poder ejecutar todo lo que no cumpla en tiempo y forma. 

El Gobierno tiene aire porque, de las 40 reformas que presentó en el Plan que aprobó Bruselas, muchas ya se habían aprobado (incluso antes de que la Comisión diera el visto bueno definitivo a la propuesta española). Entre ellas, figuran la ley del teletrabajo, la llamada ley de Riders o la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A esas 40 reformas se suman 10 hitos de inversiones que hay que cumplir de aquí a diciembre. Y en este punto, sorprende que la Mesa del Congreso siga sin tramitar el Decreto 36/2020 imprescindible para modernizar la Administración Pública y regular la gestión de las ayudas.

Un retraso que se atribuye a la propia Meritxell Batet, puesto que el Ejecutivo teme enfrentarse a algunas enmiendas que podrían alterar los planes de la Moncloa en el reparto de los fondos.

Con este panorama, el comisario volvió a Bruselas probablemente sorprendido de que la polarización política pueda llegar a ser motivo para que España pierda el tren de Next Generation.

Y para colmo, el jueves y viernes comprobó en la prensa que los datos macroeconómicos que había manejado en sus reuniones eran incorrectos por el resbalón sin precedente del INE con sus estadísticas sobre la evolución del PIB. Igual tienen razón los halcones europeos y es verdad que no tenemos remedio. 

ATENTOS A...

Rebuild 2021, el evento inmobiliario que ha apadrinado el CEO de Aedas, David Martínez, puso en orden las demandas del sector para los fondos europeos mucho más allá de los programas de rehabilitación que está activando el Gobierno español.

La industrialización ha llegado para revolucionar la construcción y la falta de proveedores que permitan dotar a las promotoras de los materiales necesarios para abandonar definitivamente el ladrillo está retrasando su desarrollo.

En este contexto, Rebuild puso de manifiesto cómo las plantas de nuevos sistemas y materiales constructivos repartidas por Extremadura, Castellón, Cuenca o Galicia, entre muchos otros puntos, son un factor de cohesión territorial. Además, su propuesta es más respetuosa con el medio ambiente y con el empleo de calidad, dado que abandona el modelo de las obras tradicionales por otro en el que se necesita personal más cualificado para los montajes.

La ministra de Fomento, Raquel Sánchez, debería tomar nota e impulsar con más ímpetu a este sector que está a la espera de PERTEs ambiciosos.